La Iglesia Católica debe devolver "al dominio común de todos" el resto de "bienes del patrimonio histórico inmatriculados indebidamente" por ella
Los que fueron alcaldes de Córdoba bajo las siglas del PCE y de IU, es decir, Julio Anguita, Herminio Trigo, Manuel Pérez, Rosa Aguilar y Andrés Ocaña, en ese orden, han firmado una carta para su pública difusión mediante la que reclaman la titularidad pública para la Mezquita-Catedral y que, además, la Iglesia Católica devuelva "al dominio común de todos" el resto de "bienes del patrimonio histórico inmatriculados indebidamente" por ella.
La carta, comienza aclarando que los exalcaldes de IU, de los que hoy dos están en el PSOE, Herminio Trigo y Rosa Aguilar, hacen estas reclamaciones "en virtud de la responsabilidad que como alcaldes" han desempeñado, actuando así "en defensa de la Mezquita-Catedral y del patrimonio histórico de Córdoba" y "ante la inmatriculación de bienes inmuebles y plazas públicas del patrimonio histórico de Córdoba por parte del Obispado"
Por ello, expresan en el escrito su "profunda preocupación por la inscripción a nombre de la Iglesia Católica de la Mezquita-Catedral, Patrimonio Mundial por la Unesco y bien de incalculable valor histórico y emocional para Córdoba".
"El registro de este monumento de dimensión universal, así como de otros cientos de inmuebles de dominio público, se ha ejecutado a través de una ley de dudosa constitucionalidad que otorga a la Iglesia el privilegio de inmatricular edificios y fincas sin necesidad de acreditar título de propiedad
Consideran los exalcaldes que "el registro de este monumento de dimensión universal, así como de otros cientos de inmuebles de dominio público, se ha ejecutado a través de una ley de dudosa constitucionalidad que otorga a la Iglesia el privilegio de inmatricular edificios y fincas sin necesidad de acreditar título de propiedad, actuando como una administración pública y sus diocesanos como notarios".
Por eso, solicitan "que se difundan la totalidad de los bienes inscritos por la Iglesia, muchos de los cuales han sido construidos y sostenidos secularmente con fondos públicos y, por tanto, pertenecen a la ciudadanía".
DEMANDA AL AYUNTAMIENTO
Junto a ello, demandan al Ayuntamiento de Córdoba y al resto de administraciones "que velen por los intereses inalienables de la ciudad y que defiendan el patrimonio histórico a través de todos los instrumentos administrativos y legales de que dispongan".
Admemás, aclaran en su carta que "no es la administración legalmente instituida quien debe demostrar que un bien es de dominio público, sino justamente al contrario, son los particulares que reclamen su titularidad los que deben acreditarlo fehacientemente".
En este sentido, para los exalcaldes, "el caso del Triunfo del San Rafael y de la plaza que lo acoge es especialmente paradigmático, toda vez que en el momento de su inmatriculación constaba como bien público y existe información histórica suficiente en los archivos municipales para que el Ayuntamiento reclame su titularidad e impida su apropiación por parte de la Iglesia".
Según han criticado los exalcaldes, "se ha llegado hasta el punto de intentar borrar su denominación de los mapas y registrar su marca comercial a nombre del Cabildo"
SOBRE EL CABILDO
También expresan su "preocupación por la actuación del Cabildo en relación a la Mezquita de Córdoba, obra cumbre del arte islámico en Europa, y su decisión de omitir su esencia andalusí en los folletos, cartelería, tiques de entrada, web y material audiovisual".
Según han criticado los exalcaldes, "se ha llegado hasta el punto de intentar borrar su denominación de los mapas y registrar su marca comercial a nombre del Cabildo. Es por ello que instamos a las administraciones competentes a que actúen con urgencia y determinación para impedir una gestión lesiva de los valores fundamentales de nuestro monumento más universal".
En consecuencia, los Anguita, Trigo, Pérez, Aguilar y Ocaña, reclaman "la restitución de la legalidad constitucional y la titularidad pública de la Mezquita-Catedral de Córdoba, así como la devolución al dominio común de todos los bienes del patrimonio histórico inmatriculados indebidamente por la Iglesia".
