nuevatribuna.es
22 de enero de 2010, 10:32
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS 21.1.2010
30.000 personas según la policía local y 60.000 según los organizadores han salido a la calle, en Santiago de Compostela, convocados por la plataforma 'Queremos Galego' y por los sindicatos CIG y STEG para protestar contra la propuesta de decreto del gallego en la enseñanza de la Xunta, que establece un reparto de las materias en tres tercios entre el castellano, el idioma de Galicia y una lengua extranjera.
A la cabeza de la manifestación, tras una pancarta en la que se podía leer 'Paremos o decretazo contra o galego', se han situado los responsables de las diferentes entidades culturales y políticas que forman parte de la citada plataforma, entre ellos el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez; el portavoz de Queremos Galego, Fran Rei; y los representantes de varios sindicatos estudiantiles. En declaraciones a los medios, el presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Callón, ha celebrado la "respuesta unánime" de la sociedad frente a aquellos que tildaron de "radicales" a los defensores del gallego, es decir, a aquellos que "reivindican que se cumpla la legislación vigente" a partir de la aprobación de la Ley de Normalización Lingüística.
Paralelamente a la manifestación se ha celebrado una huelga en la enseñanza no universitaria, cuyo seguimiento, según la Plataforma, ha sido del 90 por ciento. Carlos Callón y el secretario nacional de CIG-Ensino, Anxo Louzao, la han calificado omo una "movilización unánime" de la sociedad gallega y de la comunidad educativa. Otros sindicatos participantes en la protesta, como CC.OO., han apuntado más de un 70 por ciento de apoyo a la jornada de huelga, a la espera de conocer los resultados definitivos, mientras que UGT ha resaltado que el seguimiento iba en aumento. Por contra, la Xunta ha rebajado la participación en la huelga por debajo del 50 por ciento.
En las horas previas a su celebración, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo la tachó de "huelga nacionalista" y de "xuízo previo". "Allá la responsabilidad de cada quien", avisó Feijóo ante la primera huelga en contra de su gestión, nueve meses después de llegar a San Caetano. Su conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, ha sugerido que la protesta es cosa de un "pequeño grupo que sigue interesado en tensionar el clima". Menos contención verbal ha mostrado el director general de Centros e Recursos Humanos de Educación, José Manuel Pinal, que ha acusado a los convocantes de "intransigencia total" por sostener que antes de realizar un paro "habrá que hablar" para "poder entenderse y llegar a un consenso" respecto a la norma.
Entre las entidades que han apoyado la movilización de Queremos Galego, se encuentran otras plataformas cívicas como 'Galego, patrimonio da humanidade'; además de los grupos políticos del PSdeG y del BNG, cuyos portavoces participarán en la manifestación de Santiago de Compostela. Asimismo, se han adherido, entre otros, los sindicatos CIG-Ensino; CC.OO-Ensino; FETE-UGT; y STEG; además de asociaciones culturales; juveniles y sindicatos de estudiantes --IESGA, Comités, Sindicato de Estudantes--. Además de docentes y alumnos, a la protesta se han sumado distintas personalidades del mundo de la cultura y la política como el secretario general del PSdeG, Manuel Vázquez. Vázquez ha advertido a Feijóo del "grito unánime" de la sociedad gallega contra el 'decretazo' y ha opinado que es "increíble" que la sociedad tenga que "pedirle al presidente de Galicia" que no "ataque las señales de identidad" del país y consideró que esta protesta debe "hacer reflexionar a este gobierno".
También han estado en la protesta otros destacados dirigentes del PSdeG como el alcalde de Ames y presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Carlos Fernández, el diputado estatal Ceferino Díaz, y parlamentarios autonómicos como Guillermo Meijón, Ismael Rego, Pablo López Vidal, Sonia Verdes, María Quintas, Tomé Roca, José Manuel Lage Tuñas, Abel Losada o Manuel Gallego Lomba.
Del otro lado, el PP ha insistido en denunciar "amenazas" para forzar a ir a la huelga de hoy y el reparto de panfletos en las aulas. Queremos Galego ha replicado que estudiará emprender medidas legales en contra del PP por acusar a la plataforma de "conductas delictivas".
UN 20% MARCA LA DIFERENCIA
Lo que ha desencadenado estas protestas es la pretensión de la Xunta de reducir la ensañanza en gallego del 50% actual a un 30% para que los dos tercios restantes se impartan en castellano y en inglés. Pero, parece que las airadas reacciones que ha provocado la rebaja han surtido ya algún efecto porque este miércoles, un día antes de la huelga prevista para hoy, el presidente, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado dispuesto a aceptar "un bilingüismo equilibrado" mientras se inicia el camino para introducir una tercera lengua, como el inglés.
