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18 de enero de 2010, 10:42
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 17.01.2010
La controvertida instalación de escáneres corporales en los aeropuertos para prevenir atentados terroristas, que el Gobierno de España considera "inevitable", divide a los expertos sobre si debe primar la seguridad sobre el derecho a la intimidad de los viajeros o viceversa.
Mientras unos defienden la instalación de estos dispositivos siempre que se extremen los controles sobre las imágenes, otros consideran que existen otras medidas alternativas y que la utilización de escáneres supone una invasión de la intimidad.
En opinión del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga Ángel Rodríguez, el riesgo de atentado terrorista en vuelos es "real", por lo que será necesario adoptar las medidas de seguridad que sean necesarias.
En este sentido, se ha mostrado a favor de la implantación de escáneres corporales en los aeropuertos si se demuestra que son eficientes desde el punto de vista técnico y existe una regulación "suficientemente clara" sobre las obligaciones de los viajeros y el control de las imágenes obtenidas, su visionado, almacenamiento y posterior destrucción.
Hasta la fecha, las medidas de seguridad que se imponen a los pasajeros en los aeropuertos son "muy molestas, pero no discriminatorias", aunque si sólo se utilizan en determinados casos, "se introduce el factor de discriminación", ha indicado Rodríguez.
Aunque el uso de los escáneres corporales "colisiona, sin duda, con la privacidad, todos los derechos constitucionales, y el de la intimidad no es una excepción, no son absolutos", ha aseverado.
"Mientras más invasivo sea para la intimidad (el procedimiento), más controles habrá que establecer", ha señalado el catedrático, que cree probable la necesidad de una ley orgánica para regular su uso.
Por su parte, la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga María Luisa Balaguer se ha mostrado contraria al uso de los escáneres, aunque está convencida de que se implantarán porque "en pro de la seguridad se sacrifica cualquier derecho, y la gente lo aceptará encantada".
Balaguer, que efectúa estas declaraciones a título personal aunque ha formado parte de alguna candidatura socialista en Málaga, ha señalado que es posible llevar a cabo otras medidas para mejorar la seguridad, pero "lo más fácil es atacar los derechos individuales", lo que hace que "el estado se convierta en policial".
Ha recordado que, tras los atentados terroristas del 11-S, Estados Unidos comenzó a adoptar nuevas medidas de seguridad en los aeropuertos, que "se han copiado automáticamente" en otros países.
A su juicio, "da lo mismo que las imágenes se destruyan a los tres días", pues se invade el derecho a la intimidad.
El debate sobre la instalación de estos dispositivos se ha reavivado en la Unión Europea tras el atentado frustrado el pasado 25 de diciembre en un vuelo entre Amsterdam y Detroit (EEUU).
El anuncio de algunos países, como Francia, Holanda y Reino Unido de empezar a utilizarlos para reducir el riesgo de que un viajero embarque con explosivos, ha originado las quejas de las asociaciones de derechos civiles.
Hace unos días, el ministro español de Fomento, José Blanco, consideró que "será inevitable la utilización de escáneres en los aeropuertos" para garantizar la seguridad de los pasajeros, siempre que se respeten los límites de su intimidad.
La controvertida instalación de escáneres corporales en los aeropuertos para prevenir atentados terroristas, que el Gobierno de España considera "inevitable", divide a los expertos sobre si debe primar la seguridad sobre el derecho a la intimidad de los viajeros o viceversa.
Mientras unos defienden la instalación de estos dispositivos siempre que se extremen los controles sobre las imágenes, otros consideran que existen otras medidas alternativas y que la utilización de escáneres supone una invasión de la intimidad.
En opinión del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga Ángel Rodríguez, el riesgo de atentado terrorista en vuelos es "real", por lo que será necesario adoptar las medidas de seguridad que sean necesarias.
En este sentido, se ha mostrado a favor de la implantación de escáneres corporales en los aeropuertos si se demuestra que son eficientes desde el punto de vista técnico y existe una regulación "suficientemente clara" sobre las obligaciones de los viajeros y el control de las imágenes obtenidas, su visionado, almacenamiento y posterior destrucción.
Hasta la fecha, las medidas de seguridad que se imponen a los pasajeros en los aeropuertos son "muy molestas, pero no discriminatorias", aunque si sólo se utilizan en determinados casos, "se introduce el factor de discriminación", ha indicado Rodríguez.
Aunque el uso de los escáneres corporales "colisiona, sin duda, con la privacidad, todos los derechos constitucionales, y el de la intimidad no es una excepción, no son absolutos", ha aseverado.
"Mientras más invasivo sea para la intimidad (el procedimiento), más controles habrá que establecer", ha señalado el catedrático, que cree probable la necesidad de una ley orgánica para regular su uso.
Por su parte, la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga María Luisa Balaguer se ha mostrado contraria al uso de los escáneres, aunque está convencida de que se implantarán porque "en pro de la seguridad se sacrifica cualquier derecho, y la gente lo aceptará encantada".
Balaguer, que efectúa estas declaraciones a título personal aunque ha formado parte de alguna candidatura socialista en Málaga, ha señalado que es posible llevar a cabo otras medidas para mejorar la seguridad, pero "lo más fácil es atacar los derechos individuales", lo que hace que "el estado se convierta en policial".
Ha recordado que, tras los atentados terroristas del 11-S, Estados Unidos comenzó a adoptar nuevas medidas de seguridad en los aeropuertos, que "se han copiado automáticamente" en otros países.
A su juicio, "da lo mismo que las imágenes se destruyan a los tres días", pues se invade el derecho a la intimidad.
El debate sobre la instalación de estos dispositivos se ha reavivado en la Unión Europea tras el atentado frustrado el pasado 25 de diciembre en un vuelo entre Amsterdam y Detroit (EEUU).
El anuncio de algunos países, como Francia, Holanda y Reino Unido de empezar a utilizarlos para reducir el riesgo de que un viajero embarque con explosivos, ha originado las quejas de las asociaciones de derechos civiles.
Hace unos días, el ministro español de Fomento, José Blanco, consideró que "será inevitable la utilización de escáneres en los aeropuertos" para garantizar la seguridad de los pasajeros, siempre que se respeten los límites de su intimidad.
