nuevatribuna.es
10 de noviembre de 2009, 9:10
NUEVATRIBUNA.ES - 10.11.2009
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha parado los pies a Esperanza Aguirre y a su polémica aplicación de la Ley de Dependencia. El TSJM ha sentenciado que todos aquellos ciudadanos que solicitaran la prestación de dependencia y que no se les respondiera en el plazo administrativo de seis meses quedan reconocidos como beneficiarios de una ayuda.
De este modo el TSJM anula así una orden de la Comunidad de Madrid que impuso en diciembre de 2008 en la que regulaba todo lo contrario, a través de lo que se conoce como silencio negativo: si la administración madrileña no respondía en un plazo de seis meses, la solicitud de los ciudadanos se anulaba, teniendo como única salida acudir a los tribunales.
Esta orden, anulada el pasado lunes, ha sido una triquiñuela más de la presidenta del Gobierno Regional, Esperanza Aguirre, para seguir evitando el cumplimiento de la Ley de Dependencia. Hace año y medio que sindicatos y particulares denuncian la kafkiana situación que padece la Comunidad de Madrid en lo que se refiere a estas prestaciones. Retraso de más de un año en recibir las ayudas, solicitudes que no llegan a ser atendidas o evaluaciones médicas que se quedaron en el camino.
En este sentido la sentencia del TSJM es “una lección para la Comunidad de Madrid que se ha dedicado a usar esta Ley como una herramienta de confrontación contra el Gobierno de España, y no como un instrumento a favor de los ciudadanos”, explicó a nuevatribuna.es, Ana González, secretaria de Política Social e Igualdad de CCOO Madrid.
Desde CCOO han recibido con alegría la sentencia: “Esperemos que el Gobierno Regional acate la respuesta del TSJM y no se invente evasivas para no cumplir la Ley”. El secretario de general del PSM, Tomás Gómez, también ha felicitado la decisión del órgano de Justicia: “Proteger a nuestros mayores es uno de los pilares del Estado de bienestar y por desgracia la CAM no lo está haciendo. Estamos contentos de que ahora les obliguen a cumplir la normativa”.
“UN PROBLEMA DE PLAZOS”
La Plataforma por la Dependencia de Alcorcón fue la responsable de denunciar la situación. Esta asociación también solicitó al TSJM que anulara los dos plazos en que dividió el Gobierno regional los trámites, uno para determinar el grado de dependencia del ciudadano y otro para asignar la ayuda correspondiente. Pero en este punto, el tribunal no ha estimado la demanda.
La secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de CCOO Madrid explica la situación: “El problema que ellos señalan es por la duración de los plazos, no por qué se divida en dos procedimientos, ya que es natural que en un primer momento se evalúe si el ciudadano es dependiente y después se especifique qué prestación necesita”.
El primer procedimiento se produce cuando el ciudadano requiere su prestación de dependencia. A partir de ese momento la Comunidad de Madrid tiene un plazo de seis meses para contestar y señalar si lo consideran dependiente o no. En el caso de que sí lo sea, se le envía una carta en el que le indica su grado de dependencia y le explican que posteriormente sabrá qué prestación recibirá. Sin embargo, entre el primer procedimiento y el segundo, el plazo de tiempo que puede pasar es indefinido: “Aquí radica el problema, conocemos muchos casos que han esperado más de un año desde que recibieron la carta de dependiente y hasta que comenzaron a tramitar su prestación”, cuenta ana González.
El segundo procedimiento (la decisión sobre qué prestación ofrecer) se inicia a través de una llamada telefónica y a partir de ese momento el plazo de respuesta vuelve a ser de seis meses: “Esto también es muy perverso ya que una llamada de teléfono no tiene constancia administrativa, el ciudadano no puede demostrar que se la han hecho y de ese modo se puede jugar con el periodo de tiempo”, dice González.