Ese proyecto choca con varios obstáculos. El primero es el que admitió la propia Consellería de Educación a través de una carta remitida a los docentes en la que avisaba que la introducción de la tercera lengua no ocurrirá a corto plazo por la dificultad de contar con los profesores adecuados: "Somos realistas, sabemos que no se puede implantar de golpe sin tener en cuenta la indudable importancia del profesorado".
Por otra parte, un grupo de 60 jueces, abogados, catedráticos de Derecho y fiscales de Galicia han alertado de que el borrador del decreto de la lengua presenta "indicios claros de ilegalidad" al entrar en conflicto con normas de mayor rango en al menos cinco puntos, por lo que podría ser considerado "nulo". Pese a que este colectivo señaló que no prevé iniciar acciones legales contra la futura norma, asegura que es posible presentar un recurso en su contra tanto en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia como en el Constitucional.
OBSTÁCULOS JURÍDICOS
Concretamente, el grupo llama la atención sobre la Ley Orgánica de Educación, LOE, que establece que el tratamiento de las lenguas oficiales y las extranjeras "no puede ser equiparado de forma generalizada y obligatoria en el ámbito educativo". Algo que chocaría con el reparto de un tercio para cada idioma del decreto de la Xunta.
Los juristas aseguran también que la elección por parte de los padres de la lengua en la que reciben las clases sus hijos vulnera la configuración del derecho de educación de la Constitución, puesto que sólo atiende a "cuestiones morales o religiosas". En el resto de los casos, corresponde a los poderes públicos configurar los currículos escolares. Por otra parte, el borrador incumple la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la que se establece una discriminación positiva hacia las lenguas minoritarias, lo que obligaría a más horas lectivas en gallego que en castellano.
A ello se suma la Carta Europea, que en lo relativo a las lenguas minoritarias exige la presencia de estos idiomas en todas las etapas educativas. Con la propuesta de la Xunta, podría darse el caso de que en clases de Educación Infantil no se impartiese ninguna materia en gallego ya que se usará la lengua materna de los pequeños.
Los juristas de Galicia aseguran que el futuro decreto del gallego entraría en contradicción incluso con el ordenamiento jurídico de la comunidad. La ley autonómica establece que la lengua de la Administración es por defecto el gallego, por lo que un funcionario público -como un profesor de Secundaria- no tendría libertad para escoger el idioma en el que trabaja, sino que debería acatar la ley.
30.000 personas según la policía local y 60.000 según los organizadores han salido a la calle, en Santiago de Compostela, convocados por la plataforma 'Queremos Galego' y por los sindicatos CIG y STEG para protestar contra la propuesta de decreto del gallego en la enseñanza de la Xunta, que establece un reparto de las materias en tres tercios entre el castellano, el idioma de Galicia y una lengua extranjera.
A la cabeza de la manifestación, tras una pancarta en la que se podía leer 'Paremos o decretazo contra o galego', se han situado los responsables de las diferentes entidades culturales y políticas que forman parte de la citada plataforma, entre ellos el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez; el portavoz de Queremos Galego, Fran Rei; y los representantes de varios sindicatos estudiantiles. En declaraciones a los medios, el presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Callón, ha celebrado la "respuesta unánime" de la sociedad frente a aquellos que tildaron de "radicales" a los defensores del gallego, es decir, a aquellos que "reivindican que se cumpla la legislación vigente" a partir de la aprobación de la Ley de Normalización Lingüística.
Paralelamente a la manifestación se ha celebrado una huelga en la enseñanza no universitaria, cuyo seguimiento, según la Plataforma, ha sido del 90 por ciento. Carlos Callón y el secretario nacional de CIG-Ensino, Anxo Louzao, la han calificado omo una "movilización unánime" de la sociedad gallega y de la comunidad educativa. Otros sindicatos participantes en la protesta, como CC.OO., han apuntado más de un 70 por ciento de apoyo a la jornada de huelga, a la espera de conocer los resultados definitivos, mientras que UGT ha resaltado que el seguimiento iba en aumento. Por contra, la Xunta ha rebajado la participación en la huelga por debajo del 50 por ciento.
En las horas previas a su celebración, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo la tachó de "huelga nacionalista" y de "xuízo previo". "Allá la responsabilidad de cada quien", avisó Feijóo ante la primera huelga en contra de su gestión, nueve meses después de llegar a San Caetano. Su conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, ha sugerido que la protesta es cosa de un "pequeño grupo que sigue interesado en tensionar el clima". Menos contención verbal ha mostrado el director general de Centros e Recursos Humanos de Educación, José Manuel Pinal, que ha acusado a los convocantes de "intransigencia total" por sostener que antes de realizar un paro "habrá que hablar" para "poder entenderse y llegar a un consenso" respecto a la norma.
