Tras décadas de amplio consenso narrativo sobre la Transición, que presentaba el paso de la dictadura a la democracia en nuestro país como una “historia de éxito”, las fracturas acumuladas durante la crisis de 2008-2015 (económica, social, política y territorial) generaron la aparición de corrientes revisionistas y construcciones discursivas que no sólo impugnan el relato mayoritario sino que intentan deslegitimar retrospectivamente aquél proceso histórico, proyectando sobre el pasado los problemas y frustraciones posteriores.
Investigaciones históricas y sociológicas solventes habían desmontado ya las versiones más complacientes de la Transición que enfatizaban de forma acrítica, su dimensión reformista e institucional, presentándola en unos casos como la continuación natural del “proceso modernizador” del franquismo y, en otros, como resultado de un diseño palaciego dirigido por el Rey y gestionado por una minoría, al tiempo que ponían de manifiesto la decisiva intervención de la sociedad civil y, especialmente, del movimiento obrero y sindical.
Igualmente insostenibles resultan, en mi opinión, las lecturas hipercríticas, de matriz populista, que califican despectivamente al sistema constitucional resultante de la Transición como ”régimen del 78”, producto de una simple “transacción entre élites” (sic) y creador de una “democracia de mala calidad”, incurriendo en la paradoja de reforzar así el discurso de quienes pretendieron en su momento imponer sin éxito un modelo continuista, mientras que se ignora, cuando no se desprecia, la memoria y la historia de tantas gentes anónimas que contribuyeron al cambio democrático.
La tesis que compartimos define y reivindica la Transición como una obra coral, que ni fue diseñada por ningún oscuro leguleyo ni resultó obra exclusiva de unos pocos sino del trabajo y la ilusión de muchos que lucharon contra el continuismo reformista, forzaron los límites de la reforma y pugnaron por la ruptura con el (aquél sí) “régimen” franquista, contribuyendo a la configuración de un nuevo sistema democrático, perfectamente homologable a los del entorno europeo, que con sus aciertos y errores, límites y contradicciones, ha hecho posible la mayor y mejor etapa de libertad y progreso de nuestro país, como una conquista colectiva de la sociedad en la que radica, ahora como entonces, la posibilidad de cambio y transformación.
Participación del movimiento sindical en la lucha contra la dictadura
En este marco se sitúa el presente texto con el objetivo de analizar la participación del movimiento sindical en la lucha contra la dictadura y la conquista de la democracia, su reconstrucción organizativa, estrategias de movilización y convergencia con la oposición política; factores todos ellos que habrían de resultar decisivos para desbaratar las maniobras continuistas, conquistar las libertades y desarrollar un nuevo sistema de relaciones laborales.
El período de referencia ha sido también objeto de polémica entre historiadores y sociólogos por cuanto si bien hay acuerdo en que la transición política se inicia con la muerte del dictador, aunque sus antecedentes pueden rastrearse desde mucho antes, no lo hay tanto a la hora de establecer el momento de su cierre, que algunos fijan en 1978 (referéndum constitucional) y otros en 1981, tras la derrota de la intentona golpista e, incluso, en 1982 (victoria electoral del PSOE).
En mi opinión, el estudio de la transición sindical obliga a ampliar dicho período hasta bien avanzada la década de los ochenta, por cuanto la codificación normativa (LOLS) y la práctica de las relaciones laborales (concertación social, reconversión industrial) resultó más costosa y tardía que la registrada en el ámbito político.
Así pues, analizaremos seguidamente el proceso de reconstrucción del movimiento obrero, tratando de identificar sus principales pautas constitutivas y debates estratégicos, para evaluar posteriormente el impacto de su intervención en la fase central de la transición y en la configuración del nuevo sistema de relaciones laborales.
La reconstrucción del movimiento obrero
Cualquier estudio sobre la evolución histórica de la clase obrera y del movimiento sindical en nuestro país requiere, para su adecuada contextualización, de una referencia previa al impacto de la derrota de la IIª República y la implantación de una dictadura que habría de prolongarse durante cuarenta largos años en los que el franquismo desplegó un potente aparato de represión y control de los trabajadores, en las esferas económica, laboral y política, que desarticuló su resistencia y retrasó su reconstrucción orgánica, pese a puntuales y heroicos episodios de protesta, como la del 1 de mayo de 1947 en Vizcaya, el boicot a los tranvías de Barcelona en 1951 o la huelga de Euskalduna en 1953.
