nuevatribuna.es
14 de enero de 2010, 12:04
NUEVATRIBUNA.ES - 13.1.2010
La indiferencia de la jerarquía católica y del Gobierno ante la polvareda levantada por la incitación a la violencia de género del arzobispo de Granada ha reabierto el debate sobre el papel de la Iglesia en un estado aconfesional como es el español y su situación privilegiada respecto a otras confesiones. Tampco ha ayudado a desactivar la polémica la pasividad demostrada por el ministerio del ramo, el de Igualdad, que ante los requerimientos para que instara al fiscal a actuar contra el arzobispo contestó:"Desde el Gobierno no se interfiere en la labor pastoral de la Iglesia Católica que puede emitir sus opiniones libremente en el ámbito de sus feligreses".
Las ventajas de las que goza la iglesia católica se cuantifican en los más de 5.000 millones de euros que recibe anualmente de la Administración Central, junto con las autonómicas y locales, cantidad de la que sólo 150 millones proceden de la declaración de la renta, una cuota fija que desaparecerá en este ejercicio. Es decir que, a pesar de la aconfesionalidad consagrada en la Constitución, el Estado financia las actividades de esta iglesia que, a cambio, pretende seguir marcando el paso de la política como lo hacía en los años 70, cuando se firmaron los acuerdos entre el Vaticano y el Estado español. Y lo hace prodigándose en críticas y descalificaciones hacia las leyes aprobadas por el Parlamento democráticamente elegido por los ciudadanos, ya sea desde una sala de prensa o encaramándose a los púlpitos.
Ejemplos hay muchos pero el más claro y alarmante es el del arzobispo de Granada, Javier Martínez, que en una homilía dominical se permitió incitar a los abusos contra las mujeres que abortaran. Y no son pocos los ciudadanos que piensan que esta declaración trasciende al ámbito de la labor pastoral inherente a un sacerdote y que piden que responda por ello ante la Justicia. Concretamente, ya son 24.000 los que en el plazo de una semana se han adherido a la plataforma de Facebook "Que la Justicia actúe contra el Arzobispo de Granada". Y, entre ellos, se cuentan numerosos católicos, contrariamente a lo que dicen los defensores del arzobispo que atribuyen esta campaña a otro tipo de intereses. Para comprobarlo, basta con visitar la plataforma.
Algunos de estos creyentes escandalizados ante las palabras de monseñor se han dirigido a la Conferencia Episcopal en estos términos: Somos muchos los que creemos que dicha frase equivale a incitar a la violencia contra las mujeres que han abortado. Por ello, simplemente como ciudadano español me gustaría saber si legalmente esas declaraciones tan graves que no toleraríamos a los representantes de otras religiones y/o grupos políticos en nuestro país, pudieran ser constitutivas de delito. Y como creyente miembro de las comunidades cristianas populares (CCP) del estado español, le invito a que conmine a su hermano en el episcopado a rectificar semejante barbaridad y tranquilice a esa gran mayoría de Obispos de la conferencia que Ud. preside porque los tiempos del nacional catolicismo ya pasaron y afortunadamente no volverán ni aunque llegaran a vivir mas años que Matusalén.
Al hilo de esta plataforma, se ha abierto un foro, "Yo soy de Granada y no me gusta nada lo del arzobispo" para recoger más opiniones sobre el mismo asunto.
Por cierto, que bastantes post se preguntan por la presunta rectificación del arzobispo, que sí se produjo, aunque en unos términos más que discutibles. Javier Martínez se escuda en que sus palabras fueron "malinterpretadas", lo que habría sido un complicado ejercicio de retorcimiento si tenemos en cuenta que el texto íntegro de la homilía circula por Internet a disposición de todo el que quiera consultarlo. Aún así, más de un optimista ha acogido la rectificación como una buena noticia. Lo podemos leer en la plataforma: Los que estamos aquí estamos contra el maltrato a la mujer, como decía anoche, debemos felicitarnos, porque al unirnos, por depronto, hemos conseguido que alguien que decía: “el varón tiene autoridad absolúta para abusar de la mujer” se haya visto obligado a decir que: “el maltrato a la mujer no está justificado en ningún caso” y eso se merece un ¡Hurra!...
Que una condena de la violencia contra las mujeres merezca un 'hurra' por venir de quien procede, sí que es una noticia que debería mover a la reflexión al arzobispo, a la iglesia a la que pertenece, y a todos los que han salido en su defensa.