Entre las entidades que han apoyado la movilización de Queremos Galego, se encuentran otras plataformas cívicas como 'Galego, patrimonio da humanidade'; además de los grupos políticos del PSdeG y del BNG, cuyos portavoces participarán en la manifestación de Santiago de Compostela. Asimismo, se han adherido, entre otros, los sindicatos CIG-Ensino; CC.OO-Ensino; FETE-UGT; y STEG; además de asociaciones culturales; juveniles y sindicatos de estudiantes --IESGA, Comités, Sindicato de Estudantes--. Además de docentes y alumnos, a la protesta se han sumado distintas personalidades del mundo de la cultura y la política como el secretario general del PSdeG, Manuel Vázquez. Vázquez ha advertido a Feijóo del "grito unánime" de la sociedad gallega contra el 'decretazo' y ha opinado que es "increíble" que la sociedad tenga que "pedirle al presidente de Galicia" que no "ataque las señales de identidad" del país y consideró que esta protesta debe "hacer reflexionar a este gobierno".
También han estado en la protesta otros destacados dirigentes del PSdeG como el alcalde de Ames y presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Carlos Fernández, el diputado estatal Ceferino Díaz, y parlamentarios autonómicos como Guillermo Meijón, Ismael Rego, Pablo López Vidal, Sonia Verdes, María Quintas, Tomé Roca, José Manuel Lage Tuñas, Abel Losada o Manuel Gallego Lomba.
Del otro lado, el PP ha insistido en denunciar "amenazas" para forzar a ir a la huelga de hoy y el reparto de panfletos en las aulas. Queremos Galego ha replicado que estudiará emprender medidas legales en contra del PP por acusar a la plataforma de "conductas delictivas".
UN 20% MARCA LA DIFERENCIA
Lo que ha desencadenado estas protestas es la pretensión de la Xunta de reducir la ensañanza en gallego del 50% actual a un 30% para que los dos tercios restantes se impartan en castellano y en inglés. Pero, parece que las airadas reacciones que ha provocado la rebaja han surtido ya algún efecto porque este miércoles, un día antes de la huelga prevista para hoy, el presidente, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado dispuesto a aceptar "un bilingüismo equilibrado" mientras se inicia el camino para introducir una tercera lengua, como el inglés.
Ese proyecto choca con varios obstáculos. El primero es el que admitió la propia Consellería de Educación a través de una carta remitida a los docentes en la que avisaba que la introducción de la tercera lengua no ocurrirá a corto plazo por la dificultad de contar con los profesores adecuados: "Somos realistas, sabemos que no se puede implantar de golpe sin tener en cuenta la indudable importancia del profesorado".
Por otra parte, un grupo de 60 jueces, abogados, catedráticos de Derecho y fiscales de Galicia han alertado de que el borrador del decreto de la lengua presenta "indicios claros de ilegalidad" al entrar en conflicto con normas de mayor rango en al menos cinco puntos, por lo que podría ser considerado "nulo". Pese a que este colectivo señaló que no prevé iniciar acciones legales contra la futura norma, asegura que es posible presentar un recurso en su contra tanto en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia como en el Constitucional.
OBSTÁCULOS JURÍDICOS
Concretamente, el grupo llama la atención sobre la Ley Orgánica de Educación, LOE, que establece que el tratamiento de las lenguas oficiales y las extranjeras "no puede ser equiparado de forma generalizada y obligatoria en el ámbito educativo". Algo que chocaría con el reparto de un tercio para cada idioma del decreto de la Xunta.
Los juristas aseguran también que la elección por parte de los padres de la lengua en la que reciben las clases sus hijos vulnera la configuración del derecho de educación de la Constitución, puesto que sólo atiende a "cuestiones morales o religiosas". En el resto de los casos, corresponde a los poderes públicos configurar los currículos escolares. Por otra parte, el borrador incumple la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la que se establece una discriminación positiva hacia las lenguas minoritarias, lo que obligaría a más horas lectivas en gallego que en castellano.
A ello se suma la Carta Europea, que en lo relativo a las lenguas minoritarias exige la presencia de estos idiomas en todas las etapas educativas. Con la propuesta de la Xunta, podría darse el caso de que en clases de Educación Infantil no se impartiese ninguna materia en gallego ya que se usará la lengua materna de los pequeños.
Los juristas de Galicia aseguran que el futuro decreto del gallego entraría en contradicción incluso con el ordenamiento jurídico de la comunidad. La ley autonómica establece que la lengua de la Administración es por defecto el gallego, por lo que un funcionario público -como un profesor de Secundaria- no tendría libertad para escoger el idioma en el que trabaja, sino que debería acatar la ley.
