ANTE LA INACCIÓN DE JUNTA Y PODER JUDICIAL

Guadalajara sobrepasa los dos desahucios diarios

Desahucios por impago del alquiler, ejecuciones hipotecarias y procesos de usurpación son la tónica diaria en la provincia de Guadalajara.

Ni en Guadalajara ni en Castilla-La Mancha existen políticas encaminadas a garantizar el derecho a la vivienda

La cifra y el incremento son escalofriantes. Cada día en la provincia de Guadalajara, los juzgados de primera instancia ejecutan al menos un desahucio por impago del alquiler. Si el año pasado se ejecutaron 264 desahucios diarios por este motivo (0.74 por día), los dos primeros trimestres del año han dado como saldo la cifra de 0.95 lanzamientos diarios, esto es, casi uno por día derivado de situaciones que tienen que ver con la imposibilidad de las familias alcarreñas de hacer frente al pago del alquiler.

Pero la situación empeora al analizar los casos de ejecuciones hipotecarias. Si bien no siempre se trata de ejecuciones de familias, es muy relevante el dato. De los 288 desahucios por hipoteca durante todo el 2017, solo en los dos primeros trimestres de 2018 ya ha habido 195 lanzamientos por este motivo, esto es, una media de 1,05 desahucios por día en la provincia. Es decir, en Guadalajara se dan 2 desahucios por día por alquileres o hipotecas.

A falta de una estadística provincial, los datos que publican del año 2017 los registradores de la propiedad señalan un dato más que importante, y es que, por ejemplo, más del 15% de las compraventas de vivienda en Castilla-La Mancha, esto es, viviendas adquiridas por fondos de inversión, lo que viene a ser "fondos buitre" y que adquieren vivienda usada con fines netamente especulativos. Y decimos vivienda usada porque, según los registradores, el 82,63 % de las viviendas adquiridas son de segunda mano.

A esta cifra habría que sumar la de los desahucios realizados por la vía penal, los llamados 'procesos de usurpación'. Desde el año 2017 los desahucios derivados de este tipo de procesos no se desglosan en la estadística judicial. No obstante, vienen derivados de la falta de recursos económicos que empujan a las familias al acceso precario de la vivienda. La interpretación de estos datos nos lleva a la conclusión de que ni en Guadalajara ni en Castilla-La Mancha existen políticas encaminadas a garantizar el derecho a la vivienda, del mismo modo que ni el poder judicial ni las administraciones autonómica s parecen estar dispuestos a respetarlo. 

Naciones Unidas pide a la Junta que ofrezca alternativas a Safira Sánchez de los Reyes

En el mes de septiembre, Naciones Unidas admitió a trámite una denuncia realizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara en la que se instaba a España y al Juzgado de Primera Instancia nº1 de esta ciudad a que otorgara alternativa habitacional a Safira, o que en su defecto, paralizara el desahucio. La solicitud del comité supervisor del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (PIDESC) adoptaba esta decisión ante la inacción de la Junta de Castilla-La Mancha, quien ha sido requerida en reiteradas ocasiones a cumplir con sus obligaciones dado que el Reino de España es suscriptor de su Tratado constitutivo.

Ni el juzgado ni la Junta han acatado los términos de dicha comunicación a pesar de las circunstancias económicas de Safira, pensionista de la seguridad social con unos ingresos mensuales de 380 euros, y que como tantas otras familias no pueden acceder a una vivienda a precio de mercado.

El caso de Safira es un síntoma de cómo los bancos han sido los grandes beneficiarios de la política económica de este país. Safira recuperó una VPO que llevaba en el año 2014 al menos cinco años vacía. Había sido adquirida por Kutxabank en una ejecución hipotecaria, y a pesar de ser una VPO y de tener la obligación de ponerla en circulación a los valores máximos establecidos, decidió retenerla y mantenerla vacía hasta que transcurriera el período de protección. Una vez finalizado el plazo de exenciones fiscales, Kutxabank ha decidido denunciar a Safira para poder vender la vivienda a precio de mercado y continuar especulando con el derecho a techo.

Por todo esto, desde la PAH de Guadalajara han convocado a todos los grupos de vivienda y movimientos sociales el próximo día 22 de octubre de 2018, a las 9:00 en la C/Salvador Allende nº2 de Guadalajara a parar el desahucio de Safira.