La asociación Jueces para la Democracia ha reclamado a la Administración que ponga en marcha un plan "programado, sistemático y financiado públicamente" que agilice la localización de las fosas donde permanecen enterradas las personas que fueron asesinadas durante la Guerra Civil y el franquismo.
Jueces para la Democracia entiende además que "deben declararse expresamente nulas" todas las sentencias que fueron dictadas por tribunales "que de tales sólo tenían el nombre" para reponer "formalmente" el nombre de las personas que fueron "injustamente condenadas" pues "moralmente hace años que la sociedad ha condenado al régimen franquista y anulado las condenas que dictó".
"Con las víctimas de la dictadura tenemos una deuda, en tanto que son depositarias de nuestra memoria y expresión de nuestra dignidad colectiva"
A su juicio, la Ley de la Memoria Histórica se ha demostrado "ineficaz por insuficiente" en lo que se refiere a derechos y medidas a favor de los represaliados. "La verdadera recuperación de la memoria mancillada reclama de todos los poderes públicos un compromiso activo con nuestro pasado, una mirada sin ira pero sin olvidos, la atención a lo que ya es patrimonio de toda la sociedad, la tutela de las víctimas en lo que aún sea posible y la comprensión de lo que sucedió sin oscuras excusas", ha añadido en un comunicado.
"Son exigibles políticas y actuaciones mucho más eficaces y mucho más sensibles que las que nos han dado en los últimos años, superando el mero simbolismo de algunas actuaciones y abarcando conjuntamente un problema que es de toda la Sociedad", indica.
ABSOLUCIÓN DE GARZÓN
Resalta que el "problema" de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo y el "recuerdo institucional de los asesinatos" no podía ser resuelto por la sentencia del Tribunal Supremo que ha absuelto a Garzón del delito de prevaricación del que se le acusaba por investigar los crímenes de la dictadura.
Concluye que el Supremo ha entendido que "no toda resolución fundada en una interpretación disidente de la mayoritaria, ni toda resolución judicial no ajustada a derecho, comporta necesariamente la comisión de un delito de prevaricación".
"La imposibilidad de reclamar individuales responsabilidades penales no puede ser excusa para obviar responsabilidades colectivas que debemos asumir como sociedad democrática. Nada puede justificar que los poderes públicos y los agentes sociales que tienen la obligación de ayudar a recuperar la dignidad de las víctimas miren a otro lado", finaliza.
