Enrique Vega Fernández | Según nos informa la prensa local, el pasado día 12 del presente mes de febrero, la bahía de Algeciras sufrió un nuevo desastre ecológico, de los muchos que ya lleva acumulados. El mercante AM Ghent, de bandera liberiana y construcción reciente (2011), vertió a las aguas de la bahía una importante cantidad de combustible mientras “repostaba” por el procedimiento conocido como bunkering, es decir, directamente desde una gabarra abarloada al propio buque. Un procedimiento, que, aunque legal y altamente rentable por el tiempo y tasas portuarias que ahorra y por su coste, en general, más barato que los procedimientos tradicionales más seguros, es considerado por las organizaciones ecologistas como “de alto riesgo de vertidos en el mar”. Legal, pero prohibido por España en gran parte de las aguas de la bahía de Algeciras consideradas como Zona de Especial Protección.
Un auténtico problema de seguridad medioambiental, pero ¿solo medioambiental? Veamos cómo se desarrollaron los acontecimientos. La voz de alarma se da a la Capitanía del Puerto de Gibraltar, en cuyas proximidades se produce el accidente, a las 06:50, poniéndose enseguida en marcha por la misma los protocolos establecidos. Todos menos uno, el notificárselo a las autoridades españolas, a lo que están obligados por el Convenio internacional para prevenir la contaminación del medio marítimo por buques (MARPOL), el cual exige a todos sus firmantes (tanto España como el Reino Unido) el deber de informar de manera inmediata de todo incidente o accidente de este tipo a todos los países cuyas aguas o costas pudieran verse afectadas por él.
El vertido es detectado visualmente por medios de vigilancia españoles a las 08:55, sin que, hasta ese momento, se haya recibido la más mínima noticia de las autoridades gibraltareñas, activándose, en consecuencia, los protocolos españoles para combatir el derrame. El primer medio español en intentar acudir a la zona del siniestro, recuérdese, en aguas que España considera de jurisdicción propia, es el buque de Salvamento Marítimo Salvamar Denébola (21 metros de eslora). Pero cuando se está aproximando, la lancha semirrígida de la Royal Navy IB22 intercepta su camino con maniobras peligrosas, que la Salvamar Denébola intenta eludir, siendo persistente y peligrosamente acosada por la embarcación militar británica, a la que se ha unido la también embarcación militar británica patrullera HMS Pursuer, hasta verse obligada a “volver grupas”. El acoso y persecución durarán más de media hora entre las 09:00 y las 10:00.
Es durante este intervalo de tiempo, cuando entra en acción el buque español polivalente de Salvamento Marítimo Luz del Mar (56 metros de eslora), que había estado montando barreras de protección y medios para la recogida del vertido con brazos de recogida y tanques de almacenamiento, que dada su mayor envergadura y velocidad logra acercarse al limité hasta donde ha llegado la fuga.
Coincidiendo aproximadamente con estos momentos, el capitán marítimo del puerto de Algeciras lograr entrar en contacto con su homologo gibraltareño y con los mandos de la Royal Navy en Gibraltar y convencerlos para que cese la persecución y acoso a las embarcaciones españolas, que finalmente, aunque con retraso, consiguen colocar una barrera de contención del derrame desde el límite entre la ciudad de La Línea y la de Gibraltar, evitándose así, en el último momento, que el combustible alcance las costas y playas españolas. Al menos en gran escala, ya que posteriormente acabarán apareciendo en los siguientes días algunas pequeñas manchas en diferentes lugares del litoral. En última instancia, la comunicación oficial gibraltareña (Convenio MARPOL) a las autoridades españolas no se producirá hasta las once de la mañana, cuatro horas y pico después de la primera alarma del vertido.
¿Por qué no hay embarcaciones de la Armada española en la bahía de Algeciras que pudieran reaccionar de forma directa e inmediata a estas desconsideradas actuaciones?