Tras dos décadas de dictadura, durante las que se sumió al país en una larga noche de represión política, explotación social y retraso productivo, el franquismo se vio forzado a dar un giro “liberalizador” en su estrategia económica (Plan de Estabilización de 1959) y de gestión laboral (Ley de Convenios Colectivos de 1958), normas ambas que, sin renunciar al autoritarismo original, permitieron superar el fracaso del modelo autárquico e impulsar una nueva fase de desarrollo productivo que implicaba, entre otros cambios, la introducción de algunos elementos propios de la política empresarial neoclásica que colisionaban con la teorización unitarista del verticalismo falangista, abriendo paso a una tímida bilateralidad en el plano de las relaciones laborales, que pronto habría de ser hábilmente utilizada por los núcleos fundacionales del nuevo movimiento obrero, en la medida en que la negociación colectiva abrió una brecha, inexistente hasta entonces, que posibilitaba el conflicto, mientras que las “elecciones sindicales” permitían acumular recursos organizativos.
El inicio del ciclo desarrollista coincide con una serie de profundos cambios sociodemográficos en el mundo del trabajo, al que se incorpora la primera generación que no había participado en la guerra, tras importantes flujos migratorios del campo a la ciudad, con nuevas demandas salariales, de accesos a vivienda y bienes de consumo, etc, y que será la que protagonice el despertar de una nueva conflictividad obrera durante la década de los sesenta, cuyo inicio simbólico podemos situar en las huelgas de 1962 en Asturias y el movimiento de solidaridad que convocaron.
Estrategia entrista
Es en este contexto en el que cabe situar la emergencia de un nuevo sindicalismo de carácter asambleario, estructuras flexibles en los centros de trabajo, estrategia instrumental, orientación unitaria y proyección socio-política, conocido genéricamente como el movimiento de las comisiones obreras que pronto alcanzará una amplia difusión mediante la utilización, a partir de 1966, de las instancias representativas de base del corporativismo oficial (enlaces y jurados de empresa) y su articulación con la propia organización clandestina, especialmente tras la sentencia del Tribunal Supremo que en febrero de 1967 las declaraba “ilegales”.
Dicha estrategia entrista, rechazada por los sindicatos tradicionales (UGT, CNT), permitirá a CC.OO. y, en menor medida, a USO, el desarrollo de amplias redes de coordinación y participación en la negociación colectiva y la movilización social, combinando las reivindicaciones laborales con demandas políticas más o menos explícitas, y generando un ciclo de protestas que seguirá un ritmo creciente hasta el final de la dictadura.
Entre 1963 y 1973 se registraron, según datos oficiales, una media de 786 huelgas, con la participación de 232.800 trabajadores y un total de 681.500 jornadas no trabajadas por año. Pese a las restricciones impuestas por la dictadura, dicha oleada de huelgas se caracterizó por la aparición de nuevos actores (representantes electos, comisiones de trabajadores), sectores (junto a los tradicionales de la industria y la construcción se incorporaron profesionales bancarios, docentes, de la sanidad pública…) y formas de acción (asambleas, coordinadoras) vinculadas a la negociación de los convenios colectivos.
La evaluación del impacto de dichas huelgas fue objeto de un interesante debate historiográfico según se apuntara a estrategias previas de creciente politización o consecuencias ex post de las mismas, pues si bien la mayor parte de tales conflictos se centraba, fundamentalmente, en demandas laborales, su práctica y expansión constituían, de hecho, un desafío al régimen y cuestionaban su legitimidad, poniendo de manifiesto su carácter anti-obrero y represivo, como se demostró dramáticamente en las huelgas de la construcción de Granada (julio de 1970) y de la construcción naval en Ferrol (marzo de 1972), en las que fueron asesinados varios trabajadores.
Tribunal del Orden Público
La represión contra el movimiento sindical y la oposición democrática se había institucionalizado a partir de 1963 con la creación del Tribunal de Orden Público (TOP) que, en sus trece años de actividad, incoó un total de 22.600 procedimientos que afectaron a 53.500 personas.
De forma paralela y complementaria a la represión policial y judicial se ejercía otra de carácter empresarial sobre los representantes elegidos por los trabajadores, de los que un diez por cien, aproximadamente eran destituidos/despedidos cada año.
Las detenciones en febrero de 1972 del Secretariado de USO y en junio de la Coordinadora General de CC.OO., representan el punto más álgido de un ciclo represivo que se había iniciado dos años antes con el estado de excepción declarado con motivo del Juicio de Burgos, dejando prácticamente descabezadas a las dos principales organizaciones sindicales de la época, lo que junto al impacto de la crisis económica que estallaría al año siguiente, provocó un relativo estancamiento de la protesta obrera, iniciándose a partir de entonces una trabajosa recomposición desde la base en la que desempeñaron un papel fundamental los despachos laboralistas, en funciones tanto de asesoría legal como de espacios de encuentro y coordinación del nuevo movimiento sindical.
Pere J. Beneyto. Presidente de la Fundación de Estudios de CC.OO.-PV (FEIS)
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