miércoles 27/10/21

El tsunami sanitario de Aguirre-Güemes

ISABEL G. CABALLERO
Presidenta y consejero se han quedado solos en la defensa de un modelo de imprevisibles consecuencias. Sindicatos, oposición y profesionales de la medicina se llevan las manos a la cabeza: el caos está servido y la sanidad pública madrileña herida de muerte.
NUEVATRIBUNA.ES 15.01.2010

El año 2010 marcará un antes y un después en el sistema de salud público madrileño. Tras la aprobación, a mediados de noviembre pasado, de la Ley de Libertad de Elección, el Gobierno regional se enfrenta a la difícil tarea de reglamentar una normativa con muchas lagunas que, en opinión de la oposición, sindicatos y profesionales de la sanidad, abocará al caos y al desmantelamiento definitivo del servicio público reconocido como un derecho constitucional.

Hasta el momento, las arengas políticas de los principales artífices de este proceso de privatización, la presidenta Esperanza Aguirre y el consejero Juan José Güemes, no pasan de ser pura estrategia propagandística. ¿Quién habla del deterioro del servicio? ¿Quién dice que se quiera privatizarlo? ¿Quién se opone a la libertad de elección?...

La lideresa sigue teniendo la sartén por el mango pero ni ella misma sabe cuáles pueden ser las consecuencias de sus ‘experimentos’ políticos en materia de salud pública. Se conocerán con el tiempo, quizá cuando sea ya muy difícil arreglar el desaguisado.

Todo empezó en 2004, pocos meses después de comenzar su andadura como presidenta de la Comunidad de Madrid. Aguirre se embarcó en un proceso de privatización del servicio público sanitario a gran escala que se inició con la construcción de nuevos hospitales gestionados por empresas privadas con contratos firmados a 30 años vista. La sanidad como una oportunidad de negocio o el dinero sigue al cliente han sido algunos de los eslóganes favoritos del tándem Aguirre-Gümes.

LA LEY DE LIBERTAD DE ELECCIÓN, ¿INCONSTITUCIONAL?

El tiro de gracia de este proceso de privatización ha sido la llamada Ley de Libertad de Elección y la creación de un Área Única para Madrid que supondrá para muchos el “desmantelamiento de la Atención Primaria”, cuyo presupuesto, según denuncia el portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en el Parlamento regional, Lucas Fernández, ha sufrido un recorte del 4%.

El Gobierno regional se ampara en la libertad de elección, sin embargo, este derecho ya está reconocido en la norma estatal: la Ley General de Sanidad de 1986. Las críticas arrecian pero la lideresa no parece tener intención de dar un paso atrás.

En la práctica, esta ley supondrá que se incrementarán los recursos en aquellas zonas con mayor número de habitantes en detrimento del resto. En una población donde el centro de salud no cuente con especialistas, los pacientes optarán por trasladarse a otros lo que “romperá la equidad del sistema”. Esto perjudicará sobremanera a determinados colectivos como la tercera edad que demandan la cercanía de sus centros de referencia; o los enfermos crónicos, otra de los colectivos que más necesitan de los servicios sanitarios.

La portavoz de Sanidad de IU en la Asamblea de Madrid, Caridad García, recuerda que algunas poblaciones de la región carecen de especialidades como pediatría o radiología. Esta diputada afirma que los centros de atención primaria “serán los más perjudicados” y alerta del peligro de que la sanidad pública acabe convirtiéndose en “pura beneficencia”.

Desde esta formación, el diputado nacional Gaspar Llamazares, ha hecho un llamamiento al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, para que promueva un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la norma impulsada por el Gobierno del PP al entender que es el “marco legal de la denominada privatización funcional del sistema sanitario madrileño, y su posible incompatibilidad con la Ley General de Sanidad de 1986 y la Constitución Española de 1978, en su artículo 45 relativo al derecho a la protección de la salud de todos los españoles”.

Sostiene el dirigente de IU que las actuaciones del Ejecutivo de Aguirre forman parte “de una dinámica de privatización” que “sustituye el principio básico de integración de servicios de salud” por “un mercado único sanitario” donde el paciente pasa a ser cliente. “No es un modelo sanitario y sí de mercado, contrario a los principios constitucionales y las normas básicas de leyes del Estado como la Ley de Sanidad”, afirma.

UN ÁREA ÚNICA PARA MÁS DE SEIS MILLONES DE HABITANTES

Otra de las derivadas de la política sanitaria del PP de Madrid es la supresión de las actuales 11 áreas de salud por una sola. En opinión del secretario de políticas sectoriales de UGT de Madrid, Juan Luis Martínez, “la supresión de la áreas va a hacer imposible cumplir una de las principales funciones de las mismas como son la prevención de enfermedades y la promoción de la salud”. En este sentido también alerta de la supresión, por escasez de recursos, de los programas educativos de salud y pone un ejemplo práctico: un diabético (enfermo crónico) que, hasta ahora, gracias a dichos programas, “se le ha enseñado a llevar su enfermedad manteniendo los niveles adecuados de glucosa en sangre y a convivir y actuar con su dolencia, consiguiendo una mejor calidad de vida y disminuyendo sus visitas al centro de salud evitando así la sobrecarga”.

