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12 de octubre de 2010, 12:13
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 11.10.2010
Un equipo de forenses entró el pasado 6 de septiembre, por primera vez y en secreto, en las tumbas del Valle de los Caídos. El estado de los osarios es "inviable", y por tanto su identificación no es posible, según comunicó el Ejecutivo a los familiares que lo habían solicitado, tal y como publica esta semana la revista Interviú.
Ni siquiera los monjes benedictinos que residen en el monumento fueron informados de que se iba a abrir el osario, en el que se encuentran restos de 40.000 personas. Sólo nueve familias habían reclamado los cuerpos de sus seres queridos, nueve republicanos ajusticiados durante la Guerra Civil y trasladados al mausoleo sin el conocimiento de sus familiares.
Una vez que la vía judicial se estancó, estas familias acudieron al Ministerio de la Presidencia, donde presentaron un proyecto para recuperar los cuerpos. Pero su petición fue denegada y el Gobierno comunicó públicamente el 16 de septiembre que no se procedería a la exhumación de restos del Valle de los Caídos. En esa fecha los forenses llevaban ya más de una semana buscando en los osarios.
Los expertos accedieron a los seis osarios de las capillas laterales del templo y a los dos más grandes de tres plantas cada uno y perpendiculares al altar central. Los cuerpos se encuentran apilados en cajas de madera con un número de registro; miles de ellos están en cajas comunes con restos de seis o siete personas identificados por su lugar de procedencia. Los forenses comprobaron que los cofres se han podrido por la humedad y que es prácticamente imposible retirar un cuerpo determinado, o una caja independiente de otra. Según la revista, los restos están mezclados y no es posible distinguir unos de otros.
El problema reside en que la Ley de Memoria Histórica cuenta con un presupuesto de 60.000 euros, el precio de un análisis de ADN con garantías judiciales es de 400 euros y los enterrados en el Valle de los Caídos son miles.
El mismo semanario informa de que la bandera de España que se encuentra dibujada en los frescos de la cúpula de la basílica sobre piedra troquelada está tapada con una gran tabla de madera, dado que no fue posible borrarla con ningún tipo de disolvente, según se puede comprobar en una fotografía que publica la revista. La Ley de Memoria Histórica prohíbe la exhibición de símbolos predemocráticos en cualquier espacio público. Una norma que afecta al Valle de los Caídos, donde no se puede entrar con la bandera española ni siquiera con el emblema constitucional.
EL GOBIERNO DESMIENTE LA INFORMACIÓN
El Gobierno, sin embargo, lo niega todo. El Ministerio de la Presidencia ha informado de que entre los meses de mayo y septiembre ha realizado "prospecciones" en las criptas y osarios del Valle de los Caídos, como parte de un estudio sobre su estado de conservación, y ha puntualizado que en ningún momento se ha llevado cabo "ninguna exhumación ni traslado".
En un comunicado, el departamento que dirige María Teresa Fernández de la Vega ha explicado que "los estudios forenses aun no han concluido" y que, cuando llegue ese momento, el Ejecutivo "hará públicas sus conclusiones" y las dará a los grupos parlamentarios y a las asociaciones y familiares que se han interesado por este asunto. Los estudios pretenden "comprobar el estado de los restos y la viabilidad de las exhumaciones" solicitadas por varias familias de víctimas del franquismo enterradas allí.
Presidencia ha señalado que este examen forense se ha emprendido "dentro de un procedimiento administrativo" en el marco de las competencias de Patrimonio Nacional, "que tiene la responsabilidad del mantenimiento y conservación del Valle de los Caídos", y ha añadido que tal procedimiento es público y que se ha dado información la comunidad benedictina que reside en el complejo.
Por el momento, el Gobierno ha comunicado a las familias que solicitaron subvenciones para exhumar restos que el monumento no está condiciones de dar entrada allí a particulares, sino que hace falta un trabajo previo documental --para elaborar un censo-- y forense. Así, según el Ejecutivo, su estudio sobre el Valle de los Caídos tiene varias partes, ya que además de comprobar el estado de las fosas desde el punto de vista forense y arquitectónico, hay una parte "documental", que consiste en compilar y examinar todos los documentos de la época para "determinar la distribución de los restos en los distintos osarios".
Todo ello se enmarca en el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica --la localización y exhumación de desaparecidos es una de las prioridades de las subvenciones otorgadas en virtud de la ley-- y al mandato parlamentario de la Comisión Constitucional del Congreso que, el 30 de septiembre de 2009, aprobó una proposición no de ley instando al Gobierno a elaborar un censo de personas enterradas en el Valle de los Caídos y a facilitar las exhumaciones y "agilizar el traslado de los restos mortales de las personas allí enterradas" cuando lo pidan sus familiares o sus representantes. También con ese fin, Patrimonio Nacional y la Oficina de Víctimas del Ministerio de Justicia firmaron hace un año un acuerdo para digitalizar las fuentes documentales de los estos inhumados en el Valle de los Caídos.
