nuevatribuna.es
14 de noviembre de 2010, 8:40
NUEVATRIBUNA.ES 12.11.2010
Lejos de responder a las reivindicaciones de los ‘okupas’ del antiguo mercado de Puerta Bonita en Carabanchel, el Ayuntamiento de Madrid pretende zanjar cuanto antes tan molesto asunto; si no es por las buenas, por las malas. Este mismo viernes, el delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, Miguel Ángel Villanueva, amenazó con emprender acciones judiciales para “hacer cumplir la ley” en defensa del “patrimonio” del Ayuntamiento. La advertencia llega después de que la policía se personara en el lugar para iniciar el proceso judicial del desalojo avisada por varios vecinos de que el edificio había sido ocupado por una veintena de personas con la intención de crear un centro social.
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El inmueble se encuentra en unas condiciones de total abandono, lleno de escombros y con las paredes medio derruidas. La iniciativa ‘okupa’ se produce tras esperar meses a que el consistorio dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón cumpla su promesa de darle un uso social o cultural. Tampoco se refirió a esto el delegado Villanueva al que lo único que parece preocuparle es que la instalación es “de propiedad municipal asociada a la actividad de mercado”, de ahí “la necesidad de respetar un espacio que ya es de todos”.
Y es que el Gobierno municipal quiere vender la finca después de que en abril de 2008 obligara a un traslado de las tiendas que los propios comerciantes tuvieron que costear de su bolsillo (aportando un 40%) según denuncian los propios ‘okupas’.
La oposición coincide “plenamente con Villanueva en la obligación de hacer cumplir la ley”. Así lo ha manifestado el concejal socialista Gabriel Calles, a su vez miembro de la Comisión de Economía del Ayuntamiento y portavoz del Grupo Socialista en el distrito de Carabanchel. Pero aunque el edil reconoce la irregularidad de la ocupación ha exigido al Gobierno municipal que “cumpla con sus obligaciones dando un uso cívico al centro”.
Calles también ha denunciado que el distrito de Carabanchel “tiene un déficit importante de equipamientos sociales” y “como siempre queda fuera de los planes” del Ayuntamiento en materia de infraestructuras. Por ello, insta al ejecutivo regional a no volver a cerrar el edificio sino “convertirlo en equipamiento social, ya sea como centro de mayores, centro cultural o centro de juventud”. Para el concejal, el consistorio “no se puede permitir el lujo de tener cerrado un local municipal” y considera que se deberían “ceder las instalaciones municipales desocupadas y cerradas a las entidades ciudadanas del distrito que quieran desarrollar proyectos”, precisamente lo que están pidiendo los ‘okupas’.
Lejos de responder a las reivindicaciones de los ‘okupas’ del antiguo mercado de Puerta Bonita en Carabanchel, el Ayuntamiento de Madrid pretende zanjar cuanto antes tan molesto asunto; si no es por las buenas, por las malas. Este mismo viernes, el delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, Miguel Ángel Villanueva, amenazó con emprender acciones judiciales para “hacer cumplir la ley” en defensa del “patrimonio” del Ayuntamiento. La advertencia llega después de que la policía se personara en el lugar para iniciar el proceso judicial del desalojo avisada por varios vecinos de que el edificio había sido ocupado por una veintena de personas con la intención de crear un centro social.
El inmueble se encuentra en unas condiciones de total abandono, lleno de escombros y con las paredes medio derruidas. La iniciativa ‘okupa’ se produce tras esperar meses a que el consistorio dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón cumpla su promesa de darle un uso social o cultural. Tampoco se refirió a esto el delegado Villanueva al que lo único que parece preocuparle es que la instalación es “de propiedad municipal asociada a la actividad de mercado”, de ahí “la necesidad de respetar un espacio que ya es de todos”.Y es que el Gobierno municipal quiere vender la finca después de que en abril de 2008 obligara a un traslado de las tiendas que los propios comerciantes tuvieron que costear de su bolsillo (aportando un 40%) según denuncian los propios ‘okupas’.
La oposición coincide “plenamente con Villanueva en la obligación de hacer cumplir la ley”. Así lo ha manifestado el concejal socialista Gabriel Calles, a su vez miembro de la Comisión de Economía del Ayuntamiento y portavoz del Grupo Socialista en el distrito de Carabanchel. Pero aunque el edil reconoce la irregularidad de la ocupación ha exigido al Gobierno municipal que “cumpla con sus obligaciones dando un uso cívico al centro”.
Calles también ha denunciado que el distrito de Carabanchel “tiene un déficit importante de equipamientos sociales” y “como siempre queda fuera de los planes” del Ayuntamiento en materia de infraestructuras. Por ello, insta al ejecutivo regional a no volver a cerrar el edificio sino “convertirlo en equipamiento social, ya sea como centro de mayores, centro cultural o centro de juventud”. Para el concejal, el consistorio “no se puede permitir el lujo de tener cerrado un local municipal” y considera que se deberían “ceder las instalaciones municipales desocupadas y cerradas a las entidades ciudadanas del distrito que quieran desarrollar proyectos”, precisamente lo que están pidiendo los ‘okupas’.
