nuevatribuna.es
7 de abril de 2009, 7:14
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 7.4.2009
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),Gabriela Bravo, defendió este martes que el juez de Alcobendas ante el que compareció Astrit Buschi, el capo acusado de encabezar la banda que agredió al productor de televisión José Luis Moreno, "no necesitaba" saber "qué tipo de delincuente" tiene delante para adoptar la resolución de la causa que está conociendo.
"Él no puede decidir en base a otro procedimiento sino a los indicios que hay en esa causa", aseveró la portavoz del órgano de gobierno de los jueces para insistir en que la responsabilidad del juez se limita a conocer "las circunstancias y los indicios" respecto al procedimiento abierto. En declaraciones a la Cadena Ser, añadió que son la acusación particular o el Ministerio Fiscal los encargados de solicitar la prisión provisional del acusado. Y es así, recordó, desde la aprobación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Dicho esto, aseguró que el protocolo "normal" de actuación establece que cuando un preso acude a un juzgado, "con independencia de la resolución" que su titular adopte, debe volver al centro penitenciario. "En el caso de que el juez decida otorgar libertar provisional al condenado por la causa que está conociendo, esa libertad se debe ejecutar en el centro penitenciario", alegó Bravo, quien argumentó que el juez "no sabe exactamente" si tiene alguna otra causa pendiente por la cual debe continuar preso. Por lo tanto, remarcó la portavoz del CGPJ, será en la cárcel donde se compruebe que el acusado no tiene otra causa pendiente. "Ese es el protocolo normal", remachó.
INVESTIGACIÓN DEL CGPJ
En relación con la investigación abierta por el CGPJ para esclarecer los hechos, Bravo indicó que las labores de inspección para elaborar un informe se extenderán a lo largo de un mes y una vez realizado este documento la comisión disciplinaria establecerá si incoa diligencias informativas, directamente un expediente o si estima que no hay responsabilidad disciplinaria y la actuación del juez se ha desarrollado conforme a los parámetros legales, archivará la investigación. "Trataremos de dilucidar si hay alguna posibilidad de concretar alguna cuestión por parte del órgano jurisdiccional que pudiera derivar en responsabilidad disciplinaria. Si no es así y se pudiera desprender de los hechos la posible comisión de un delito, se derivaría a los órganos jurisdiccionales competentes", señaló.
Finalmente, concluyó que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco José Vieira, comparecerá este martes en la sede del Consejo para aportar la documentación que éste último "tendrá en cuenta como un dato más" en la investigación que está realizando.
VIEIRA DESATA LA POLÉMICA
Por otra parte, las declaraciones efectuadas el lunes por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Medrid, Francisco José Vieira, en las que detalló las circunstancias en las que se produjo la puesta en libertad de Bushi, una vez recabada la información de las actuaciones judiciales y descartó cualquier responsabilidad disciplinaria sobre el juez de Alcobendas, han provocado reacciones airadas de los sindicatos policiales. Respecto a las actuaciones judiciales, Vieira destacó el "cumplimiento estricto de las funciones" del juez y de los funcionarios que participaron en el trámite judicial. "La puesta en libertad no se pude imputar en absoluto al magistrado y a los funcionarios", aseveró.
Sobre lo sucedido, especificó que el juez realizó una comunicación el 2 de abril al centro penitenciario en el que se informó de que a las 14.00 horas del 31 de marzo se tomó declaración al acusado, dictando un auto de libertad por esa causa. Esta decisión se comunicó a Bushi en presencia de su abogada y de los policías nacionales que le custodiaron en todo momento. Tras ello, el capo salió custodiado y esposado del Juzgado, conduciéndole a los calabozos. "Se desconocen los datos por los que no regresó a prisión", reseñó Vieira.
El presidente del TSJM recalcó que lo que hay que hacer es "poner estos hechos gravísimos en conocimiento del Juzgado que corresponda para que se inicien actuaciones porque en la situación actual no se puede descartar incluso un delito en la infidelidad de presos". "Se tendrá que investigar quién se hizo cargo de la custodia y por qué no se cumplió el protocolo", añadió. De este modo, el TSJM ha remitido ya los datos recabados para que al juzgado pertinente realice las actuaciones judiciales oportunas y, así, determinar si los agentes nacionales que custodiaron al capo incurrieron en un delito de infidelidad en la custodia de presos.
