nuevatribuna.es
7 de enero de 2010, 2:18
NUEVATRIBUNA.ES - 05.01.2010
La Ley Antitabaco va a llegar a su plenitud en el primer semestre de 2010. Prohibir fumar en todos los lugares cerrados es el objetivo, los detalles de la propuesta todavía se desconocen. Desde que la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, anunció su apuesta de espacios sin humo, el debate fumadores / no fumadores está más encendido que nunca.
En la red se libra una batalla sin escrúpulos en la que los insultos entre un bando y otro comienzan a ser preocupantes. Algunos políticos contribuyen a encender la mecha. Ayer, el segundo de Aguirre y yernísimo de Fabra, Juan José Güemes, declaró que “las prohibiciones siempre suponen una restricción de la libertad individual, y hay que ser muy cuidadosos cuando se restringe la libertad individual". Sorprende escuchar esta defensa a la libertad a uno de los políticos del PP que más ha contribuido a apoyar políticas de privatización que están dejando a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid sin algunos de los derechos más importantes como la Educación y la Sanidad pública y digna. Pero el tema que se trata es otro. Y bien sabemos que el PP tiene como política ponerse en contra de cualquier propuesta socialista.
Si la provocación de Güemes ya parecía desmedida, otro de los secuaces de Esperanza Aguirre, el portavoz del Gobierno Regional, Ignacio González, añadió: “lo que deben hacer las autoridades sanitarias, si consideran que el tabaco es tan perjudicial para la salud, es prohibirlo definitivamente”. Esta propuesta sí deja entrever el totalitarismo de la ideología que representa el partido del señor González. Pero lo que más llama la atención es el respaldo que ha suscitado en la red.
Diferentes portales de Internet plantean la pregunta sobre por qué el Gobierno no prohíbe la venta de tabaco. La primera respuesta es la económica. En 2008 las arcas del Estado recaudaron 9.266 millones de euros, 7.561 millones correspondieron al Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco y los 1.705 millones restantes al IVA.
Pero una ‘Ley Seca’ del tabaco no se puede concebir no sólo por el dinerito que se gana, o por el hecho de que emergerían todo tipo de mafias que continuarían con el negocio. El peligro de plantear esta posibilidad tiene que ver con la tolerancia de ambos lados de la balanza. El debate no puede quedarse en una lucha maniquea en la que los fumadores son diabólicos ciudadanos que acaban con la salud de los que tienen alrededor y los no fumadores son víctimas indefensas intoxicadas por los caprichosos cigarrillos.
Este maniqueísmo da a las a opiniones del estilo de: “Por mí que se mueran de un cáncer de pulmón, pero no quiero tener cerca a esos infectados”, dice Pili en el portal toluna.com. La aseveración de esta internauta no es la más común en la red pero sí tiene varios seguidores. En webs como la de nofumadores.org directamente se incita a que los ciudadanos vigilen a los fumadores para ver si cumplen las normas de la Ley antitabaco que se aprobó en 2006.
La de estos ciudadanos/policías es una de las situaciones más aberrantes que se pueden producir en un estado de derecho. Según ellos tienen que defender su salud, pero ¿hasta dónde se deber permitir esta defensa? Ya resulta bastante cómico que el Estado argumente que la reforma de la Ley Antitabaco “es por el bien de los fumadores” como dijeron Trinidad Jiménez y también la ex ministra de Sanidad, Elena Salgado. Como mínimo es ingenuo pensar que ‘Papá Estado’ se preocupe por el bienestar de los ciudadanos cuando se sabe que hay otros muchos intereses en juego que poco tienen que ver con la salud y sí con la economía.
Perder menos dinero es uno de los objetivos de General Electric cuando decide pagar a los trabajadores 100 dólares si el empleado completa el programa para dejar de fumar, otros 250 cuando se mantiene sin humo durante medio año y 400 dólares cuando los análisis de saliva y orina confirman que no ha encendido un cigarrillo en medio año. No podemos pensar que esta multinacional se preocupa por la salud de sus trabajadores sino por el ahorro de bajas por enfermedades vinculadas con el tabaquismo.
Prohibir fumar en los lugares cerrados es algo que ya se ha conseguido en muchos países del mundo. Siempre ha habido polémica y finalmente los ciudadanos han respetado la Ley. Lo mismo sucederá en España, pero antes de que se ponga en marcha la prohibición hay que plantearse hasta dónde se respeta la libertad de un ciudadano de hacer lo que le venga en gana con su salud (sin perjudicar la de otros). Respetar el bienestar de los que no fuman no se debe poner en duda, pero perseguir a los fumadores como si fueran criminales tampoco es lo ideal en un estado de Derecho. Se podrían encontrar soluciones intermedias que parece que el Gobierno quiere obviar. Fumar ya no está de moda. En estos días Bogart sería un asesino y no un atractivo gentleman. Sólo una petición al Estado y a otros defensores de la lucha antitabaco: no vuelvan a repetir “lo hacemos por vuestro bien”.
