Por José Bujalance C. | ¿Hay una maniobra orquestada para acabar con Pablo Iglesias y hundir al Gobierno de coalición?
El juez del 'caso Dina', al que la Audiencia rectificó, que regresó justo cuando empezaban los juicios a los populares y tiene entre manos la Kitchen pide al Tribunal Supremo -a una Sala que está presidida por el juez que se negó a imputar a M. Rajoy en el caso Gürtel y que le permitió mentir en su declaración- que investigue a Pablo Iglesias.
Hablamos de un Alto Tribunal sospechoso, dimanante de un modelo carente del equilibrio propio de un modelo efectivo de división de poderes, que admitió a trámite la denuncia "con el tiempo justo para que Victoria Rosell no se pudiera presentar" y sabiendo que no iba a tener recorrido, violaron sus derechos fundamentales y forzaron su dimisión en la Diputación Permanente del Congreso a través de un montaje orquestado por un juez que cometió prevaricación, falsedad y cohecho al manipular una instrucción penal para perjudicar a la diputada de Podemos.
Vivimos en una democracia de baja calidad en la que un partido podrido estructuralmente se empeña en dar una imagen de estado bananero, de un país dominado por un régimen antidemocrático en la sombra
Este es el mismo Supremo que en el caso Máster vio indicios de que Casado pudo recibir un "trato de favor", pero sostuvo que eso no sería delito y no advirtieron ni prevaricación ni cohecho impropio... un Tribunal que sigue ahí gracias al bloqueo inconstitucional de un partido condenado como organización por corrupción, que colocó a sus amigos para que le afinaran las sentencias; unos hechos que me recuerdan la sentencia de Gurtel, que consideró que se creó "en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación" y destacó la capacidad de influencia que tenían "en los procedimientos de toma de decisión...que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas."
Vivimos en una democracia de baja calidad en la que un partido podrido estructuralmente se empeña en dar una imagen de estado bananero, de un país dominado por un régimen antidemocrático en la sombra que no respeta la legalidad vigente ni los procedimientos de la Justicia mediante un bloqueo sistemático, negándose una y otra vez a pactar la renovación de cargos en la cúpula judicial.
Las consecuencias sociales de esta desafección, unidas a la pandemia y al riesgo económico de un nuevo confinamiento duro, están poniendo las bases para que esta desafección pueda tornar, no en una evolución, sino en algo mucho más combativo.
