nuevatribuna.es
21 de julio de 2009, 16:01
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. - 21.07.2009
El Grupo de Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds presentó este martes en el Congreso un ambicioso proyecto de ley de fiscalidad ambiental junto con las organizaciones WWWF España, Ecologistas en Acción, Greenpeace y el sindicato Comisiones Obreras. El objetivo es acometer cambios en el actual marco normativo fiscal introduciendo criterios ambientales en impuestos existentes, creando nuevos impuestos y acometiendo ciertas reformas en las haciendas locales.
Es, como dijo Joan Herrera “toda una declaración de intenciones” en línea con el cambio de modelo productivo que quiere impulsar el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la anunciada ‘ley de sostenibilidad’.
"QUIEN CONTAMINA, PAGA"
En rueda de prensa, el diputado de ICV advirtió que el apoyo de su grupo a los Presupuestos Generales del Estado de 2010 estará condicionado a un compromiso en firme por parte del PSOE para poner en marcha una verdadera fiscalidad ambiental bajo el principio -introducido en la Unión Europea pero apenas considerado en las políticas ambientales de los Estados miembros- de que “quien contamina paga”.
“Apostamos por lo verde, por una economía robusta y más sostenible”, dijo, y destacó que el momento es “trascendente” porque “nunca hasta ahora el Gobierno se había comprometido con el cambio de modelo”. A su juicio, la fiscalidad ambiental “significa la modernidad” del país e incidirá positivamente en cambiar las pautas de comportamiento. “No se trata de pagar más sino de pagar diferente”, aseguró.
IMPUESTOS ESTATALES
El anteproyecto de ley es muy amplio y complejo, con casi 50 páginas de articulado. La normativa no tiene la intención de incrementar la recaudación, sino actuar sobre las vías por las que se obtiene, favoreciendo una economía más sostenible. Aunque en algunos casos aumenta la recaudación (hidrocarburos, energía nuclear, vertido e incineración, bolsas de plástico, pernocta, cambio de uso del suelo, tasas de residuos...), en otros la disminuye (impuesto de sociedades, IAE, IRPF...).
Entre los nuevos impuestos estatales que se crearían destacan el de la energía nuclear y sobre la basura radiactiva, que supondría el 5% del precio medio de la electricidad. La recaudación se destinaría a un fondo para el desarrollo alternativo de las zonas donde se ubican las centrales. Andalucía y Castilla La Mancha son las dos únicas comunidades autónomas que gravan la energía nuclear.
También se crearía un nuevo impuesto sobre el vertido y la incineración de residuos, cuyos ingresos se cederían a las CC AA; y otro sobre las bolsas de plástico que podría oscilar entre los 20 céntimos de euro para las no degradables y 10 céntimos para las que sí lo son. La ley incluye además un impuesto sobre el uso del suelo para desincentivar la urbanización excesiva; y otro para las sustancias tóxicas susceptibles de ocasionar graves enfermedades como el cáncer.
GRAVAR LAS EMBARCACIONES DE RECREO
La ley contempla además algunas modificaciones de la legislación actual como gravar las embarcaciones de recreo o eliminar las exenciones que hasta ahora tiene el sector de la aviación. Los ecologistas destacan que el avión es el medio de transporte que más contamina y el que más beneficios fiscales tiene.
La propuesta incluye ‘premiar’ a las empresas que ahorren agua y energía; la deducción del IRPF por adquisición de abonos de transporte público; y aplicar en el sector aéreo el tipo normal del IVA pero reducirlo cuando se trate de rehabilitaciones y viviendas protegidas.
MAYORES INGRESOS PARA LOS AYUNTAMIENTOS
Sobre los impuestos que recaudan los ayuntamientos, IU-ICV propone “definirlos con criterios ambientales”, como modular el impuesto de circulación en función de las emisiones de CO2, entre otros cambios, con el objetivo –señaló Herrera- de dar estabilidad a los mermados ingresos de las haciendas locales.
Por su parte, el secretario de medio ambiente de CCOO, Llorenç Serrano, puso también el acento en la necesidad de abordar un cambio del modelo de desarrollo pero con una fuerte componente ambiental. “La política fiscal debe servir para cambiar pautas y formas de consumo” , dijo y calificó el proyecto de ley de “justo y equitativo”.
Y es que, según reza en la exposición de motivos del anteproyecto de ley, ésta “no tiene como efecto un incremento global de la recaudación. Lo que se persigue no es “incidir sobre la recaudación total obtenida, sino sobre las vías por las que se obtiene dicha recaudación, favoreciendo una economía más sostenible”.
