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NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G. CABALLERO 18.05.2010

Cerca de 4.000 sentencias dictadas por el Tribunal de Orden Público (TOP) han sido recopiladas por primera vez en formato CD a partir de una base de datos elaborada por el magistrado y doctor en Derecho, Juan José del Águila, quien fue abogado del primer despacho laboralista que se abrió en Madrid y asimismo juzgado en dos ocasiones por el TOP. El trabajo, presentado este martes en la sede de Comisiones Obreras de Madrid y promovido por la Fundación Abogados de Atocha, pretende ser un reconocimiento y homenaje a miles de personas que, durante la dictadura franquista, fueron perseguidas y condenadas por razones ideológicas.

Esta especie de ‘santo oficio’ o tribunal especial del Régimen de Franco, estaba integrado por medio centenar de jueces que actuaban de forma arbitraria y subjetiva, que tenía como objetivo la represión de la oposición política y actuaba contra individuos particulares, generalmente obreros y estudiantes, vigilados y perseguidos por la conocida como la Brigada Político-Social. Se creó en 1963 para sustituir a los tribunales militares y duró hasta 1977, año en el que fue derogado con la llegada de la democracia. El archivo forma parte de un proyecto, Los abogados laboralistas y la lucha contra una justicia democrática, que incluye además la edición de un par de libros que verán próximamente la luz.

Al acto de presentación acudió el ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba quien quiso contribuir con su presencia a amplificar “un acto de justicia”. Junto a él intervinieron el secretario general de CCOO de Madrid, Javier López y los dos catedráticos de Historia que coordinan el proyecto José Gómez Alen y Rubén Vega. Asimismo participaron la abogada laboralista y asidua a las salas del TOP Cristina Almeida; el presidente de la Fundación Abogados de Atocha, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell; y su director Raúl Cordero; además de algunas de las personas que fueron juzgadas por el TOP, uno de cuyos procesos más conocidos fue el ‘Proceso 1001’ que constituyó el mayor juicio al sindicalismo español con penas que llegaron hasta los 20 años de cárcel.

Pero si hay un caso paradigmático de la forma de actuar de este tribunal es precisamente el que figura como el primer juicio del TOP. En él se condenó a diez años de prisión a un peón de albañil, Timoteo Buendía, por gritar en reiteradas ocasiones mientras alternaba en un bar de Carabanchel y después de ver por televisión las imágenes del dictador, “¡me cago en Franco, me cago en Franco, me cago en Franco…!”. Inmediatamente fue detenido por la Guardia Civil y conducido al Ministerio de Gobernación en la Puerta del Sol de Madrid.

“Cualquier cosa que se escapara del sistema impuesto era juzgado por el TOP” dice Raúl Cordero, para quien este proyecto facilitará la consulta de las casi 4.000 sentencias dictadas por “el brazo ejecutor de una jurisdicción especial para la represión política habilitado por el franquismo”. Dicha base de datos ofrecerá además a los investigadores una valiosa información “a partir de la cual puede extraerse una radiografía precisa de aquellos a quienes la dictadura identificaba como sus adversarios y sobre quienes descargaba sus mecanismos represivos”. En suma, concluye Cordero: “los procesados del TOP constituyen, sin duda, la muestra más representativa de la oposición que realmente inquietó al franquismo”.

Por su parte, Gómez Alen ha destacado que con este trabajo “se llena el vacío historiográfico y social que padecían dos colectivos: los trabajadores antifranquistas y los abogados laboralistas”.

Diez años por gritar "¡me cago en Franco!"