nuevatribuna.es
14 de abril de 2009, 15:46
NUEVATRIBUNA.ES - 14.04.2009
Después de 15 años de crímenes, torturas, violaciones y el dolor de unas madres que se hace agónico, se ha conseguido que el feminicidio que se perpetra en ciudad Juárez se lleve a juicio.
Los valientes (cientos de abogados se han negado a tratar el tema por temor a represalias) son dos abogados mexicanos que ejercerán como acusación en el juicio contra el Estado de México por presunta impunidad, falta de investigación y de actuación en el caso de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, proceso que instruirá la Corte Interamericanal de Derechos Humanos (CIDH) entre el 27 y el 30 de abril en Santiago de Chile.
El abogado español Emilio Ginés, que será quien asesore a los abogados mexicanos, ha explicado esta mañana en rueda de prensa los datos de un juicio que no es sólo esencial en México, sino que puede tener una repercusión crucial en toda América Latina.
Los abogados mexicanos Karla Micheel Salas y David Peña se encargarán de la acusación en un juicio que sólo se centrará en los casos de tres mujeres asesinadas en el conocido caso del Campo Algodonero, ocurrido en el año 2001. En total, fueron ocho los cadáveres encontrados en este lugar, una zona de trabajo situada a las afueras de Ciudad Juárez, pero cinco de los cuerpos no fueron identificados a tiempo de presentar la acusación.
“No sólo se va a juzgar el caso de las tres mujeres, sino el de todos los asesinatos que se llevan cometiendo en esta ciudad mexicana desde 1993 y también el de todas las mujeres que sufren este tipo de violencia en América Latina”, aseguró Emilio Ginés.
Según el jurista español, el caso del Campo Algodonero y el de todos los asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez "responde a una situación social que se llama feminicidio" debido a ciertas "características especiales". El perfil de las víctimas es muy claro y se repite constantemente: Mujeres jóvenes, trabajadoras, con una débil posición económica, cuyas familias no tienen capacidad de hacer justicia.
Ginés recordó que en los más de 15 años que llevan sucediendo estos asesinatos no ha habido sentencias condenatorias y esto es debido, subrayó, a la total impunidad con que actúan los responsables, la falta de actuación de las autoridades tanto estatales como federales, la no investigación de los crímenes.
EXTREMA VIOLENCIA
Los crímenes de Ciudad Juárez no sólo suponen el feminicidio más brutal que se ha perpetrado en América Latina. Estos asesinatos son conocidos por su extrema violencia, convirtiéndose en un alegato simbólico idóneo para infundir terror y lo que es peor, años de silencio.
Muchos cuerpos aparecen desfigurados a modo de ritual, en otros dejan mensajes de advertencia a las mujeres por el mero hecho de trabajar. “En cualquier caso, se trata de una violencia brutal”, dijo Ginés. Violadas, torturadas y decapitadas, donde en muchos casos las familias no pueden llegar a enterrar el cuerpo entero de la víctima.
Para Ginés, aunque la CIDH juzgue al Estado de México por sólo tres casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez (estado de Chihuahua), "se juzga también todo un gran problema" cuya sentencia podría tener efecto en toda América Latina.
Junto a Ginés también viajará a Santiago el consejero del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), José María Prat; la presidenta de la Confederación Española de Abogados Jóvenes, Mayte López; y el abogado y catedrático de Derecho Internacional Héctor Fáundez.
En opinión del presidente del CGAE, Carlos Carnicer, el objetivo es "conseguir la legitimidad universal de todo ciudadano de denunciar crímenes de lesa Humanidad", por lo que consideró que el juicio por estos tres asesinatos en Ciudad Juárez cumple un "anhelado acceso a la justicia".
Carnicer expresó todo su apoyo tanto a Ginés como a los dos abogados mexicanos que se hacen cargo de la acusación y aseguró que, el CGAE y sus 166.000 miembros "apoyan la causa" de la CIDH y el proceso en el que ante todo existe una "exigencia de responsabilidades" por el feminicidio del Campo Algodonero.
Por su parte, el catedrático Héctor Fáundez cree que el Estado mexicano "ha incumplido su obligación" de investigar los asesinatos, de buscar a los responsables, de reparar a las víctimas y a sus familias y, sobre todo, ha incumplido la Convención Americana de Derechos Humanos.
REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
La acusación pide una reparación total de las familias de las víctimas, pero no sólo económica, sino con la detención de los culpables. Para ello, reclama que la Procuraduría federal (Fiscalía) sea la que se encargue de estos casos, y no las procuradurías estatales, que pueden estar más influidas por el crimen organizado.
También se insta al Estado mexicano a que investigue las denuncias existentes de las familias de las víctimas, que sufren amenazas, hostigamiento y persecución, y que proceda a la dignificación de la memoria de todas las mujeres asesinadas.
Marisela Ortiz Rivera, de la asociación "Nuestras Hijas de Regreso a Casa", asegura que "la ingobernabilidad y el terror han hecho presa a la población en todo el estado de Chihuahua". En este sentido, en una carta enviada a Ginés, habla de "secuestros a empresarios, cierre de negocios, extorsiones a ciudadanos ordinarios, asaltos a mano armada, desapariciones de mujeres jóvenes, ejecuciones del crimen organizado y el pago de impuestos".