A preguntas de la prensa sobre el incidente y la posible respuesta española, el Ministerio español de Asuntos Exterior, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC) ha indicado que dicha respuesta será en forma de nota diplomática de protesta por, primero, el retraso, de más de cuatro horas, por parte de los responsables gibraltareños en avisar a la Capitanía Marítima de Algeciras; segundo, el rechazo al ofrecimiento de cooperación por parte de España en el control del derrame; y, tercero, la escasa información que las autoridades de Gibraltar habían ofrecido sobre las causas y circunstancias del incidente medioambiental. Contestando con un lacónico “sí” tras varios segundos de duda, a la pregunta de si la “gestión diplomática” incluiría el hostigamiento sufrido, durante más de media hora, por el Salvamar Denébola por dos embarcaciones militares británicas.
Es fácilmente comprensible, aceptable e, incluso, conveniente que las autoridades diplomáticas y de seguridad españolas sean prudentes en las relaciones con el Reino Unido y su colonia gibraltareña en estos momentos de negociaciones bilaterales y en el marco de la Unión Europea. Ya que, de ellas, depende el estatuto final de la llamada “verja” que separa ambos territorios y de los controles fronterizos y aduaneros en el puerto y el aeropuerto gibraltareños. Así como las indispensables buenas relaciones de vecindad entre las poblaciones gibraltareña y campogibraltareña, es decir, el nuevo modelo de relación de Gibraltar con su entorno, el Campo de Gibraltar y su encaje en la Europa de los 27, tras el brexit. En cuyos ámbitos están incluidos, como no podía ser de otra manera, los aspectos de protección medioambiental.
¿Pero tan prudentes como para estar dispuestas a que medios militares británicos acosen a ciudadanos y embarcaciones oficiales españolas, en aguas que la propia jurisdicción española considera como propios, sin que haya ninguna respuesta “de seguridad”? Ni siquiera los medios náuticos de la Guardia Civil, que sí han intervenido en otras ocasiones, llegaron a ser activados esta vez. Hay situaciones en las que la prudencia puede convertirse en debilidad o negligencia.
Esta podría ser, desgraciadamente, una de esas situaciones, un nuevo episodio de negligencia ante la histórica y sempiterna prepotencia de las autoridades gibraltareñas en sus relaciones con España y sus vecinos campogibraltareños. No es el único caso reciente, recordemos la negativa a la presencia de agentes españoles en los destacamentos de Frontex que deben desplegar en las aduanas marítima y aérea gibraltareñas.
Prepotencia, que no es sino la versión local de la todavía imperante mentalidad colonialista británica, de superioridad, olvidando que dejó de ser primus inter pares mundial hace ya prácticamente un siglo. Pero que las autoridades gibraltareñas siguen manteniendo respecto al Campo de Gibraltar. Y lo triste es que no solamente dichas autoridades gibraltareñas y su madre patria, el Reino Unido, son las que parecen mantener esta mentalidad. También España se comporta en muchas ocasiones como si la aceptara.
Precisamente porque somos dos países europeos, aliados en la OTAN, socios hasta hace nada en la Unión Europea y entrelazados por una densa red de intereses económicos, comerciales y turísticos, España no debía consentir que medios militares británicos acosasen despreciativamente a ciudadanos y medios oficiales (y no oficiales) españoles. ¿Por qué no hay embarcaciones de la Armada española en la bahía de Algeciras que pudieran reaccionar de forma directa e inmediata a estas desconsideradas actuaciones? ¿Por qué no intervinieron las patrulleras de la Guardia Civil? Máxime recordando esa vieja “divisa” que Lord Palmerston dio a la política británica y de la que, directamente o de tapadillo, les gusta presumir a los británicos: “Inglaterra no tiene aliados permanentes ni enemigos perpetuos, solo intereses”.
Negociación y seguridad no son incompatibles, todo lo contrario, son complementarias. Recordemos la sentencia atribuida al primer ministro israelí Isaac Rabín, Premio Nobel de la Paz: “Los conflictos se resuelven negociando y combatiendo. Negociando mientras se combate y combatiendo mientras se negocia”. Válido al caso que nos ocupa, aunque, afortunadamente, no se combata, solo se litiga en un viejo contencioso que dura ya más de trescientos años.
Seguridad medioambiental, seguridad física y, cómo no, seguridad económica, de la que el Campo de Gibraltar está tan escasa, permitiendo y propiciando la prepotencia británico-gibraltareña desde su atalaya financiera.
Enrique Vega Fernández, coronel de Infantería (retirado)
Asociación por la Memoria Militar Democrática
