jueves 3/12/20
OPINIÓN

El falso dilema sobre las vías para conceder la nacionalidad para descendientes del exilio español

La Ley de Memoria Democrática es una oportunidad para empezar a resolver los problemas relacionados con el acceso a la nacionalidad de los descendientes de la emigración y el exilio, y no podemos dejarla pasar. Se puede aprovechar esta ley para mejorar el acceso a la nacionalidad de los descendientes sin renunciar a activar la Ley de Descendientes en el Senado.

Durante la última semana se ha generado un revuelo considerable a consecuencia de la respuesta que la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, dio a la senadora de En Comú Podem Sara Vilà acerca de si el Gobierno estaba dispuesto a incluir el acceso por opción a la nacionalidad española de los cuatro supuestos de personas que quedaron excluidas de la misma por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica. Entre estos supuestos se incluyen las mujeres que se casaron con un extranjero antes de la Constitución de 1978, los hijos mayores de 18 años, quienes tuvieron que renunciar a la nacionalidad para poder trabajar en el país de destino y quienes no ratificaron su nacionalidad al no ser debidamente informados.

En su respuesta, la vicepresidenta dio a entender que el Gobierno estaría dispuesto a incluir el caso de los descendientes de “mujeres que tuvieron que renunciar a su nacionalidad cuando se casaban y, por tanto, sus descendientes perdían la posibilidad de ser en segunda generación o en otra, españoles”, así como a “equiparar a hermanos mayores y menores que pudieron recuperar la nacionalidad de sus padres y ahora también lo harán”. Ha sido precisamente en relación con esta última frase con lo que se ha generado el alboroto. Es cierto que la frase es algo ambigua y puede dar lugar a todo tipo de interpretaciones. Es cierto que la vicepresidenta no se refirió a “los hijos mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción” como figura en el artículo 1 de la Ley de Descendientes presentada por en el Senado por Vilà el 25 de mayo de 2018. Tampoco dijo “los hijos mayores de edad de las personas a quienes les fue reconocida la nacionalidad española de origen en virtud del derecho de opción”, que es la redacción alternativa para el artículo 20.1g del Código Civil que propone también esta ley. La oración que pronunció la vicepresidenta utilizaba el verbo recuperar, y por tanto se parecía al texto propuesto por el PSOE en una de las enmiendas que hizo (la número 14, no la 19) a la Ley de Descendientes, con el objetivo de proponer una modificación diferente de los artículos del Código Civil sobre nacionalidad por opción. La enmienda 14 proponía que el artículo 20.1d del Código Civil incluyera el siguiente texto: “el hijo mayor de edad de quien haya recuperado la nacionalidad española”, que era ciertamente menos garantista que el que se proponía en el texto de la ley original: “los hijos de progenitora española nacidos antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978”. Hasta aquí, las peticiones de claridad de algunas asociaciones de descendientes, son absolutamente legítimas y comprensibles. Y desde IU Exterior las asumimos como propias.

La Ley de Memoria Democrática es una oportunidad para empezar a resolver los problemas relacionados con el acceso a la nacionalidad de los descendientes de la emigración y el exilio, y no podemos dejarla pasar

Sin embargo, conviene recordar tres cosas: la primera, que las declaraciones de Calvo, por más que se efectuaran en la Cámara Alta, son sólo eso, declaraciones. Habrá que ver cómo se concreta el acceso a la nacionalidad de los dos casos anteriormente mencionados en el texto de la ley, que es lo que cuenta. Y ahí, sin duda, haremos lo imposible para que sea, efectivamente, garantista, y no quede en una mera declaración de intenciones. La segunda cuestión que hay que tener en cuenta es que, cuando se está en medio de una negociación así, en un momento, por otra parte, tan delicado (recordemos que la pregunta fue formulada el martes 20 de noviembre, a las puertas de una moción de censura que tendría lugar el miércoles 21) es mejor hacer las críticas utilizando los mecanismos de colaboración entre Unidas Podemos (o el PSOE) y las asociaciones de descendientes, que existen y han funcionado muy bien por ambas partes durante los últimos años. Llevar un debate tan complejo sobre cuestiones jurídicas a las redes sociales sólo genera ruido para el colectivo afectado, que queda con una sensación de desamparo y frustración. La tercera cuestión es que estamos (aún) en el anteproyecto de ley, y el PSOE, a través de Calvo, ya ha abierto la puerta a incluir dos de los cuatro casos. La mitad. Queda aún por ver cómo se concretan estos dos casos, así como la tramitación parlamentaria de la ley, en la que se puede seguir trabajando por la inclusión de los cuatro casos. Sea como sea, hemos ganado una batalla moral. El PSOE, con muy buen criterio, ha reconocido que la Ley de Memoria Histórica de 2007 generó desigualdades en el acceso a la nacionalidad que conviene corregir. Y ahora parece estar dispuesto a ello.