Después de 15 años de crímenes, torturas, violaciones y el dolor de unas madres que se hace agónico, se ha conseguido que el feminicidio que se perpetra en ciudad Juárez se lleve a juicio.
Los valientes (cientos de abogados se han negado a tratar el tema por temor a represalias) son dos abogados mexicanos que ejercerán como acusación en el juicio contra el Estado de México por presunta impunidad, falta de investigación y de actuación en el caso de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, proceso que instruirá la Corte Interamericanal de Derechos Humanos (CIDH) entre el 27 y el 30 de abril en Santiago de Chile.
El abogado español Emilio Ginés, que será quien asesore a los abogados mexicanos, ha explicado esta mañana en rueda de prensa los datos de un juicio que no es sólo esencial en México, sino que puede tener una repercusión crucial en toda América Latina.
Los abogados mexicanos Karla Micheel Salas y David Peña se encargarán de la acusación en un juicio que sólo se centrará en los casos de tres mujeres asesinadas en el conocido caso del Campo Algodonero, ocurrido en el año 2001. En total, fueron ocho los cadáveres encontrados en este lugar, una zona de trabajo situada a las afueras de Ciudad Juárez, pero cinco de los cuerpos no fueron identificados a tiempo de presentar la acusación.
“No sólo se va a juzgar el caso de las tres mujeres, sino el de todos los asesinatos que se llevan cometiendo en esta ciudad mexicana desde 1993 y también el de todas las mujeres que sufren este tipo de violencia en América Latina”, aseguró Emilio Ginés.
Según el jurista español, el caso del Campo Algodonero y el de todos los asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez "responde a una situación social que se llama feminicidio" debido a ciertas "características especiales". El perfil de las víctimas es muy claro y se repite constantemente: Mujeres jóvenes, trabajadoras, con una débil posición económica, cuyas familias no tienen capacidad de hacer justicia.
Ginés recordó que en los más de 15 años que llevan sucediendo estos asesinatos no ha habido sentencias condenatorias y esto es debido, subrayó, a la total impunidad con que actúan los responsables, la falta de actuación de las autoridades tanto estatales como federales, la no investigación de los crímenes.
EXTREMA VIOLENCIA
Los crímenes de Ciudad Juárez no sólo suponen el feminicidio más brutal que se ha perpetrado en América Latina. Estos asesinatos son conocidos por su extrema violencia, convirtiéndose en un alegato simbólico idóneo para infundir terror y lo que es peor, años de silencio.
Muchos cuerpos aparecen desfigurados a modo de ritual, en otros dejan mensajes de advertencia a las mujeres por el mero hecho de trabajar. “En cualquier caso, se trata de una violencia brutal”, dijo Ginés. Violadas, torturadas y decapitadas, donde en muchos casos las familias no pueden llegar a enterrar el cuerpo entero de la víctima.
Para Ginés, aunque la CIDH juzgue al Estado de México por sólo tres casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez (estado de Chihuahua), "se juzga también todo un gran problema" cuya sentencia podría tener efecto en toda América Latina.
Junto a Ginés también viajará a Santiago el consejero del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), José María Prat; la presidenta de la Confederación Española de Abogados Jóvenes, Mayte López; y el abogado y catedrático de Derecho Internacional Héctor Fáundez.
En opinión del presidente del CGAE, Carlos Carnicer, el objetivo es "conseguir la legitimidad universal de todo ciudadano de denunciar crímenes de lesa Humanidad", por lo que consideró que el juicio por estos tres asesinatos en Ciudad Juárez cumple un "anhelado acceso a la justicia".
Carnicer expresó todo su apoyo tanto a Ginés como a los dos abogados mexicanos que se hacen cargo de la acusación y aseguró que, el CGAE y sus 166.000 miembros "apoyan la causa" de la CIDH y el proceso en el que ante todo existe una "exigencia de responsabilidades" por el feminicidio del Campo Algodonero.
Por su parte, el catedrático Héctor Fáundez cree que el Estado mexicano "ha incumplido su obligación" de investigar los asesinatos, de buscar a los responsables, de reparar a las víctimas y a sus familias y, sobre todo, ha incumplido la Convención Americana de Derechos Humanos.
REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
La acusación pide una reparación total de las familias de las víctimas, pero no sólo económica, sino con la detención de los culpables. Para ello, reclama que la Procuraduría federal (Fiscalía) sea la que se encargue de estos casos, y no las procuradurías estatales, que pueden estar más influidas por el crimen organizado.
También se insta al Estado mexicano a que investigue las denuncias existentes de las familias de las víctimas, que sufren amenazas, hostigamiento y persecución, y que proceda a la dignificación de la memoria de todas las mujeres asesinadas.
Marisela Ortiz Rivera, de la asociación "Nuestras Hijas de Regreso a Casa", asegura que "la ingobernabilidad y el terror han hecho presa a la población en todo el estado de Chihuahua". En este sentido, en una carta enviada a Ginés, habla de "secuestros a empresarios, cierre de negocios, extorsiones a ciudadanos ordinarios, asaltos a mano armada, desapariciones de mujeres jóvenes, ejecuciones del crimen organizado y el pago de impuestos".
