«España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional» (Art. 6 de la Constitución de la República de 1931, en vigor al no haber sido nunca derogada).
Desde su fundación en 1945 el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha realizado encuestas preguntando a los españoles por las más diversas -y a veces peregrinas- cuestiones, como si prefieren las vacaciones en el campo o en la playa, si duermen o no con pijama, o si usan azúcar o edulcorante en los alimentos.
Lo que nunca han preguntado los españoles es por sus preferencias sobre la forma del Estado: si optan por la Monarquía o por la República.
Por algo será, por que no es que al INE se le haya pasado por alto hacer esta pregunta.
Este año el Gobierno ha tirado la casa por la ventana, utilizando todas las herramientas mediáticas a su alcance, desde los medios de comunicación públicos hasta la publicidad institucional en medios privados (pagada con fondos públicos), tanto para la exaltación de la Constitución de 1978, fruto de un referéndum-trampa, en el que se chantajeaba a los ciudadanos obligándoles a elegir entre un franquismo sin Franco o una democracia con rey, como para dar unos potentes brochazos de maquillaje a la Monarquía, con el glamuroso juramento de la Constitución por la princesa Leonor.
Se ha pretendido en todas las esferas oficiales y por todas las vías posibles, asentar en el imaginario popular la idea de que la Monarquía española es la única forma del Estado posible, para asegurar la estabilidad institucional y la convivencia pacífica, erradicando plantear la cuestión de la República en absolutamente todos los terrenos, desde el Parlamento a los grandes medios y plataformas de comunicación, en los debates televisivos y en todo el calendario de actividades desarrolladas por el imperio mediático de la derecha política y económica.
A lo más que se llega en los entornos gubernamentales del Partido Socialista, es a comentar como «referencia histórica», que la actual Constitución contiene los grandes principios que defendía la anterior constitución republicana, lo que constituye en cierto modo una falacia, porque la Justicia, junto con la Libertad, valores supremos que proclamó el régimen de 1931, representan una Justicia que solo puede ser proclamada desde la igualdad de todos los españoles ante la ley, un principio constitucional vulnerado por el rey Juan Carlos I, obligado a ampararse en el burladero de la impunidad, para no verse sentado en un banquillo acusado de corrupción económica. Una impunidad absoluta, que permite que el Rey de España, antes Juan Carlos I y ahora Felipe VI, puedan convertirse en delincuentes, sin tener que rendir a la justicia cuentas por sus acciones.
Pero además de esta, hay diferencias sustanciales entre la constitución monárquica y la republicana, con profundas repercusiones de tipo social y económico, como es el mantenimiento a toda costa del concordato con la Iglesia Católica, sosteniendo unos privilegios casi medievales, al asignarle una sustanciosa partida económica en los presupuestos Generales del Estado, que no es sino el chocolate del loro, comparado con las exenciones fiscales que eximen a la Iglesia católica del pago de decenas de millones de euros por actividades económicas y por la explotación de bienes inmobiliarios ajenos al culto.
La Constitución republicana de 1931 de la que este 9 de diciembre se cumplen 92 años, aspira a que los grandes beneficiarios de los bienes y de la producción nacional, sea el común de los ciudadanos, en lugar de corporaciones financieras e industriales y empresariales, nacionales y multinacionales, de las que la actual monarquía y constitución de 1978, son garantes finalistas para que nada pueda alterar la actual forma de poder político y económico, teniendo a su servicio la principal herramienta de coacción: las Fuerzas Armadas.
Así es como llegamos a la fecha del aniversario de la Constitución republicana, no como un evento de nostalgia, si no como un motivo de esperanza y de convicción, en una república democrática progresista y en una configuración territorial federal del Estado, consensuada entre los territorios y los españoles.
¡Viva la República!
Floren Dimas Balsalobre es Oficial del Ejército del Aire (R), firmante del Manifiesto contra el franquismo en las Fuerzas Armadas, Presidente de la Asociación Milicia y República (ACMYR), miembro de Anemoi, de la Asociación Memoria Militar Democrática y Delegado de la asociación para la memoria histórica en la Región de Murcia AGE.
