jueves. 28.03.2024

Gallardón se desmarca de su partido en la bronca por los empadronamientos

El PP de Madrid sigue respaldando la decisión del Ayuntamiento de Torrejón de no empadronar a inmigrantes que tengan visado de turista o que vivan en pisos en los que cada habitante disponga de un espacio inferior a los 20 metros cuadrados. Dos requisitos que no se mencionan en el informe elaborado por la Abogacía del Estado.
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 21.1.2010

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha preguntado "qué ganan" los alcaldes que se niegan a empadronar a inmigrantes ilegales, y ha recordado que la competencia en materia de extranjería es del Estado por lo que ningún ayuntamiento puede introducir requisitos añadidos a lo que marquen la Ley de Extranjería y la Ley de Régimen Local. Concretamente, Gallardón ha contestado a una pregunta sobre si es ilegal lo que hace su homólogo de Torrejón, Pedro Rollán, que también es compañero de partido y que no empadrona a inmigrantes que tengan un visado de turista o que vivan en espacios inferiores a 20 metros cuadrados por persona. Y su respuesta ha sido: "Todo lo que signifique establecer cualquier requisito añadido al marcado por la Ley de Extranjería y la de Régimen Local por parte de los ayuntamientos supone una ilegalidad".

Precisamente, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, también ha sido preguntado por la política que sigue el Ayuntamiento de Torrejón respecto a los inmigrantes y ha dicho que lo que no hace ese municipio es "empadronar turistas", como no lo hace ningún otro consistorio, pero que cumple la Ley. El informe de la Abogacía del Estado establece que la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal "procede" con independencia de que éstos se encuentren en situación legal en el país, por lo que, en consecuencia "no resulta procedente denegar la inscripción so pretexto de que el ciudadano extranjero no reside legalmente en España". Los únicos requisitos exigibles, según el dictamen, son vivir en España y residir habitualmente en un determinado municipio y el único documento que se requiere es "un pasaporte aunque no cuente con el preceptivo visado".

Gallardón, por otra parte, ha dejado claro que no está en absoluto de acuerdo con poner limitaciones a los inmigrantes que quieran empadronarse porque "la legislación española vigente no establece tales limitaciones, y corresponde al legislador nacional establecer la política de extranjería y no es competencia que los ayuntamientos puedan asumir de forma individual. No podemos establecer restricciones donde la ley estatal no las ha previsto". A continuación, se ha referido a un argumento "más político o incluso más ético", al considerar que "limitar los derechos de los inmigrantes a empadronarse significa privarles de los derechos y de las prestaciones sociales imprescindibles para asegurar su supervivencia y garantizar su dignidad".

Por ello, se ha preguntado "qué se conseguiría negando esas prestaciones básicas con esas limitaciones", y ha aludido a que esa decisión conduciría a los inmigrantes 'sin papeles' "quizás a la exclusión y la marginalidad" o, como mucho, supondría "desviar el problema a otro municipio que sí aplica la ley". Y ha recordado que "como se señala en un informe reciente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el padrón es un registro de situaciones de hecho y no de derecho, y eso significa que tiene que reflejar la realidad con independencia de si la residencia es legal o no, y del derecho que tenga la persona que ocupa el domicilio. La misión del padrón es constatar la residencia y no controlar los derechos de los residentes".

Gallardón se desmarca de su partido en la bronca por los empadronamientos