REACCIONES POLICIALES
La respuesta de los principales sindicatos policiales no se hizo esperar. Todos coincidieron en defender la actuación de los agentes encargados de custodiar a Astrit Bushi y destacaron que los policías se limitaron a obedecer el auto de libertad provisional decretado por el juez. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito declaró que es "impresentable" que el TSJM descargue la responsabilidad sobre los agentes. "Los jueces parecen estar siempre por encima del bien y del mal. Es lamentable que los responsables últimos son siempre policías", denunció.
Para el SUP, el juzgado de Primer Instancia número 3 de Alcobendas debería haber advertido que el capo albanokosovar, con 20 causas pendientes en España, iba a declarar por otra distinta por la que se encontraba en la prisión de Valdemoro. Según advirtió, este tipo de casos son "muy frecuentes" pero no han tenido "tanta trascendencia" hasta ahora. Además, exigió que los ministerios de Justicia e Interior se pongan a trabajar de forma coordinada en la informatización de la información para que no se vuelvan a repetir "estos problemas de coordinación" y pidió también que los detenidos puedan aclarar por videoconferencia para evitar traslados innecesarios. "Los policías son los menos responsables de la cadena de despropósitos que ha sucedido", remarcó.
Desde la Confederación Española de Policía (CEP), Lorenzo Nebrera, informó que los policías nacionales que ejecutaron la puesta en libertad del preso están "muy afectados" porque se les culpabilice de este "cúmulo de errores" y criticó que el TSJM "eche balones fuera, al igual que lo hace el Ministerio del Interior".
EL PP PIDE EXPLICACIONES
El Partido Popular se ha sumado a las quejas hacia el Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el titular de Justicia, Francisco Caamaño. El primer partido de la oposición pide que expliquen juntos en el Congreso por qué se soltó al agresor de José Luis Moreno.
En principio, el primer partido de la oposición había anunciado su intención de pedir explicaciones por este asunto al responsable de Interior, pero, finalmente ha optado por solicitar también la presencia en el Congreso del ministro de Justicia. En la petición de comparecencia registrada el lunes por los "populares", el partido de Mariano Rajoy especifica que Rubalcaba y Caamaño deben dar explicaciones conjuntamente ante la Comisión de Interior de la Cámara Baja.
OTRO MIEMBRO DE LA BANDA QUEDA LIBRE POR ERROR
Otro de los miembros de la banda liderada por el albanés Astrit Bushi, el presunto jefe del grupo mafioso que el 20 de diciembre de 2007 asaltó el chalé del productor José Luis Moreno, salió en libertad por error el pasado 18 de marzo, pero la Policía le detuvo días después. Se trata de Alejandro Fred Deda, uno de los ocho detenidos el pasado noviembre por su participación en el robo del chalé del productor televisivo. Los arrestos se produjeron en la Operación "Luna Aguacate" a raíz de una investigación iniciada por la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Deda se encontraba en prisión preventiva desde entonces por diez causas. Hace unas semanas, la Guardia Civil le trasladó a los juzgados para declarar sobre uno de los procedimientos penales abiertos contra él por atentado a la autoridad, acordándose su puesta en libertad. Tras el trámite judicial, los agentes le trasladaron de nuevo a la prisión de Estremera. El pasado 18 de marzo, se remitió al centro penitenciario un mandamiento de libertad que por error se ejecutó por parte de un funcionario, sin consultar la existencia de otras causas que le obligaran a mantener la prisión preventiva. Al conocer de la puesta en libertad errónea, Instituciones Penitenciarias avisó el 20 de marzo a la Policía de lo sucedido. Días más tarde, los agentes le arrestaron y le devolvieron a la cárcel.
En el caso de Bushi, éste acudió el 31 de marzo a declarar al Juzgado número 3 de Alcobendas por un delito diferente al de la agresión al productor. Se trataba del robo en un chalé de la Moraleja. Tras dictar auto de prisión, los policías decidieron dejarle en libertad sin trasladarlo a la prisión de Valdemoro para que se ejecutará la orden del magistrado. La puesta en libertad exige que se produzca desde prisión para comprobar las causas que mantienen el acusado en prisión preventiva. Bushi se encuentra actualmente huida de la Justicia.
