El Gobierno del PP ha dado un importante paso para esclarecer los casos de niños robados en España durante los años 40 e inicios de la década de los 90 y en los que presuntamente está implicada la Iglesia. La importancia de las medidas anunciadas quedó en buena manera reflejada por la ‘comitiva’ gubernamental que este jueves recibió a las asociaciones de víctimas. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y los titulares de Interior y Sanidad, Jorge Fernández Díaz y Ana Mato, además del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, conformaron la foto del Gobierno para la asunción de responsabilidades ante un problema de dimensión nacional.
Tras dos horas de reunión en el Ministerio de Justicia a la que acudieron algunos juristas como Miguel Ángel Rodríguez Arias, Gallardón anunció en una rueda de prensa la creación de un censo de posibles afectados –que permitirá concretar "la dimensión real del problema"- y una base nacional de datos de ADN que pueda servir para cotejar la filiación natural. "El Gobierno no va a desfallecer en ningún caso y va a llegar e insistir ahí hasta donde se pueda llegar", dijo Gallardón que subrayó la obligación que tienen los poderes públicos de aportar toda la ayuda que esté "en sus manos" para tratar de resolver el "drama humano" y "terrible" que han sufrido los afectados y que "provocan un efecto de angustia".
El titular de Justicia ha destacado el derecho fundamental de las víctimas de conocer su identidad y "desarrollar un proyecto vital con el entorno de su propia familia". Eso sí, ha apuntado que el camino será "largo" y "complejo" ya que no existen "fórmulas mágicas" que resuelvan "de un día para otro" un problema "tan extenso", "que nos avergüenza".
Hasta tres Ministerios están implicados en el catálogo de medidas anunciadas, además de la Fiscalía, comunidades autónomas y ayuntamientos. Gallardón explicó que se ha formado grupo de trabajo especializado, coordinado por Justicia, que asumirá las medidas necesarias para facilitar la obtención de datos del Registro Civil, como nacimientos y posibles fallecimientos de recién nacidos en los últimos 50 años. Asimismo, se diseñará un catálogo de servicios que prestará el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para cotejar los perfiles genéticos e incorporar los datos de los laboratorios privados, "previa valoración técnica". "Es la primera vez en la historia que el Instituto dejará de estar al servicio exclusivo de jueces y fiscales", dijo Gallardón. Sanida, por su parte, podrá cruzar los datos que constan en los historiales clínicos o en otros documentos de los centros sanitarios. El departamento de Ana Mato se comprometió a instar a los servicios autonómicos de salud y de los centros que dependan de ellos a colaborar en este asunto.
El Gobierno también incorporará al grupo de trabajo a la policía judicial y la designación de un fiscal específico sobre la causa. Hasta el momento se han presentado 1.800 denuncias en los juzgados y hay 300 diligencias previas abiertas en los tribunales. Solo en Canarias, hay 800 casos documentados, los mismos que en toda Argentina donde en los últimos quince años se han localizado un centenar de víctimas.
La decisión del Gobierno se ha dado a conocer el mismo día en que la monja Sor María, primera imputada en un caso de niños robados acudía a declarar al juzgado. La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Causa de los Niños Robados, Mar Soriano, afirmó que están de acuerdo en que "no solo una monja puede ser la causante de este desastre a nivel nacional" y reclamó que los fiscales y los jueces tomen "cartas en el asunto" para esclarecer todas las responsabilidades.