Martínez también puntualiza el derecho a la libertad de elección como una “libertad condicionada” dado la que la decisión final depende del médico y de la Administración. Al respecto, recuerda las declaraciones efectuadas por Aguirre en su última visita al hospital Clínico de Madrid que dispone de uno de los servicios de cirugía cardiaca punteros en el mundo a cargo del doctor Enrique Rodríguez. La presidenta destacó que si ella sufriera un problema de corazón querría ser atendida por ese equipo. Sin embargo, la ley impulsada por su Ejecutivo establece límites en la elección de este especialista: “El procedimiento para el ejercicio de la libertad de elección de médico en atención especializada tendrá en cuenta, entre otras condiciones, el grado de especialización de los facultativos pertenecientes a cada servicio médico hospitalario”, dice la norma, por lo que se podría denegar a un paciente dicha elección si su dolencia queda por debajo de “tan alto grado de especialización”.

EL GOBIERNO NO JUSTIFICA LA SUPRESIÓN DE LAS ÁREAS

Hasta el momento, el Ejecutivo regional no ha justificado la supresión de 10 de las 11 áreas de salud. Así lo denuncia CCOO que, al igual que UGT, sostiene que la gestión en un Área Única “obstaculizará la adecuada organización y planificación asistencial con el consiguiente riesgo de desigualdades y desequilibrios territoriales entre las zonas básicas de salud”.

La diputada de IU, Caridad García, desmonta la argumentación hecha por el Gobierno de Aguirre tomando como ejemplo a Barcelona, ciudad que dispone sólo de tres áreas. En primer lugar, explica, la ciudad condal tiene menos habitantes y además tiene “multitud de ‘distritos’ sanitarios cada uno con su propia fórmula de gestión”.

La consejería de Sanidad, apunta Juan Luis Martínez de UGT, considera las áreas como “barreras” cuando la ley general estatal dice que son “estructuras fundamentales” para garantizar la eficacia del servicio. Además –señala-, la norma uniprovincial “plantea una homologación” con provincias como Teruel, Ávila o Guadalajara con menos de 250.000 habitantes, mucho menor que la población madrileña. La Ley General de Sanidad fijó la obligatoriedad de un área precisamente para preservar el derecho en aquellas poblaciones con menor número de habitantes y no como un cupo mínimo, caso éste al que se ha agarrado el Gobierno madrileño.

REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS MEDIOS DE CONSULTA PARA INCENTIVAR LAS RETRIBUCIONES

Otro de los aspectos que denuncia la oposición es la política de incentivos a los profesionales médicos que amplíen su cartera de pacientes y disminuyan el tiempo medio de consulta. El portavoz socialista Lucas Fernández, médico de profesión en ejercicio, asegura que los objetivos presupuestarios de 2010 de la consejería de Sanidad prevén reducir los tiempos de consulta en la Atención Primaria a 7,3 minutos (la OMS establece un mínimo de 10 minutos) un minuto menos que en 2009.

La falta de recursos supondrá un recorte de casi 1.500 profesionales del personal sanitario de los hospitales. La comunidad de Madrid es la que menos euros por habitante invierte en Sanidad en 2010: 1.108 euros, 235 por debajo de la media del resto de CCAA. Con respecto a la inversión en gasto de personal en Atención Primaria, en 2010 baja en un 5,5%, mientras que el número de médicos presupuestado sigue siendo el mismo que en 2009, es decir, unos 4.600, mientras sube la población. Desde el comienzo del Gobierno de Aguirre, solo se han incrementado 8 centros con un aumento de población de 555.412 habitantes, un centro por cada 80.000 personas y un equipo por cada 31.000; cada médico debe atender a una media de 3.100 cartillas sanitarias, justo el doble del máximo recomendado por el Ministerio de Sanidad.

Fernández también pone el acento en la “injerencia política” a la hora de nombrar a los jefes de servicio y concluye afirmando que “la sanidad madrileña necesita más recursos y planificación y no la imposición de un Área Única que solamente determinará mayor ineficacia y lesiona la salud de los madrileños”.

MERCANTILIZACIÓN DEL SISTEMA

Y todo ello en pos de una cada vez mayor desregulación y mercantilización del sistema público de salud a través de la gestión privada. Juan Luis Martínez recuerda que el 40% del presupuesto regional va destinado a la sanidad, una suma de dinero importante y de reclamo al sector empresarial que, como es de esperar, actuará en función de resultados económicos. “Güemes piensa primero en el dinero y luego en las personas”, dice este sindicalista que compara el modelo de Aguirre con el sistema norteamericano, el mismo que ahora pretende mejorar el presidente Barack Obama.

En estos mismos términos se pronuncia José Manuel Freire, ex-consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, al que el secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha encargado la coordinación del Libro Blanco de la Sanidad, donde se plasmará el programa sanitario que los socialistas llevarán a las elecciones autonómicas de 2011.

Freire denuncia la “improvisación” y la “irresponsabilidad” del Gobierno regional y califica de “ocurrencias” las políticas sanitarias puestas en marcha por Aguirre. Al igual que Lucas Fernández, denuncia la “patrimonialización partidista de los cargos” situando en la administración sanitaria a políticos “que nunca han usado los servicios públicos y que no saben nada de ellos”. A su juicio, el servicio público de salud en Madrid atrae cada vez menos a las clases medias tendentes a hacerse con pólizas privadas.

Ante la “improvisación”, la “incompetencia” y el “antiigualitarismo”, Freire apuesta por la “radicalidad cívica en los valores, la universalidad de los servicios, el valor de la solidaridad y la equidad”. Asimismo aboga por un “buen gobierno” que tenga como principales virtudes la “transparencia y la gestión profesional”. Afirma que son necesarias políticas públicas que “miren por la calidad de la vida, la prevención, la regeneración y la eficacia”. No fumar en los espacios públicos es un ejemplo de todo ello, recuerda en contraposición con las críticas que desde el Gobierno regional se está haciendo al endurecimiento de la ley antitabaco que está impulsando el Ministerio.

El tsunami sanitario de Aguirre-Güemes
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