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5 de abril de 2009, 12:22
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 3.4.2009
Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds quieren que el Congreso inste al Gobierno a dar cumplimiento en un plazo de seis meses a todos los preceptos de la conocida como Ley de Memoria Histórica, incluido el que establece la retirada de los símbolos franquistas. También defiende que el Ejecutivo haga uso de la facultad que le concede la norma para no conceder subvenciones a aquellas instituciones o propietarios privados que mantengan este tipo de simbología, incluida la Iglesia Católica.
UN PLAZO DE SEIS MESES
En rueda de prensa en el Congreso, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, explicó que su formación intenta con esta iniciativa que el Gobierno reactive la aplicación de una ley que ahora mismo mantiene "congelada". De hecho, señaló que ya están negociando con el Ejecutivo con la intención de que se puedan aprobar al menos la mitad de las demandas que conforman la moción, con las que persiguen que el Ejecutivo dé cumplimiento completo a la ley en un plazo de seis meses.
En concreto, Llamazares confía en poder sacar adelante los puntos relativos a la creación de un mapa de fosas y otro de obras realizadas mediante trabajos forzados, a la retirada de los símbolos franquistas y a la agrupación, en el Centro Documental de la Memoria Histórica, de los fondos documentales relativos a la Guerra y la Dictadura.
PROPUESTAS DE MÁXIMOS
Pero IU e ICV también han incluido en la moción las reivindicaciones que van más allá de la norma, aunque asumen que no serán aprobadas. El propio Caamaño ya dejó claro el martes en el Congreso que el Ejecutivo no superará lo previsto en la norma.
Entre otras cosas, reclaman la creación de una Fiscalía y un Alto Comisionado especiales para las víctimas de la contienda y la dictadura, que el Ministerio Público promueva la anulación de las sentencias dictadas de forma ilegítima por tribunales franquistas, y que se subvencione la localización, exhumación e identificación de las víctimas cuyos cuerpos siguen desaparecidos.
Llamazares también asume como complicado que el Ejecutivo dé el paso de retirar subvenciones a las entidades que no retiren los símbolos franquistas e insistió en que ya "se vio la mano de la Jerarquía eclesiástica" cuando, durante la negociación de la ley en 2007, a "última hora" se incluyó una enmienda para salvar estos símbolos siguiendo criterios artísticos.
Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds quieren que el Congreso inste al Gobierno a dar cumplimiento en un plazo de seis meses a todos los preceptos de la conocida como Ley de Memoria Histórica, incluido el que establece la retirada de los símbolos franquistas. También defiende que el Ejecutivo haga uso de la facultad que le concede la norma para no conceder subvenciones a aquellas instituciones o propietarios privados que mantengan este tipo de simbología, incluida la Iglesia Católica.
UN PLAZO DE SEIS MESES
En rueda de prensa en el Congreso, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, explicó que su formación intenta con esta iniciativa que el Gobierno reactive la aplicación de una ley que ahora mismo mantiene "congelada". De hecho, señaló que ya están negociando con el Ejecutivo con la intención de que se puedan aprobar al menos la mitad de las demandas que conforman la moción, con las que persiguen que el Ejecutivo dé cumplimiento completo a la ley en un plazo de seis meses.
En concreto, Llamazares confía en poder sacar adelante los puntos relativos a la creación de un mapa de fosas y otro de obras realizadas mediante trabajos forzados, a la retirada de los símbolos franquistas y a la agrupación, en el Centro Documental de la Memoria Histórica, de los fondos documentales relativos a la Guerra y la Dictadura.
PROPUESTAS DE MÁXIMOS
Pero IU e ICV también han incluido en la moción las reivindicaciones que van más allá de la norma, aunque asumen que no serán aprobadas. El propio Caamaño ya dejó claro el martes en el Congreso que el Ejecutivo no superará lo previsto en la norma.
Entre otras cosas, reclaman la creación de una Fiscalía y un Alto Comisionado especiales para las víctimas de la contienda y la dictadura, que el Ministerio Público promueva la anulación de las sentencias dictadas de forma ilegítima por tribunales franquistas, y que se subvencione la localización, exhumación e identificación de las víctimas cuyos cuerpos siguen desaparecidos.
Llamazares también asume como complicado que el Ejecutivo dé el paso de retirar subvenciones a las entidades que no retiren los símbolos franquistas e insistió en que ya "se vio la mano de la Jerarquía eclesiástica" cuando, durante la negociación de la ley en 2007, a "última hora" se incluyó una enmienda para salvar estos símbolos siguiendo criterios artísticos.
