En el Valle de los Caídos yacen los restos registrados de 33.833 personas, víctimas de uno y otro lado de la Guerra CivilEl ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui preside este lunes en La Moncloa la constitución de la Comisión de Expertos para el futuro del Valle de los Caídos cuyo decreto fue aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes. La comisión tendrá como cometido la elaboración de un informe en un plazo de cinco meses sobre posibles actuaciones a desarrollar.
El acuerdo aprobado señala que el Valle de los Caídos, creado como un lugar de memoria, "es todavía un lugar controvertido en la conciencia colectiva de los españoles". Por ello, la Ley de Memoria Histórica de 26 de diciembre de 2007, en su artículo 16, establece que el Valle se regirá por las normas aplicables a los lugares de culto y en él se prohíben actos de naturaleza política o exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo.
En este sentido, la norma abre la oportunidad para que el Valle de los Caídos “pueda ser contemplado por sus visitantes y por la conciencia colectiva del país con un nuevo significado más inclusivo, desde el espíritu de reconciliación y el respeto al pluralismo reconocido en el pacto constitucional”.
Una primera línea de actuación será la “dignificación de las víctimas de la Guerra Civil y de la represión posterior”. En lo relativo a exhumaciones de restos enterrados allí, indica que es una cuestión que debe ser abordada “en el contexto global de las actuaciones sobre el lugar, aunque un equipo de peritos evaluará las demandas particulares en este sentido”.
La explanada y edificios donde se ubica el Centro de Estudios Sociales ofrecen, según el texto aprobado el viernes, “posibilidades para la creación de un espacio de afirmación de la convivencia, la democracia y los derechos, a la vez que de rechazo de la violencia, la guerra y las dictaduras”.
Asimismo, el acuerdo propone iniciativas en el ámbito de la exposición cultural y museística, la investigación y la educación, la reflexión pública y la divulgación, entre otros. Un ejemplo de ello es la Recomendación 1736 (2006) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para que en el Valle de los Caídos se explique cómo fue construido por prisioneros republicanos.
En el Valle de los Caídos yacen los restos registrados de 33.833 personas, víctimas de uno y otro lado de la contienda, que desde 1959 hasta 1983 fueron llevados en 491 traslados desde fosas y cementerios de todas las provincias de España salvo Ourense, A Coruña, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, para ser depositadas en columbarios individuales y colectivos. De los restos inhumados, 21.423 son de víctimas identificadas y 12.410 de personas desconocidas, de acuerdo con la documentación que consta en Patrimonio Nacional.
En el Valle también se encuentran las tumbas de Franco y Primo Rivera, cuyas exhumaciones han sido pedidas por las víctimas del franquismo para que trasladen los restos del dictador a un mausoleo de la familia.
La comisión, adscrita al Ministerio de la Presidencia, estará compuesta por dos presidentes, un secretario y diez vocales, todos profesionales de acreditada solvencia en los ámbitos académico, jurídico y científico, y su funcionamiento no supondrá incremento de gasto público. Para la designación de sus componentes se han tenido en cuenta las propuestas de diferentes Grupos Parlamentarios y algunos forman parte de la Comisión en representación de instituciones como la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, la Real Academia de la Historia y la Iglesia católica.
Ostentarán la presidencia, para la coordinación y dirección de los trabajos, Virgilio Zapatero Gómez, catedrático de Filosofía del Derecho y ex rector de la Universidad de Alcalá, y Pedro José González-Trevijano Sánchez, rector de la Universidad Rey Juan Carlos y catedrático de Derecho Constitucional.
Serán vocales de la Comisión de Expertos Carme Molinero Ruiz, catedrática de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona; Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, consejero permanente del Consejo de Estado y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas; Fernando Sebastián Aguilar, arzobispo emérito de Pamplona y Tudela; Alicia Alted Vigil, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia; Manuel Reyes Mate, profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Filosofía; Amelia Valcárcel Bernardo de Quirós, consejera electiva del Consejo de Estado y catedrática de Filosofía Moral y Política; Hilari Raguer i Suñer, historiador y monje de la Comunidad Benedictina de Montserrat; Carmen Sanz Ayán, catedrática de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia de la Historia; Ricard Vinyes Ribas, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona, y Francisco Ferrándiz Martin, antropólogo social del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Será secretario de la Comisión Carlos García de Andoin, director adjunto del Gabinete del Ministro de la Presidencia.