La indiferencia de la jerarquía católica y del Gobierno ante la polvareda levantada por la incitación a la violencia de género del arzobispo de Granada ha reabierto el debate sobre el papel de la Iglesia en un estado aconfesional como es el español y su situación privilegiada respecto a otras confesiones. Tampco ha ayudado a desactivar la polémica la pasividad demostrada por el ministerio del ramo, el de Igualdad, que ante los requerimientos para que instara al fiscal a actuar contra el arzobispo contestó:"Desde el Gobierno no se interfiere en la labor pastoral de la Iglesia Católica que puede emitir sus opiniones libremente en el ámbito de sus feligreses".
Las ventajas de las que goza la iglesia católica se cuantifican en los más de 5.000 millones de euros que recibe anualmente de la Administración Central, junto con las autonómicas y locales, cantidad de la que sólo 150 millones proceden de la declaración de la renta, una cuota fija que desaparecerá en este ejercicio. Es decir que, a pesar de la aconfesionalidad consagrada en la Constitución, el Estado financia las actividades de esta iglesia que, a cambio, pretende seguir marcando el paso de la política como lo hacía en los años 70, cuando se firmaron los acuerdos entre el Vaticano y el Estado español. Y lo hace prodigándose en críticas y descalificaciones hacia las leyes aprobadas por el Parlamento democráticamente elegido por los ciudadanos, ya sea desde una sala de prensa o encaramándose a los púlpitos.
Ejemplos hay muchos pero el más claro y alarmante es el del arzobispo de Granada, Javier Martínez, que en una homilía dominical se permitió incitar a los abusos contra las mujeres que abortaran. Y no son pocos los ciudadanos que piensan que esta declaración trasciende al ámbito de la labor pastoral inherente a un sacerdote y que piden que responda por ello ante la Justicia. Concretamente, ya son 24.000 los que en el plazo de una semana se han adherido a la plataforma de Facebook "Que la Justicia actúe contra el Arzobispo de Granada". Y, entre ellos, se cuentan numerosos católicos, contrariamente a lo que dicen los defensores del arzobispo que atribuyen esta campaña a otro tipo de intereses. Para comprobarlo, basta con visitar la plataforma.
Algunos de estos creyentes escandalizados ante las palabras de monseñor se han dirigido a la Conferencia Episcopal en estos términos: Somos muchos los que creemos que dicha frase equivale a incitar a la violencia contra las mujeres que han abortado. Por ello, simplemente como ciudadano español me gustaría saber si legalmente esas declaraciones tan graves que no toleraríamos a los representantes de otras religiones y/o grupos políticos en nuestro país, pudieran ser constitutivas de delito. Y como creyente miembro de las comunidades cristianas populares (CCP) del estado español, le invito a que conmine a su hermano en el episcopado a rectificar semejante barbaridad y tranquilice a esa gran mayoría de Obispos de la conferencia que Ud. preside porque los tiempos del nacional catolicismo ya pasaron y afortunadamente no volverán ni aunque llegaran a vivir mas años que Matusalén.
Al hilo de esta plataforma, se ha abierto un foro, "Yo soy de Granada y no me gusta nada lo del arzobispo" para recoger más opiniones sobre el mismo asunto.
Por cierto, que bastantes post se preguntan por la presunta rectificación del arzobispo, que sí se produjo, aunque en unos términos más que discutibles. Javier Martínez se escuda en que sus palabras fueron "malinterpretadas", lo que habría sido un complicado ejercicio de retorcimiento si tenemos en cuenta que el texto íntegro de la homilía circula por Internet a disposición de todo el que quiera consultarlo. Aún así, más de un optimista ha acogido la rectificación como una buena noticia. Lo podemos leer en la plataforma: Los que estamos aquí estamos contra el maltrato a la mujer, como decía anoche, debemos felicitarnos, porque al unirnos, por depronto, hemos conseguido que alguien que decía: “el varón tiene autoridad absolúta para abusar de la mujer” se haya visto obligado a decir que: “el maltrato a la mujer no está justificado en ningún caso” y eso se merece un ¡Hurra!...
Que una condena de la violencia contra las mujeres merezca un 'hurra' por venir de quien procede, sí que es una noticia que debería mover a la reflexión al arzobispo, a la iglesia a la que pertenece, y a todos los que han salido en su defensa.
