nuevatribuna.es
2 de marzo de 2010, 9:55
NUEVATRIBUNA.ES 02.03.2010
…El caso llegó al Constitucional. La mujer negra denunció un trato discriminatorio y el Alto Tribunal desestimó la demanda aduciendo que no se había producido vulneración de un derecho fundamental…
…La mujer acudió al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el 17 de agosto de 2009 se condenó a España por una conducta discriminatoria en un dictamen que hablaba de “actitudes xenófobas”.
QUEJA COLECTIVA A RUBALCABA
Este es un ejemplo aislado pero muy significativo de las prácticas ‘ilegales’ que se están produciendo en los últimos años en España con los inmigrantes. El caso fue expuesto por José Miguel Sánchez Tomás, magistrado del Constitucional y uno de los ponentes del informe Controles de identidad y detención de inmigrantes: prácticas ilegales que este martes se presentó en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
La denuncia no es nueva. Distintos colectivos e incluso el Sindicato Unificado de la Policía viene tiempo haciendo públicos estos hechos. La responsabilidad parte directamente del ministerio de Interior que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba y de una circular que se ha hecho tristemente famosa: la Circular 1/2010, de 25 de enero, de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
Cerca de 150 Asociaciones de inmigrantes y de derechos humanos se han unido para hacer una queja colectiva al ministro al que exigen el “cese inmediato” de las detenciones “ilegales” de extranjeros: “Esperamos su actuación señor Rubalcaba, por favor no nos haga esperar demasiado”. La petición fue hecha por Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Complutense y miembro de Inmigrapenal, el grupo de Inmigración y Sistema Penal, autor del citado informe.
Martínez Escamilla fue la encargada de hacer las pertinentes presentaciones en el acto celebrado en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho abarrotado de gente, entre periodistas, representantes de estos colectivos y estudiantes curiosos por conocer los fundamentos de derecho ante estos procedimientos policiales que actúan al margen de la ley.
MEDIO MILLÓN DE CONTROLES EN 2009 EN MADRID
“Es una lucha contra el inmigrante. Una guerra sin tregua en la que no se escatiman medios. La caza y el acoso al inmigrante irregular no ha terminado. El poder de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se está utilizando al margen de cualquier premisa legal. Los atajos son muy peligrosos y traspasan la gruesa línea que separa el Estado de Derecho con el terror de Estado. Se estaría incitando a la policía a cometer detenciones ilegales sancionadas con cárcel y expulsión del Cuerpo. Sólo en Madrid se realizaron durante 2009 445.000 controles de identidad”, aseguró esta jurista.
Pero si un testimonio ha sido conmovedor fue el de Dauda Thian, portavoz de la Asociación Ferrocarril Clandestino y de la Asociación Sin Papeles de Madrid. De origen senegalés, Dauda vive en España desde los dos años de edad y la razón de su presencia se resume en una frase: “Hoy estamos aquí para levantar el velo de silencio. Somos personas” .
Dauda relata a los asistentes al acto la situación a la que están sometidos los inmigrantes irregulares: perseguidos en las calles, en las bocas de metro, en los lugares públicos, bibliotecas, librerías, aulas donde se imparte el castellano, sacados de los locutorios cuando están hablando con sus familiares… “Hay muchas redadas, controles masivos, selectivos e injustos”. Y el joven senegalés se queja: “España es nuestro país. Queremos vivir aquí dignamente”.
La naturaleza de los colectivos firmantes es diversa, tanto que uno de los que participaron en el acto es un sacerdote jesuita, Daniel Izuzquiza, coordinador de Pueblos Unidos, quien quiso poner el acento en que estas prácticas afectan a la sociedad en su conjunto y “podemos ser cómplices del mal. No es algo episódico, es el tipo de convivencia lo que está en juego aquí”. Hace unos días se encontró en su casa con la carta de un párroco contándole que cinco inmigrantes habían sido detenidos en una peluquería… Es –según sus palabras- “la criminalización de los inmigrantes” que hace a los ciudadanos “que miremos al otro como a alguien hostil, como una amenaza”…
El siguiente interviniente se llama Ignacio Murgui y es presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (unas 260 en todos los distritos de la capital y en otros 60 municipios de la región). Sus palabras son una advertencia en toda regla: o cesan estas prácticas ilegales discriminatorias o “es deber de los ciudadanos ponerse manos a la obra y levantar el velo de silencio”, dice citando a Dauda. Murgui denuncia que la circular citada “va en contra del espíritu y la letra del Estado de Derecho contraviniendo la legislación vigente” y exige a Rubalcaba una comparecencia pública, “una respuesta clara e inmediata” a “este atropello de los derechos humanos que nos afecta a todos, nos atemoriza y nos avergüenza”.
NINGUNA LEY AMPARA ESTAS PRÁCTICAS
Pero si una voz faltaba para explicar los fundamentos de derecho que certifican la ilegalidad de estas prácticas, esa fue la del magistrado Sánchez Tomás que, de una forma clara y estrictamente jurídica, resumió el análisis de la legalidad de estas actuaciones reflejado en el informe.
Los controles de identificación masivos suelen efectuarse en las embajadas, en los consulados, en los locutorios… y desde esos lugares muchos inmigrantes son conducidos a las comisarías. Este magistrado pone negro sobre blanco: el hecho de que un extranjero no tenga documentación supone, según la propia Ley de Extranjería, una infracción administrativa penada con una multa de 501 euros pero en ningún caso significa la privación de libertad si no hay constancia de que se ha producido un delito grave o creado alarma social.