BAILE DE CIFRAS
Madrid sigue siendo la última comunidad autónoma en tramitación de solicitudes de dependencia. Hasta el pasado mes de septiembre se analizaron 42.000 solicitudes, de las cuales 36.000 se consideraron con derecho a prestación, pero sólo el 50% la ha recibido. Por ello hace un mes los sindicatos CCOO y UGT denunciaban que el 49% de los dependientes madrileños continúan sin recibir ayuda. Por otro lado, otros miles se ubican dentro del limbo que supone haber pasado el primer procedimiento y conseguir que se inicie el segundo.
La aplicación de la Ley tiene carácter progresivo, por lo que los primeros en ser atendidos son los ‘gran dependiente’ y las prestaciones más habituales están siendo la plaza residencial o la prestación económica para familiares que cuiden a dependientes en sus casas.
Una vez más la Comunidad de Madrid está “manipulando la implantación de la Ley”, dice Ana González. En este caso se debe a que la consejería de Asuntos Sociales y Familia pone en la lista de dependientes con prestaciones, a los mayores que ya antes de la aplicación de la Ley cubrían una plaza en residencias públicas de la Comunidad: “No están incluyendo a nuevos dependientes”, denuncia la secretaria de Política Social e Igualdad de CCOO Madrid.
En septiembre de este año había un total de 18.000 personas dependientes que recibían sus respectivas ayudas. De este total, 13.500 pertenecían a la prestación de plaza residencial; 2.435 la prestación económica a familiares; y por último, 2.200 tenían plazas en centros de día. Según CCOO, las 13.500 personas de residencia, son las mismas que venían antes del sistema público de servicios sociales, por lo que no son nuevos dependientes, a pesar de que Aguirre así lo venda.
Dentro de todos los males que sufre la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid, la sentencia del TSJM no sólo ayuda a que se cumpla correctamente la normativa, sino que se ha convertido en un símbolo de la lucha de miles de dependientes que la CAM se niega a atender. La manipulación y las mentiras del Gobierno Regional tienen las patas muy cortas y el pasado lunes la Justicia madrileña ha quitado de en medio uno de los obstáculos de Aguirre. Veremos cuánto tarda en inventarse otros y dejar a los ciudadanos solos ante su enfermedad.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha parado los pies a Esperanza Aguirre y a su polémica aplicación de la Ley de Dependencia. El TSJM ha sentenciado que todos aquellos ciudadanos que solicitaran la prestación de dependencia y que no se les respondiera en el plazo administrativo de seis meses quedan reconocidos como beneficiarios de una ayuda.
De este modo el TSJM anula así una orden de la Comunidad de Madrid que impuso en diciembre de 2008 en la que regulaba todo lo contrario, a través de lo que se conoce como silencio negativo: si la administración madrileña no respondía en un plazo de seis meses, la solicitud de los ciudadanos se anulaba, teniendo como única salida acudir a los tribunales.
Esta orden, anulada el pasado lunes, ha sido una triquiñuela más de la presidenta del Gobierno Regional, Esperanza Aguirre, para seguir evitando el cumplimiento de la Ley de Dependencia. Hace año y medio que sindicatos y particulares denuncian la kafkiana situación que padece la Comunidad de Madrid en lo que se refiere a estas prestaciones. Retraso de más de un año en recibir las ayudas, solicitudes que no llegan a ser atendidas o evaluaciones médicas que se quedaron en el camino.
En este sentido la sentencia del TSJM es “una lección para la Comunidad de Madrid que se ha dedicado a usar esta Ley como una herramienta de confrontación contra el Gobierno de España, y no como un instrumento a favor de los ciudadanos”, explicó a nuevatribuna.es, Ana González, secretaria de Política Social e Igualdad de CCOO Madrid.
Desde CCOO han recibido con alegría la sentencia: “Esperemos que el Gobierno Regional acate la respuesta del TSJM y no se invente evasivas para no cumplir la Ley”. El secretario de general del PSM, Tomás Gómez, también ha felicitado la decisión del órgano de Justicia: “Proteger a nuestros mayores es uno de los pilares del Estado de bienestar y por desgracia la CAM no lo está haciendo. Estamos contentos de que ahora les obliguen a cumplir la normativa”.
