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NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 30.5.2010

El PP considera que, de ser finalmente declarada contraria a la Constitución, la ley del aborto, aprobada el pasado 24 de febrero por el Senado, causaría "perjuicios irreparables evidentes al tratarse de vidas humanas cuya eliminación sería irremediable" y porque los 'populares' consideran que la norma no goza de la "presunción de constitucionalidad" al situarse "abiertamente contra la doctrina ya sentada" por el TC.

La información ha sido adelantada este domingo por el diario 'ABC', que explica que en concreto, el PP se opone a que la práctica del aborto se convierta en un derecho, a la posibilidad de interrumpir libremente el embarazo hasta la semana 14 de gestación o la capacidad para abortar sin el consentimiento paterno que se reconoce a las menores de 16 y 17 años. Por estos motivos, pedirá al Constitucional que resuelva el asunto por la vía de urgencia y suspenda de forma cautelar la aplicación de la conocida como 'ley Aído'.

El recurso ya está listo pero el PP apurará el plazo que tiene para presentarlo. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que los recursos se deben formular dentro del plazo de tres meses a partir de la publicación de la Ley en el BOE, lo que ocurrió el pasado 4 de marzo, por lo que los 'populares' sólo tienen de plazo hasta finales de la próxima semana.

El principal partido de la oposición argumenta que su recurso se basa en la doctrina aplicada por el Constitucional hasta ahora y que defiende que el derecho a la vida "es el derecho fundamental esencial y troncal", así como que "la vida humana comienza con la gestación". Además, alegan que el aborto se plantea como un conflicto entre los derechos de la mujer y los del no nacido, por lo que consideran que no puede contemplarse sólo desde la perspectiva de uno de ellos.

Por ello, los 'populares' creen que el Estado tiene la obligación de defender el derecho a la vida del no nacido y que, a su juicio, entra en contradicción con la ley recurrida que hace del aborto un derecho de la mujer, incluso en el caso de las menores de 16 y 17 años que pueden abortar sin el consentimiento de sus padres. En su opinión, esto supone una doble inconstitucionalidad al privar a los padres del ejercicio de la patria potestad, al tiempo que se priva a las hijas de gozar de la protección y asesoramiento de sus progenitores.

"LA SUSPENSIÓN NO SERÍA NORMAL"

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado que "lo normal" es que el Tribunal Constitucional (TC) rechace el recurso que tiene previsto presentar el Partido Popular (PP) contra la ley del aborto, puesto que las leyes son aprobadas por los "representantes legítimos".

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, Caamaño ha argumentado que el tribunal sólo suele suspender una norma "cuando se da un conflicto entre la ley de la Comunidad Autónoma y la ley del Estado" para que las autoridades competentes sepan a cuál de ellas deben atenerse.

"La ley es la norma que aprueban los representantes legítimos de los ciudadanos, por tanto la ley no se suspende como regla general y así lo entiende el Tribunal Constitucional", ha añadido el responsable de la cartera de Justicia, en referencia al recurso que presentarán los 'populares' con el fin de que el TC suspenda cautelarmente la conocida como 'ley Aído' por los "perjuicios irreparables" que podría causar de ser finalmente declarada contraria a la Constitución.

ESTATUT Y CASO GARZÓN

Asimismo, Caamaño ha defendido el trabajo del TC en lo que se refiere a la reforma del Estatuto catalán, alegando que "está trabajando respecto a las reglas de juego que da la ley". Además, ha destacado la situación en la que éste se encuentra al entender la opinión pública que el Estatuto se trataba de "una reforma encubierta de la Constitución". "Eso coloca ya al TC ante el mayor recurso de su historia", ha señalado.

El ministro ha comentado que "afortunadamente en esta legislatura la modernización de la justicia es una prioridad", gracias a que el Gobierno entiende que ello es "clave" para salir de la crisis. Por este motivo, ha destacado que las aportaciones se van a mantener "por lo menos este año, aunque podría haber algún ajuste en 2011".

Por último, Caamaño ha abogado por "dejar trabajar a los jueces y tribunales" en lo que respecta al cese del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón porque "los tiempos jurídicos no son iguales que los políticos". Ha recordado que este asunto se encuentra en una fase inicial. "Ahora empezará el juicio y esperaremos a que dicten sentencia", ha añadido, indicando que una democracia joven como la española debe "aprender de las experiencias" y darse cuenta que "lo coherente es que no pueda mantenerse por sí sola una acusación popular cuando el ministerio público o las víctimas consideran que no hay delito".

El PP quiere sortear la soberanía popular suspendiendo el aborto