Un equipo de forenses entró el pasado 6 de septiembre, por primera vez y en secreto, en las tumbas del Valle de los Caídos. El estado de los osarios es "inviable", y por tanto su identificación no es posible, según comunicó el Ejecutivo a los familiares que lo habían solicitado, tal y como publica esta semana la revista Interviú.
Ni siquiera los monjes benedictinos que residen en el monumento fueron informados de que se iba a abrir el osario, en el que se encuentran restos de 40.000 personas. Sólo nueve familias habían reclamado los cuerpos de sus seres queridos, nueve republicanos ajusticiados durante la Guerra Civil y trasladados al mausoleo sin el conocimiento de sus familiares.
Una vez que la vía judicial se estancó, estas familias acudieron al Ministerio de la Presidencia, donde presentaron un proyecto para recuperar los cuerpos. Pero su petición fue denegada y el Gobierno comunicó públicamente el 16 de septiembre que no se procedería a la exhumación de restos del Valle de los Caídos. En esa fecha los forenses llevaban ya más de una semana buscando en los osarios.
Los expertos accedieron a los seis osarios de las capillas laterales del templo y a los dos más grandes de tres plantas cada uno y perpendiculares al altar central. Los cuerpos se encuentran apilados en cajas de madera con un número de registro; miles de ellos están en cajas comunes con restos de seis o siete personas identificados por su lugar de procedencia. Los forenses comprobaron que los cofres se han podrido por la humedad y que es prácticamente imposible retirar un cuerpo determinado, o una caja independiente de otra. Según la revista, los restos están mezclados y no es posible distinguir unos de otros.
El problema reside en que la Ley de Memoria Histórica cuenta con un presupuesto de 60.000 euros, el precio de un análisis de ADN con garantías judiciales es de 400 euros y los enterrados en el Valle de los Caídos son miles.
El mismo semanario informa de que la bandera de España que se encuentra dibujada en los frescos de la cúpula de la basílica sobre piedra troquelada está tapada con una gran tabla de madera, dado que no fue posible borrarla con ningún tipo de disolvente, según se puede comprobar en una fotografía que publica la revista. La Ley de Memoria Histórica prohíbe la exhibición de símbolos predemocráticos en cualquier espacio público. Una norma que afecta al Valle de los Caídos, donde no se puede entrar con la bandera española ni siquiera con el emblema constitucional.
EL GOBIERNO DESMIENTE LA INFORMACIÓN
El Gobierno, sin embargo, lo niega todo. El Ministerio de la Presidencia ha informado de que entre los meses de mayo y septiembre ha realizado "prospecciones" en las criptas y osarios del Valle de los Caídos, como parte de un estudio sobre su estado de conservación, y ha puntualizado que en ningún momento se ha llevado cabo "ninguna exhumación ni traslado".
En un comunicado, el departamento que dirige María Teresa Fernández de la Vega ha explicado que "los estudios forenses aun no han concluido" y que, cuando llegue ese momento, el Ejecutivo "hará públicas sus conclusiones" y las dará a los grupos parlamentarios y a las asociaciones y familiares que se han interesado por este asunto. Los estudios pretenden "comprobar el estado de los restos y la viabilidad de las exhumaciones" solicitadas por varias familias de víctimas del franquismo enterradas allí.
Presidencia ha señalado que este examen forense se ha emprendido "dentro de un procedimiento administrativo" en el marco de las competencias de Patrimonio Nacional, "que tiene la responsabilidad del mantenimiento y conservación del Valle de los Caídos", y ha añadido que tal procedimiento es público y que se ha dado información la comunidad benedictina que reside en el complejo.
Por el momento, el Gobierno ha comunicado a las familias que solicitaron subvenciones para exhumar restos que el monumento no está condiciones de dar entrada allí a particulares, sino que hace falta un trabajo previo documental --para elaborar un censo-- y forense. Así, según el Ejecutivo, su estudio sobre el Valle de los Caídos tiene varias partes, ya que además de comprobar el estado de las fosas desde el punto de vista forense y arquitectónico, hay una parte "documental", que consiste en compilar y examinar todos los documentos de la época para "determinar la distribución de los restos en los distintos osarios".
Todo ello se enmarca en el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica --la localización y exhumación de desaparecidos es una de las prioridades de las subvenciones otorgadas en virtud de la ley-- y al mandato parlamentario de la Comisión Constitucional del Congreso que, el 30 de septiembre de 2009, aprobó una proposición no de ley instando al Gobierno a elaborar un censo de personas enterradas en el Valle de los Caídos y a facilitar las exhumaciones y "agilizar el traslado de los restos mortales de las personas allí enterradas" cuando lo pidan sus familiares o sus representantes. También con ese fin, Patrimonio Nacional y la Oficina de Víctimas del Ministerio de Justicia firmaron hace un año un acuerdo para digitalizar las fuentes documentales de los estos inhumados en el Valle de los Caídos.