Además de todo ello, y a consecuencia del ruido generado en redes sociales, se ha creado una corriente de opinión que viene a decir que intentar conseguir el acceso a la nacionalidad de los cuatro grupos de personas excluidas por la Ley de Memoria Histórica a través de la Ley de Memoria Democrática no merece la pena, y que lo que hay que hacer es activar de nuevo la Ley de Descendientes en el Senado. Se trata de un falso dilema, que ciertas declaraciones han estado alimentando peligrosamente. Se puede aprovechar la Ley de Memoria Democrática para mejorar el acceso a la nacionalidad de los descendientes sin renunciar a activar la Ley en el Senado. Esto no tienen que saberlo necesariamente los descendientes, porque no todo el mundo conoce cómo funciona la tramitación de las leyes en las dos cámaras existentes en España, pero se puede, perfectamente, trabajar dos leyes a la vez. Se intenta por una vía, y si no sale, se intenta por otra. Y si sale a medias, se puede seguir intentando por la otra vía también. De hecho, muchas veces sucede que los técnicos de nuestros diputados y senadores trabajan sobre dos textos legales que se solapan en muchas cosas, refundiendo ambos en un solo texto, o aprobando los dos.

Es legítimo presionar para que se active en el Senado la Ley de Descendientes, que es la más completa, y es la puramente nuestra, la de Unidas Podemos. Lo que ocurre es que el número de senadores es finito, el de diputados también y España lleva ya siete meses en los que las prioridades legislativas (lógicamente) se han centrado en atajar la gravísima crisis sanitaria, económica y social que se ha desatado en el país (y en el mundo) a consecuencia de la Covid 19, y que ha afectado de forma particularmente severa a las familias trabajadoras. No solo eso: España lleva inmersa en un periodo de enorme inestabilidad política por lo menos desde la moción de censura que hizo presidente a Pedro Sánchez a principios de verano de 2018, es decir, pocos meses después de que se presentará por primera vez la Ley de Descendientes en el Senado. Desde entonces, en poco más de dos años, el país ha vivido dos convocatorias de elecciones generales, una de elecciones europeas y municipales, y cuatro convocatorias de elecciones autonómicas. ¿Qué quiere decir esto?, que estamos en un escenario en el que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento.

En relación con esto último les propongo hacer un ejercicio de política-ficción. Imaginen que durante el próximo mes decidiéramos no pelear por incluir los cuatro supuestos de nacionalidad en la Ley de Memoria Democrática, pero en los meses siguientes tampoco pudiéramos activar la Ley de Descendientes en el Senado porque este está saturado con otras propuestas y los cupos del grupo Izquierda Confederal (en el que está Unidas Podemos y otras fuerzas, conviene recordarlo) son muy limitados. Llegamos a febrero de 2020, elecciones en Catalunya, el nacionalismo catalán y los partidos de derechas sacan unos resultados extraordinarios a consecuencia de la fuerte polarización creada por el independentismo y la respuesta que ha estado dando el estado al mismo. La marca local de Unidas Podemos, En Comú Podem, más centrada en cuestiones sociales, disminuye su representación parlamentaria, y por tanto su capacidad de designar senadores. En dicho escenario Sara Vilà podría dejar de ser senadora por designación. ¿Qué habríamos avanzado en relación con el acceso a la nacionalidad de los descendientes? Nada. Volvamos ahora a noviembre del 2020, a la negociación entre Unidas Podemos y PSOE en relación con la Ley de Memoria Democrática. Tras unas semanas muy intensas en las que las asociaciones de descendientes han estado presionando para que se incluya el acceso a la nacionalidad de los cuatro grupos de personas excluidas, se consigue la inclusión de dos grupos. Luego imaginemos que pasa todo lo que ya comentábamos en el primer escenario. Sara Vilà deja de ser senadora. ¿Qué habríamos avanzado? Que a lo largo de 2021, ya con la Ley de Memoria Democrática aprobada, las personas pertenecientes a dos de los grupos anteriormente mencionados podrían ir haciendo cola en los consulados para presentar sus papeles. Toda una diferencia con el escenario anterior.

Dejando de lado las dudas vertidas sobre nuestro compromiso, demostrado sobradamente a lo largo de estos años, o las sospechas de que queremos dividir al colectivo de descendientes, es importante recordar que las oportunidades llegan cuando llegan, y hay que aprovecharlas en su momento, porque si no se van. La Ley de Memoria Democrática es una oportunidad para empezar a resolver los problemas relacionados con el acceso a la nacionalidad de los descendientes de la emigración y el exilio, y no podemos dejarla pasar. Más vale pájaro en mano que ciento volando, que dice el viejo refrán castellano. Ello no quita que si esta vía falla, o sigue dejando a gente fuera, no podamos seguir intentándolo con otras. Enfrentar la Ley de Descendientes a la Ley de Memoria Democrática es un despropósito, y jugar al todo o nada en la coyuntura actual, una estrategia suicida que no podemos permitirnos.

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