La Ley Antitabaco va a llegar a su plenitud en el primer semestre de 2010. Prohibir fumar en todos los lugares cerrados es el objetivo, los detalles de la propuesta todavía se desconocen. Desde que la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, anunció su apuesta de espacios sin humo, el debate fumadores / no fumadores está más encendido que nunca.
En la red se libra una batalla sin escrúpulos en la que los insultos entre un bando y otro comienzan a ser preocupantes. Algunos políticos contribuyen a encender la mecha. Ayer, el segundo de Aguirre y yernísimo de Fabra, Juan José Güemes, declaró que “las prohibiciones siempre suponen una restricción de la libertad individual, y hay que ser muy cuidadosos cuando se restringe la libertad individual". Sorprende escuchar esta defensa a la libertad a uno de los políticos del PP que más ha contribuido a apoyar políticas de privatización que están dejando a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid sin algunos de los derechos más importantes como la Educación y la Sanidad pública y digna. Pero el tema que se trata es otro. Y bien sabemos que el PP tiene como política ponerse en contra de cualquier propuesta socialista.
Si la provocación de Güemes ya parecía desmedida, otro de los secuaces de Esperanza Aguirre, el portavoz del Gobierno Regional, Ignacio González, añadió: “lo que deben hacer las autoridades sanitarias, si consideran que el tabaco es tan perjudicial para la salud, es prohibirlo definitivamente”. Esta propuesta sí deja entrever el totalitarismo de la ideología que representa el partido del señor González. Pero lo que más llama la atención es el respaldo que ha suscitado en la red.
Diferentes portales de Internet plantean la pregunta sobre por qué el Gobierno no prohíbe la venta de tabaco. La primera respuesta es la económica. En 2008 las arcas del Estado recaudaron 9.266 millones de euros, 7.561 millones correspondieron al Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco y los 1.705 millones restantes al IVA.
Pero una ‘Ley Seca’ del tabaco no se puede concebir no sólo por el dinerito que se gana, o por el hecho de que emergerían todo tipo de mafias que continuarían con el negocio. El peligro de plantear esta posibilidad tiene que ver con la tolerancia de ambos lados de la balanza. El debate no puede quedarse en una lucha maniquea en la que los fumadores son diabólicos ciudadanos que acaban con la salud de los que tienen alrededor y los no fumadores son víctimas indefensas intoxicadas por los caprichosos cigarrillos.
Este maniqueísmo da a las a opiniones del estilo de: “Por mí que se mueran de un cáncer de pulmón, pero no quiero tener cerca a esos infectados”, dice Pili en el portal toluna.com. La aseveración de esta internauta no es la más común en la red pero sí tiene varios seguidores. En webs como la de nofumadores.org directamente se incita a que los ciudadanos vigilen a los fumadores para ver si cumplen las normas de la Ley antitabaco que se aprobó en 2006.
La de estos ciudadanos/policías es una de las situaciones más aberrantes que se pueden producir en un estado de derecho. Según ellos tienen que defender su salud, pero ¿hasta dónde se deber permitir esta defensa? Ya resulta bastante cómico que el Estado argumente que la reforma de la Ley Antitabaco “es por el bien de los fumadores” como dijeron Trinidad Jiménez y también la ex ministra de Sanidad, Elena Salgado. Como mínimo es ingenuo pensar que ‘Papá Estado’ se preocupe por el bienestar de los ciudadanos cuando se sabe que hay otros muchos intereses en juego que poco tienen que ver con la salud y sí con la economía.
Perder menos dinero es uno de los objetivos de General Electric cuando decide pagar a los trabajadores 100 dólares si el empleado completa el programa para dejar de fumar, otros 250 cuando se mantiene sin humo durante medio año y 400 dólares cuando los análisis de saliva y orina confirman que no ha encendido un cigarrillo en medio año. No podemos pensar que esta multinacional se preocupa por la salud de sus trabajadores sino por el ahorro de bajas por enfermedades vinculadas con el tabaquismo.
Prohibir fumar en los lugares cerrados es algo que ya se ha conseguido en muchos países del mundo. Siempre ha habido polémica y finalmente los ciudadanos han respetado la Ley. Lo mismo sucederá en España, pero antes de que se ponga en marcha la prohibición hay que plantearse hasta dónde se respeta la libertad de un ciudadano de hacer lo que le venga en gana con su salud (sin perjudicar la de otros). Respetar el bienestar de los que no fuman no se debe poner en duda, pero perseguir a los fumadores como si fueran criminales tampoco es lo ideal en un estado de Derecho. Se podrían encontrar soluciones intermedias que parece que el Gobierno quiere obviar. Fumar ya no está de moda. En estos días Bogart sería un asesino y no un atractivo gentleman. Sólo una petición al Estado y a otros defensores de la lucha antitabaco: no vuelvan a repetir “lo hacemos por vuestro bien”.