El Grupo de Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds presentó este martes en el Congreso un ambicioso proyecto de ley de fiscalidad ambiental junto con las organizaciones WWWF España, Ecologistas en Acción, Greenpeace y el sindicato Comisiones Obreras. El objetivo es acometer cambios en el actual marco normativo fiscal introduciendo criterios ambientales en impuestos existentes, creando nuevos impuestos y acometiendo ciertas reformas en las haciendas locales.
Es, como dijo Joan Herrera “toda una declaración de intenciones” en línea con el cambio de modelo productivo que quiere impulsar el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la anunciada ‘ley de sostenibilidad’.
"QUIEN CONTAMINA, PAGA"
En rueda de prensa, el diputado de ICV advirtió que el apoyo de su grupo a los Presupuestos Generales del Estado de 2010 estará condicionado a un compromiso en firme por parte del PSOE para poner en marcha una verdadera fiscalidad ambiental bajo el principio -introducido en la Unión Europea pero apenas considerado en las políticas ambientales de los Estados miembros- de que “quien contamina paga”.
“Apostamos por lo verde, por una economía robusta y más sostenible”, dijo, y destacó que el momento es “trascendente” porque “nunca hasta ahora el Gobierno se había comprometido con el cambio de modelo”. A su juicio, la fiscalidad ambiental “significa la modernidad” del país e incidirá positivamente en cambiar las pautas de comportamiento. “No se trata de pagar más sino de pagar diferente”, aseguró.
IMPUESTOS ESTATALES
El anteproyecto de ley es muy amplio y complejo, con casi 50 páginas de articulado. La normativa no tiene la intención de incrementar la recaudación, sino actuar sobre las vías por las que se obtiene, favoreciendo una economía más sostenible. Aunque en algunos casos aumenta la recaudación (hidrocarburos, energía nuclear, vertido e incineración, bolsas de plástico, pernocta, cambio de uso del suelo, tasas de residuos...), en otros la disminuye (impuesto de sociedades, IAE, IRPF...).
Entre los nuevos impuestos estatales que se crearían destacan el de la energía nuclear y sobre la basura radiactiva, que supondría el 5% del precio medio de la electricidad. La recaudación se destinaría a un fondo para el desarrollo alternativo de las zonas donde se ubican las centrales. Andalucía y Castilla La Mancha son las dos únicas comunidades autónomas que gravan la energía nuclear.
También se crearía un nuevo impuesto sobre el vertido y la incineración de residuos, cuyos ingresos se cederían a las CC AA; y otro sobre las bolsas de plástico que podría oscilar entre los 20 céntimos de euro para las no degradables y 10 céntimos para las que sí lo son. La ley incluye además un impuesto sobre el uso del suelo para desincentivar la urbanización excesiva; y otro para las sustancias tóxicas susceptibles de ocasionar graves enfermedades como el cáncer.
GRAVAR LAS EMBARCACIONES DE RECREO
La ley contempla además algunas modificaciones de la legislación actual como gravar las embarcaciones de recreo o eliminar las exenciones que hasta ahora tiene el sector de la aviación. Los ecologistas destacan que el avión es el medio de transporte que más contamina y el que más beneficios fiscales tiene.
La propuesta incluye ‘premiar’ a las empresas que ahorren agua y energía; la deducción del IRPF por adquisición de abonos de transporte público; y aplicar en el sector aéreo el tipo normal del IVA pero reducirlo cuando se trate de rehabilitaciones y viviendas protegidas.
MAYORES INGRESOS PARA LOS AYUNTAMIENTOS
Sobre los impuestos que recaudan los ayuntamientos, IU-ICV propone “definirlos con criterios ambientales”, como modular el impuesto de circulación en función de las emisiones de CO2, entre otros cambios, con el objetivo –señaló Herrera- de dar estabilidad a los mermados ingresos de las haciendas locales.
Por su parte, el secretario de medio ambiente de CCOO, Llorenç Serrano, puso también el acento en la necesidad de abordar un cambio del modelo de desarrollo pero con una fuerte componente ambiental. “La política fiscal debe servir para cambiar pautas y formas de consumo” , dijo y calificó el proyecto de ley de “justo y equitativo”.
Y es que, según reza en la exposición de motivos del anteproyecto de ley, ésta “no tiene como efecto un incremento global de la recaudación. Lo que se persigue no es “incidir sobre la recaudación total obtenida, sino sobre las vías por las que se obtiene dicha recaudación, favoreciendo una economía más sostenible”.
