nuevatribuna.es
18 de febrero de 2011, 5:24
nuevatribuna.es | 16.02.2011
Importante paso el dado por el Gobierno para esclarecer los casos de niños robados durante el franquismo. Representantes de varios colectivos de afectados se reunieron este miércoles con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para poner en marcha una investigación oficial sobre uno de los episodios más negros de la reciente historia española, los bebés sustraídos en hospitales públicos para adopciones ilegales durante la dictadura y que ya denunció en su momento el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
El Gobierno se compromete a costear las pruebas de ADN siempre y cuando sean solicitadas por jueces o fiscales en el marco de sus investigaciones poniendo a disposición de las familias un programa específico en el Instituto Nacional de Toxicología. Caamaño no cerró la puerta a crear un banco nacional de ADN aunque recordó que la legislación vigente no permite obligar a todos los ciudadanos a depositar su huella genética en su historial médico, si bien precisó que dado el caso “extraordinario” a tratar podría modificarse la ley en un futuro.
Lo que sí es previsible es que el Gobierno ponga en marcha una campaña de información para que los ciudadanos de forma voluntaria puedan depositar su ADN y colaborar así en el proceso de búsqueda. “Se va a ir poco a poco”, señala la portavoz Mar Soriano, “muy satisfecha” tras el encuentro con el ministro.
Otro de los puntos acordados es que todas las plataformas surgidas en torno a los casos de los ‘bebés robados’ en los hospitales públicos deberán poner la información de la que disponen en manos del Estado para coordinar las búsquedas. Asimismo, las comunidades autónomas deberán trabajar con las Fiscalías y con el Ministerio de Sanidad para dar acceso a las bases de datos a las personas que estén buscando niños allí donde existan registros sanitarios.
El titular de Justicia también se comprometió a designar a un funcionario como la “persona coordinadora de las diversas plataformas que existen”, que se encargará también de dar a conocer entre los colectivos lo que se vaya averiguando.
Los hospitales tampoco se podrán negar a facilitar los documentos solicitados por los afectados. Hasta ahora, muchos de ellos habían paralizado la investigación acogiéndose a la ley de protección de datos y exigiendo tener una orden judicial.
Los colectivos también fueron recibidos por la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano. Fuentes de esta institución calificaron de “tremendamente grave” los hechos denunciados y garantizaron “toda la colaboración”. La plataforma a la que pertenece Mar Soriano cuenta con el respaldo de las Abuelas de la Plaza de Mayo, que enviarán una carta de apoyo a distintas autoridades españolas.