“UN PROBLEMA DE PLAZOS”
La Plataforma por la Dependencia de Alcorcón fue la responsable de denunciar la situación. Esta asociación también solicitó al TSJM que anulara los dos plazos en que dividió el Gobierno regional los trámites, uno para determinar el grado de dependencia del ciudadano y otro para asignar la ayuda correspondiente. Pero en este punto, el tribunal no ha estimado la demanda.
La secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de CCOO Madrid explica la situación: “El problema que ellos señalan es por la duración de los plazos, no por qué se divida en dos procedimientos, ya que es natural que en un primer momento se evalúe si el ciudadano es dependiente y después se especifique qué prestación necesita”.
El primer procedimiento se produce cuando el ciudadano requiere su prestación de dependencia. A partir de ese momento la Comunidad de Madrid tiene un plazo de seis meses para contestar y señalar si lo consideran dependiente o no. En el caso de que sí lo sea, se le envía una carta en el que le indica su grado de dependencia y le explican que posteriormente sabrá qué prestación recibirá. Sin embargo, entre el primer procedimiento y el segundo, el plazo de tiempo que puede pasar es indefinido: “Aquí radica el problema, conocemos muchos casos que han esperado más de un año desde que recibieron la carta de dependiente y hasta que comenzaron a tramitar su prestación”, cuenta ana González.
El segundo procedimiento (la decisión sobre qué prestación ofrecer) se inicia a través de una llamada telefónica y a partir de ese momento el plazo de respuesta vuelve a ser de seis meses: “Esto también es muy perverso ya que una llamada de teléfono no tiene constancia administrativa, el ciudadano no puede demostrar que se la han hecho y de ese modo se puede jugar con el periodo de tiempo”, dice González.
BAILE DE CIFRAS
Madrid sigue siendo la última comunidad autónoma en tramitación de solicitudes de dependencia. Hasta el pasado mes de septiembre se analizaron 42.000 solicitudes, de las cuales 36.000 se consideraron con derecho a prestación, pero sólo el 50% la ha recibido. Por ello hace un mes los sindicatos CCOO y UGT denunciaban que el 49% de los dependientes madrileños continúan sin recibir ayuda. Por otro lado, otros miles se ubican dentro del limbo que supone haber pasado el primer procedimiento y conseguir que se inicie el segundo.
La aplicación de la Ley tiene carácter progresivo, por lo que los primeros en ser atendidos son los ‘gran dependiente’ y las prestaciones más habituales están siendo la plaza residencial o la prestación económica para familiares que cuiden a dependientes en sus casas.
Una vez más la Comunidad de Madrid está “manipulando la implantación de la Ley”, dice Ana González. En este caso se debe a que la consejería de Asuntos Sociales y Familia pone en la lista de dependientes con prestaciones, a los mayores que ya antes de la aplicación de la Ley cubrían una plaza en residencias públicas de la Comunidad: “No están incluyendo a nuevos dependientes”, denuncia la secretaria de Política Social e Igualdad de CCOO Madrid.
En septiembre de este año había un total de 18.000 personas dependientes que recibían sus respectivas ayudas. De este total, 13.500 pertenecían a la prestación de plaza residencial; 2.435 la prestación económica a familiares; y por último, 2.200 tenían plazas en centros de día. Según CCOO, las 13.500 personas de residencia, son las mismas que venían antes del sistema público de servicios sociales, por lo que no son nuevos dependientes, a pesar de que Aguirre así lo venda.
Dentro de todos los males que sufre la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid, la sentencia del TSJM no sólo ayuda a que se cumpla correctamente la normativa, sino que se ha convertido en un símbolo de la lucha de miles de dependientes que la CAM se niega a atender. La manipulación y las mentiras del Gobierno Regional tienen las patas muy cortas y el pasado lunes la Justicia madrileña ha quitado de en medio uno de los obstáculos de Aguirre. Veremos cuánto tarda en inventarse otros y dejar a los ciudadanos solos ante su enfermedad.
