jueves 21/10/21

El voto de los inmigrantes, ¿un nuevo elemento de confrontación política?

Cerca de un millón de extranjeros podrán participar en las elecciones municipales de 2011. Ante la falta de información institucional sobre los trámites a seguir para la inscripción en el censo, algunas asociaciones de inmigrantes pondrán en marcha campañas explicativas que pagarán de su propio bolsillo.
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NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G. CABALLERO 15.11.2010

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad el pasado 21 de febrero una proposición de ley presentada por Izquierda Unida para reconocer el derecho de voto de los inmigrantes extracomunitarios. La resolución del 15 de octubre del BOE estableció los procedimientos a seguir así como el modelo de solicitud para que los residentes en España de países con acuerdos para las elecciones municipales puedan participar en los comicios de 2011. Hasta el momento, España ha firmado convenios con Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Nueva Zelanda. También con Bolivia, aunque este último esté a la espera de ratificación parlamentaria.

El reglamento se refiere sólo a los extranjeros no comunitarios (alrededor de medio millón) y establece un plazo (desde el 1 de diciembre hasta el 15 de enero) para presentar su solicitud siempre y cuando demuestren que llevan residiendo en España, “legal e ininterrumpidamente”, al menos cinco años. El resto, los inmigrantes de la Unión Europea (unos 400.000) no tienen plazo de inscripción. A ellos se unen además los ciudadanos noruegos a los que sólo se exige tres años de permanencia.

En total serán alrededor de un millón de extranjeros comunitarios y extracomunitarios los que podrán votar en los respectivos municipios en los que viven. Muchos de ellos desconocen que son sujetos de este derecho y otros tanto temen que el clima de confrontación vivido en los últimos meses por los brotes de racismo y xenofobia vuelva a ponerles en el ojo del huracán, como es el caso de los rumanos.

Eso es precisamente lo que los partidos de la izquierda quieren evitar a toda costa. Muchos de ellos constatan la falta de información institucional al respecto y en algunas comunidades y ayuntamientos ya se han empezado a presentar propuestas para que este proceso se lleve a cabo con total normalidad.

Con el argumento de que la competencia en esta materia es estatal y no autonómica, la mayoría parlamentaria del PP tumbó a principios de noviembre en la Asamblea de Madrid una iniciativa de la diputada socialista Yolanda Villavicencio que instaba al Gobierno regional a realizar un plan de difusión institucional, en colaboración con los ayuntamientos, para promocionar el derecho al sufragio en las elecciones locales de los ciudadanos extranjeros residentes en la región y cuyos países tienen firmado el convenio de reciprocidad con España. Ante la negativa del PP, distintas asociaciones de inmigrantes, entre ellas AESCO, pidieron reuniones con los distintos grupos parlamentarios. La semana pasada, representantes de estas organizaciones mantuvieron una reunión con la senadora y diputada autonómica del PP Beatriz Elorriaga a la que también asistió Inés Sabanés, por IU; y esté miércoles se reunirán con la portavoz del PSOE, Maru Menéndez.

Los inmigrantes plantean la necesidad de sacar este asunto de la confrontación política y social y que no se utilice como arma arrojadiza. Así lo ha manifestado a este periódico Yolanda Villavicencio, ex presidenta de AESCO, para quien es necesario que las instituciones pongan en marcha una campaña de difusión. Ante la falta de respuesta del Ejecutivo regional, las asociaciones de inmigrantes han decidido lanzar una campaña con anuncios en los autobuses de la EMT que pagarán de su propio bolsillo.

Villavicencio defiende la necesidad de que se dé un “tratamiento de normalidad” a este tema y recuerda que en el mismo plan de integración de los inmigrantes de la Comunidad de Madrid se incluye un apartado para promover políticas e iniciativas relacionadas con el derecho de sufragio de los inmigrantes.

> PDF: Procedimientos y modelo de solicitud para la inscripción en el censo electoral de residentes en España de nacionales de países con acuerdos para las elecciones municipales.

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