Como si se tratara de una estrategia concertada, los gobiernos regionales de la derecha han seguido el mismo plan con la Universidad: reducirles unilateralmente las transferencias presupuestadas en un 20 o 30 por ciento primero, imposibilitando las obras de infraestructura iniciadas, para después "secar" los remanentes de tesorería de las universidades al cesar de pagar directamente incluso el llamado "nominativo" de personal, que se sustancia en la nómina. Cuando la Universidad ha exprimido sus recursos, disponiendo incluso de las tasas estudiantiles y del dinero obtenido por los proyectos de investigación, ésta arrastra una deuda importante que afecta a proveedores, becarios, contratas de servicios y desde luego la realización de los proyectos de investigación. Los poderes públicos juegan cada mes con el interrogante sobre el pago de la nómina, y se niegan a pactar un plan financiero que permita establecer la asunción de la deuda, ordenar los pagos y fijar prioridades de futuro. La Universidad Complutense, siendo rector Carlos Berzosa, fué la primera en sufrir esa estrategia de acoso y derribo, y ahora este mal ejemplo se extiende a otras Comunidades Autónomas, como sucede con la Universidad de Castilla La Mancha.
En la UCLM, la situación había ya sido denunciada en una carta abierta firmada por siete profesores, que se publicó en Nueva Tribuna, y además tanto el Comité de Empresa como en un comunicado las sindicatos CC.OO., UGT y STE, instaron al Rectorado y a gobierno regional a elaborar un plan de estabilidad financiera que salvara a la Universidad. Sin embargo, los intentos realizados por el Rector Martínez Ataz han encontrado en el otro lado de la mesa negativas y dilaciones, sin que en ningún momento se llegara a asegurar un compromiso firme por parte del gobierno de Cospedal en el que se asumiera la obligación que tiene el gobierno de mantener y preservar el servicio público universitario y la lealtad institucional que debe respetar en sus relaciones con las autoridades académicas.
La situación está en un punto muerto, y el poder público continúa sin modificar su estrategia de desmoronamiento de la Universidad. Por eso la Comisión de Gobierno de la UCLM ha aprobado por unanimidad –con la única abstención del representante del PAS, del sindicato pro-gubernamental CSIF- un acuerdo al respecto que contiene cuatro puntos. Manifiesta el apoyo explícito a la actuación del Rector y de su equipo en la gestión de la crisis y en las propuestas planteadas para superarlas, y exige a las autoridades públicas el cumplimiento de su función institucional de sostenimiento del servicio público universitario, responsabilízándose del mismo. Además decide trasladar a la opinión pública la preocupación del Consejo de Gobierno por el estrangulamiento económico de la UCLM y advierte que, de perseverar en esta situación, se entrará en un escenario de consecuencias imprevisibles que pueden alterar gravemente la prestación del servicio público de la educación superior.
El malestar entre todos los miembros de la comunidad universitaria es patente, y es seguro que se inicien movilizaciones que coincidan con el movimiento de protesta y resistencia que se ha venido desarrollando en muchos de los territorios del Estado español, y que durante el mes de octubre tiene momentos especialmente álgidos.
El ejemplo de la UCLM es en cierto modo paradigmático de una política de recortes que se ceba en una actividad decisiva, la enseñanza, que se desenvuelve en un espacio no mercantilizado en la escuela pública. No sólo la secundaria, también la universidad están en peligro. Junto a estos sectores, la sanidad, como atestigua de forma dramática el ejemplo catalán. Y, de fondo, la declaración, no muy extendida, del responsable de economía del PP, Montoro, según la cual el Estado no puede ocuparse ni responsabilizarse del bienestar de los ciudadanos, lo que implica el rechazo consciente de uno de los elementos característicos de la constitución española, la cláusula social que se inserta en el título preliminar de la Constitución que ahora parece constituir un dato de molesta presencia o un elemento prescindible en el proyecto político del pensamiento liberal-conservador dominante.
