La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha rechazado que la reforma de la Constitución que han consensuado PSOE y PP se haya acometido "por sorpresa, de forma precipitada, en periodo estival y con negociaciones opacas solo participadas por las cúpulas de dos partidos".
"Los textos constitucionales no son simples leyes que configuren opciones económicas coyunturales. Son el fundamento y motivo de la conformación de un grupo humano como sociedad democrática en la que es la ciudadanía la que se dota de unas normas de juego básicas rectoras de la vida en común y dentro de las que deben pugnar las distintas propuestas y opciones políticas", recuerda JpD.
El colectivo de jueces, que interpreta esta modificación con "el objetivo último de contentar los intereses concretos de quienes se esconden detrás de los supuestos mercados", señala que los partidos mayoritarios ostentan "legitimidad democrática para lo que han resultado elegidos pero no pueden arrogarse la totalidad de la voluntad de quienes votaron". "Representar no es sustituir completamente la voluntad de quien es representado", advierte.
En esta línea, critica que los dos partidos mayoritarios no hayan dado a conocer "los motivos concretos de la reforma" y que ni siquiera se haya respetado a las Cortes Generales como "lugar de debate, imponiendo a las mismas el voto disciplinado a ciegas de las opciones".
"SUPLANTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL"
La asociación también critica que la reforma de la Constitución sea "regular aspectos concretos de la organización política o económica", ya que, a su entender, su función es la de "fundamentar esa propia organización y ser la fuente y el límite de futuras decisiones".
En este sentido, JpD señala que, aunque los partidos políticos son "instituciones políticas fundamentales de representación democrática", no pueden "suplantar la totalidad de la participación social".
"Los debates públicos en los que participan múltiples agentes sociales son los que permiten construir consensos y hablar de ciudadanía y no de súbditos", afirma el colectivo de jueces antes de añadir que los "debates de calado precisan de tiempo para escuchar las voces diversas, sopesar sus aportaciones y decidir de una forma libre y consciente".
De igual manera, defiende la necesidad de que la democracia se encargue de "reconquistar la economía". "Cuando hace unos años estalló la actual crisis financiera, muchas voces autorizadas hablaron de la necesidad de revisar las decisiones de desregulación económica y liberalización de unos mercados instalados en la impunidad del derroche y la ganancia privada desmedida", señala.
En consecuencia, JpD rechaza que "se banalice el valor y significado de la Constitución, que se juegue con ella a espaldas de la ciudadanía suplantando a los propios representantes políticos, y se nos pretenda imponer como única opción posible una determinada orientación de política económica".