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),Gabriela Bravo, defendió este martes que el juez de Alcobendas ante el que compareció Astrit Buschi, el capo acusado de encabezar la banda que agredió al productor de televisión José Luis Moreno, "no necesitaba" saber "qué tipo de delincuente" tiene delante para adoptar la resolución de la causa que está conociendo.
"Él no puede decidir en base a otro procedimiento sino a los indicios que hay en esa causa", aseveró la portavoz del órgano de gobierno de los jueces para insistir en que la responsabilidad del juez se limita a conocer "las circunstancias y los indicios" respecto al procedimiento abierto. En declaraciones a la Cadena Ser, añadió que son la acusación particular o el Ministerio Fiscal los encargados de solicitar la prisión provisional del acusado. Y es así, recordó, desde la aprobación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Dicho esto, aseguró que el protocolo "normal" de actuación establece que cuando un preso acude a un juzgado, "con independencia de la resolución" que su titular adopte, debe volver al centro penitenciario. "En el caso de que el juez decida otorgar libertar provisional al condenado por la causa que está conociendo, esa libertad se debe ejecutar en el centro penitenciario", alegó Bravo, quien argumentó que el juez "no sabe exactamente" si tiene alguna otra causa pendiente por la cual debe continuar preso. Por lo tanto, remarcó la portavoz del CGPJ, será en la cárcel donde se compruebe que el acusado no tiene otra causa pendiente. "Ese es el protocolo normal", remachó.
INVESTIGACIÓN DEL CGPJ
En relación con la investigación abierta por el CGPJ para esclarecer los hechos, Bravo indicó que las labores de inspección para elaborar un informe se extenderán a lo largo de un mes y una vez realizado este documento la comisión disciplinaria establecerá si incoa diligencias informativas, directamente un expediente o si estima que no hay responsabilidad disciplinaria y la actuación del juez se ha desarrollado conforme a los parámetros legales, archivará la investigación. "Trataremos de dilucidar si hay alguna posibilidad de concretar alguna cuestión por parte del órgano jurisdiccional que pudiera derivar en responsabilidad disciplinaria. Si no es así y se pudiera desprender de los hechos la posible comisión de un delito, se derivaría a los órganos jurisdiccionales competentes", señaló.
Finalmente, concluyó que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco José Vieira, comparecerá este martes en la sede del Consejo para aportar la documentación que éste último "tendrá en cuenta como un dato más" en la investigación que está realizando.
VIEIRA DESATA LA POLÉMICA
Por otra parte, las declaraciones efectuadas el lunes por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Medrid, Francisco José Vieira, en las que detalló las circunstancias en las que se produjo la puesta en libertad de Bushi, una vez recabada la información de las actuaciones judiciales y descartó cualquier responsabilidad disciplinaria sobre el juez de Alcobendas, han provocado reacciones airadas de los sindicatos policiales. Respecto a las actuaciones judiciales, Vieira destacó el "cumplimiento estricto de las funciones" del juez y de los funcionarios que participaron en el trámite judicial. "La puesta en libertad no se pude imputar en absoluto al magistrado y a los funcionarios", aseveró.
Sobre lo sucedido, especificó que el juez realizó una comunicación el 2 de abril al centro penitenciario en el que se informó de que a las 14.00 horas del 31 de marzo se tomó declaración al acusado, dictando un auto de libertad por esa causa. Esta decisión se comunicó a Bushi en presencia de su abogada y de los policías nacionales que le custodiaron en todo momento. Tras ello, el capo salió custodiado y esposado del Juzgado, conduciéndole a los calabozos. "Se desconocen los datos por los que no regresó a prisión", reseñó Vieira.
El presidente del TSJM recalcó que lo que hay que hacer es "poner estos hechos gravísimos en conocimiento del Juzgado que corresponda para que se inicien actuaciones porque en la situación actual no se puede descartar incluso un delito en la infidelidad de presos". "Se tendrá que investigar quién se hizo cargo de la custodia y por qué no se cumplió el protocolo", añadió. De este modo, el TSJM ha remitido ya los datos recabados para que al juzgado pertinente realice las actuaciones judiciales oportunas y, así, determinar si los agentes nacionales que custodiaron al capo incurrieron en un delito de infidelidad en la custodia de presos.
