miércoles 20/10/21

El "saqueo urbanístico" amenaza los espacios litorales protegidos

Greenpeace revela la violación sistemática de la mitad de los parajes y parques naturales de la costa española. Además, la organización ecologista ha detectado casi 500 casos de corrupción urbanística y más de 300 cargos públicos imputados.
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. 07.07.2009

Ni siquiera los Espacios Naturales Protegidos (ENP) de la costa y supuestamente amparados por la legislación están a salvo de la destrucción del litoral que ha imperado los últimos años en España.

Esta es la principal conclusión del informe elaborado por Greenpeace sobre la situación del litoral que abarca unos 8.000 kilómetros de extensión. De los 233 espacios analizados por la organización ecologista, más de la mitad, 120, sufren algún tipo de amenaza por urbanismo, infraestructuras y contaminación, siendo las comunidades de Valencia, Andalucía y Canarias las que menos cuidan su litoral.

“Puede que la declaración de un espacio protegido les sirva a los políticos para ponerse medallas. Pero, cuando años después, descubren que esa protección es incompatible con algún proyecto urbanístico, intentan saltarse la norma que ellos mismos elaboraron, convirtiendo a estos espacios en parques de papel, en papel mojado”. Así se pronunció Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace durante la presentación del informe Destrucción a Toda Costa 2009.

ESPAÑA, EL PAÍS MÁS EXPEDIENTADO DE LA UE

Las cifras constatan cómo el desarrollo inmobiliario (sobre todo en los últimos 10 años) ha consumido ingentes cantidades de recursos naturales degradando el poco territorio virgen que queda en el litoral. España es el país de la Unión Europea al que más expedientes se le han abierto por agresiones al medio ambiente. El Estado y las comunidades autónomas son los principales responsables señala Greenpeace- “de un desarrollo urbanístico depredador que ha sido calificado por el Banco de España de economía suicida".

Y esto está lejos de cambiar, temen las organizaciones ecologistas. El propio presidente de Greenpeace España, Juan López de Uralde, denuncia que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no sólo no ha rectificado la política del suelo impulsada en tiempos de José María Aznar -que primó aquello “de todo suelo es urbanizable hasta que se demuestre lo contrario”-, sino que tampoco esgrime, a día de hoy, “un discurso en defensa del medio ambiente”. En este sentido, lamenta la marcha de la ex ministra Cristina Narbona, que puso en marcha una “estrategia de protección de la costa” llegando incluso a ordenar la demolición del macro hotel “ilegal” situado en el Algarrobico, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (en la foto), principal exponente del “saqueo y destrozo urbanístico” que se ha llevado a cabo en España en los últimos cuarenta años y cuya expropiación está paralizada, denuncia Uralde.

Una por una, Greenpeace ha ido analizando las comunidades autónomas con costa y, aunque algunas presentan más problemática que otras, el problema está en todas, sostiene. Valencia y Andalucía encabezan el ranking, seguidas de las Islas Canarias, Baleares y Galicia; pero también en Cataluña, Asturias, Murcia, Cantabria y Euskadi.

Construcción ilimitada de viviendas; hoteles, puertos, campos de golf, centros comerciales, polígonos industriales, parques temáticos, museos, parking y hasta una cárcel, todo en espacios naturales protegidos.

DEL BOOM INMOBILIARIO A CEMENTERIOS DE LADRILLO

“El Ministerio ni está ni se le espera”, afirma Uralde que hace un llamamiento a las autoridades españolas para “salvar los últimos espacios que quedan”. El abandono de la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa o el archivo de procesos de expropiación de edificaciones ilegales demuestran a juicio de este ecologista- “la nula política de gestión ante la crisis” y el progresivo “desmantelamiento de la legislación” vigente.

Y es que, se ha pasado, del boom inmobiliario a auténticos “cementerios de ladrillo”. Sólo en el litoral español hay un millón de viviendas vacías (la mitad en la costa mediterránea) mientras que las administraciones mantienen recalificaciones de suelo para cuando vuelvan a venir vacas gordas: hay 562.000 viviendas ilegales proyectadas.

Y si la crisis ha arrojado un panorama de derrumbe inmobiliario, aún peor será denuncia Greenpeace- que, “por inercia”, el Gobierno central pretenda paliarlo invirtiendo más en obra pública, en grandes infraestructuras que amenazan por igual al medio ambiente, relegándolo a políticas de “segunda división”, señala Uralde.

EL DERRUMBE DE CHIRINGUITOS, UNA CORTINA DE HUMO

“Lo que no tiene sentido en opinión de Pilar Marcos- es que derriben chiringuitos ilegales en playas urbanas y se siga manteniendo un hotel ilegal de 21 plantas en la playa protegida del Algarrobico”.

El monocultivo inmobiliario también arroja numerosos casos de corrupción (como muestra el cuadro) en todas las comunidades autónomas. Greenpeace ha detectado 478 casos, con 625 imputados, de los que más de la mitad son o han sido cargos públicos: alcaldes, concejales, o arquitectos en nómina para la administración, etc., etc.

En el informe, que puede descargarse desde la web de Greenpeace, se relata cada uno de estos casos y se ponen nombres y apellidos a los principales implicados.

Por todo ello, la organización ecologista demanda una “mayor atención” sobre los Espacios Naturales Protegidos, una política ambiental que refuerce la legislación vigente y un mayor liderazgo por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, para que actúe “con contundencia y sin arbitrariedades”, concluye Uralde.

CASOS DE CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

COMUNIDAD

CASOS

IMPUTADOS

CARGOS PÚBLICOS

Andalucía

114

332

59

Asturias

3

3

2

Cantabria

13

19

12

Cataluña

4

5

5

C. Valenciana

169

32

23

Euskadi

2

4

Galicia

29

41

36

I. Baleares

79

25

18

I. Canarias

52

95

R. de Murcia

13

69

29

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