La Fundación 1 de Mayo acaba de publicar, junto a La Catarata, el libro La amnistía laboral en España durante la Transición, firmado por Mayka Muñoz y José Babiano, que indaga sobre la reparación a miles de personas represaliadas por sus actividades en defensa de los derechos políticos, sociales y laborales en sus lugares de trabajo como resultado de la Ley de Amnistía de 1977. Esta ley permitió la apertura de las cárceles para los presos políticos y la vuelta de exiliados, pero también trajo una amnistía laboral para reparar los despidos de las empresas y la depuración de la Administración frecuentes durante el franquismo como método de represión. Ambas, en todo caso, “constituyeron un requisito sine qua non para la recuperación de la democracia durante la Transición”, asegura Mayka Muñoz, investigadora de la Fundación 1º de Mayo.
Esta ley permitió la apertura de las cárceles para los presos políticos y la vuelta de exiliados, pero también trajo una amnistía laboral para reparar los despidos de las empresas
En pleno debate público sobre la ‘Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña’, la Ley de Amnistía de 1977 supone un marco de referencia para el proceso político que se está desarrollando en el momento actual. “Aunque no son amnistías comparables, tenemos que preguntarnos qué podemos aprender de la negociación que dio como resultado la Ley de 1977. Más aún, cuando quienes claman contra la Ley de Amnistía de hoy, hacen una defensa cerrada de la de 1977 como basamento de la democracia actual”, continúa Muñoz.
Desde el inicio de la Guerra Civil, en los territorios ocupados por los sublevados se puso en marcha un proceso de feroz represión contra los llamados “enemigos de España”. Entre ellos ocupaban un lugar destacado las organizaciones y militantes de la clase trabajadora. Este proceso continuó en la posguerra y no cesó, a diferentes escalas, hasta el final de la dictadura. Uno de los dispositivos centrales de esa represión tuvo lugar en los centros de trabajo, con la depuración en los servicios y empresas públicas y los despidos en las empresas privadas.
La ley supuso el restablecimiento de los derechos de las víctimas de la represión laboral, principalmente el reintegro a sus puestos de trabajo
Sin embargo, tal y como advierte José Babiano, también investigador de la Fundación 1º de Mayo, “a diferencia de la amnistía política que tuvo efectos inmediatos, tras la publicación de la Ley, la amnistía laboral conoció un proceso de judicialización”. Éste se debió a la habitual resistencia de las empresas a aplicar la norma, por lo que resultó necesaria la movilización de las plantillas y de sus órganos de representación para que los tribunales torcieran la voluntad inicial de las empresas, explica el investigador. En este proceso, los abogados laboralistas ligados a los sindicatos, en especial Comisiones Obreras, tuvieron un papel fundamental.
La ley supuso el restablecimiento de los derechos de las víctimas de la represión laboral, principalmente el reintegro a sus puestos de trabajo. En caso de que existieran, se extinguían también las responsabilidades criminales y se eliminaban los antecedentes penales. “Fue una amnistía demandada por los trabajadores, luchada por los trabajadores en las empresas y por sus representantes en el Parlamento”, asegura Babiano.
Imágenes: Archivo de Historia del Trabajo de la Fundación 1º de Mayo