REACCIONES POLICIALES
La respuesta de los principales sindicatos policiales no se hizo esperar. Todos coincidieron en defender la actuación de los agentes encargados de custodiar a Astrit Bushi y destacaron que los policías se limitaron a obedecer el auto de libertad provisional decretado por el juez. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito declaró que es "impresentable" que el TSJM descargue la responsabilidad sobre los agentes. "Los jueces parecen estar siempre por encima del bien y del mal. Es lamentable que los responsables últimos son siempre policías", denunció.
Para el SUP, el juzgado de Primer Instancia número 3 de Alcobendas debería haber advertido que el capo albanokosovar, con 20 causas pendientes en España, iba a declarar por otra distinta por la que se encontraba en la prisión de Valdemoro. Según advirtió, este tipo de casos son "muy frecuentes" pero no han tenido "tanta trascendencia" hasta ahora. Además, exigió que los ministerios de Justicia e Interior se pongan a trabajar de forma coordinada en la informatización de la información para que no se vuelvan a repetir "estos problemas de coordinación" y pidió también que los detenidos puedan aclarar por videoconferencia para evitar traslados innecesarios. "Los policías son los menos responsables de la cadena de despropósitos que ha sucedido", remarcó.
Desde la Confederación Española de Policía (CEP), Lorenzo Nebrera, informó que los policías nacionales que ejecutaron la puesta en libertad del preso están "muy afectados" porque se les culpabilice de este "cúmulo de errores" y criticó que el TSJM "eche balones fuera, al igual que lo hace el Ministerio del Interior".
EL PP PIDE EXPLICACIONES
El Partido Popular se ha sumado a las quejas hacia el Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el titular de Justicia, Francisco Caamaño. El primer partido de la oposición pide que expliquen juntos en el Congreso por qué se soltó al agresor de José Luis Moreno.
En principio, el primer partido de la oposición había anunciado su intención de pedir explicaciones por este asunto al responsable de Interior, pero, finalmente ha optado por solicitar también la presencia en el Congreso del ministro de Justicia. En la petición de comparecencia registrada el lunes por los "populares", el partido de Mariano Rajoy especifica que Rubalcaba y Caamaño deben dar explicaciones conjuntamente ante la Comisión de Interior de la Cámara Baja.
OTRO MIEMBRO DE LA BANDA QUEDA LIBRE POR ERROR
Otro de los miembros de la banda liderada por el albanés Astrit Bushi, el presunto jefe del grupo mafioso que el 20 de diciembre de 2007 asaltó el chalé del productor José Luis Moreno, salió en libertad por error el pasado 18 de marzo, pero la Policía le detuvo días después. Se trata de Alejandro Fred Deda, uno de los ocho detenidos el pasado noviembre por su participación en el robo del chalé del productor televisivo. Los arrestos se produjeron en la Operación "Luna Aguacate" a raíz de una investigación iniciada por la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Deda se encontraba en prisión preventiva desde entonces por diez causas. Hace unas semanas, la Guardia Civil le trasladó a los juzgados para declarar sobre uno de los procedimientos penales abiertos contra él por atentado a la autoridad, acordándose su puesta en libertad. Tras el trámite judicial, los agentes le trasladaron de nuevo a la prisión de Estremera. El pasado 18 de marzo, se remitió al centro penitenciario un mandamiento de libertad que por error se ejecutó por parte de un funcionario, sin consultar la existencia de otras causas que le obligaran a mantener la prisión preventiva. Al conocer de la puesta en libertad errónea, Instituciones Penitenciarias avisó el 20 de marzo a la Policía de lo sucedido. Días más tarde, los agentes le arrestaron y le devolvieron a la cárcel.
En el caso de Bushi, éste acudió el 31 de marzo a declarar al Juzgado número 3 de Alcobendas por un delito diferente al de la agresión al productor. Se trataba del robo en un chalé de la Moraleja. Tras dictar auto de prisión, los policías decidieron dejarle en libertad sin trasladarlo a la prisión de Valdemoro para que se ejecutará la orden del magistrado. La puesta en libertad exige que se produzca desde prisión para comprobar las causas que mantienen el acusado en prisión preventiva. Bushi se encuentra actualmente huida de la Justicia.