En segundo lugar, Sánchez Tomás es tajante: “No cabe realizar requerimientos de identificación basados en rasgos étnicos” . Y lo más grave de todo –recuerda- que se lleve a comisaría a inmigrantes que sí están documentados pero que no demuestran arraigo social: “El derecho a la libertad solo puede ser restringido si existe una previsión legal expresa. La libertad es un derecho inherente a la dignidad de la persona”.
El magistrado ahonda más en la cuestión y basándose en la Ley de Extranjería explica los supuestos en los que sí se puede proceder a la detención: cuando está abierto un procedimiento de expulsión (artículo 58); si la entrada del inmigrante se realiza por zonas no habilitadas como es el caso de las pateras; cuando se abre un procedimiento de retorno desde la comisaría del aeropuerto de Barajas: por ejecución forzosa (artículo 64), es decir que el extranjero tenga de plazo quince días para abandonar el país, pasados los cuales puede ser detenido; o detención cautelar (artículo 61) cuando se abre un procedimiento sancionador y el instructor puede ordenar la detención.
Por tanto –concluye- la Ley de Extranjería no recoge los procedimientos que se están llevando a cabo. “Estas conductas carecen de cobertura legal y algunas suponen una lesión de derechos fundamentales. Son actuaciones de carácter ilegal y les serían aplicables las consecuencias legales por un delito de detención ilegal y coacción”, afirma.
No hay ninguna ley en el ordenamiento jurídico español que ampare estas prácticas “intolerables” más cuando –recordó Margarita Martínez Escamilla- mucha gente votó al PSOE al considerar que sería “garante” de los derechos humanos.
…El caso llegó al Constitucional. La mujer negra denunció un trato discriminatorio y el Alto Tribunal desestimó la demanda aduciendo que no se había producido vulneración de un derecho fundamental…
…La mujer acudió al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el 17 de agosto de 2009 se condenó a España por una conducta discriminatoria en un dictamen que hablaba de “actitudes xenófobas”.
QUEJA COLECTIVA A RUBALCABA
Este es un ejemplo aislado pero muy significativo de las prácticas ‘ilegales’ que se están produciendo en los últimos años en España con los inmigrantes. El caso fue expuesto por José Miguel Sánchez Tomás, magistrado del Constitucional y uno de los ponentes del informe Controles de identidad y detención de inmigrantes: prácticas ilegales que este martes se presentó en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
La denuncia no es nueva. Distintos colectivos e incluso el Sindicato Unificado de la Policía viene tiempo haciendo públicos estos hechos. La responsabilidad parte directamente del ministerio de Interior que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba y de una circular que se ha hecho tristemente famosa: la Circular 1/2010, de 25 de enero, de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
Cerca de 150 Asociaciones de inmigrantes y de derechos humanos se han unido para hacer una queja colectiva al ministro al que exigen el “cese inmediato” de las detenciones “ilegales” de extranjeros: “Esperamos su actuación señor Rubalcaba, por favor no nos haga esperar demasiado”. La petición fue hecha por Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Complutense y miembro de Inmigrapenal, el grupo de Inmigración y Sistema Penal, autor del citado informe.
Martínez Escamilla fue la encargada de hacer las pertinentes presentaciones en el acto celebrado en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho abarrotado de gente, entre periodistas, representantes de estos colectivos y estudiantes curiosos por conocer los fundamentos de derecho ante estos procedimientos policiales que actúan al margen de la ley.
MEDIO MILLÓN DE CONTROLES EN 2009 EN MADRID
“Es una lucha contra el inmigrante. Una guerra sin tregua en la que no se escatiman medios. La caza y el acoso al inmigrante irregular no ha terminado. El poder de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se está utilizando al margen de cualquier premisa legal. Los atajos son muy peligrosos y traspasan la gruesa línea que separa el Estado de Derecho con el terror de Estado. Se estaría incitando a la policía a cometer detenciones ilegales sancionadas con cárcel y expulsión del Cuerpo. Sólo en Madrid se realizaron durante 2009 445.000 controles de identidad”, aseguró esta jurista.
Pero si un testimonio ha sido conmovedor fue el de Dauda Thian, portavoz de la Asociación Ferrocarril Clandestino y de la Asociación Sin Papeles de Madrid. De origen senegalés, Dauda vive en España desde los dos años de edad y la razón de su presencia se resume en una frase: “Hoy estamos aquí para levantar el velo de silencio. Somos personas” .
Dauda relata a los asistentes al acto la situación a la que están sometidos los inmigrantes irregulares: perseguidos en las calles, en las bocas de metro, en los lugares públicos, bibliotecas, librerías, aulas donde se imparte el castellano, sacados de los locutorios cuando están hablando con sus familiares… “Hay muchas redadas, controles masivos, selectivos e injustos”. Y el joven senegalés se queja: “España es nuestro país. Queremos vivir aquí dignamente”.
La naturaleza de los colectivos firmantes es diversa, tanto que uno de los que participaron en el acto es un sacerdote jesuita, Daniel Izuzquiza, coordinador de Pueblos Unidos, quien quiso poner el acento en que estas prácticas afectan a la sociedad en su conjunto y “podemos ser cómplices del mal. No es algo episódico, es el tipo de convivencia lo que está en juego aquí”. Hace unos días se encontró en su casa con la carta de un párroco contándole que cinco inmigrantes habían sido detenidos en una peluquería… Es –según sus palabras- “la criminalización de los inmigrantes” que hace a los ciudadanos “que miremos al otro como a alguien hostil, como una amenaza”…
El siguiente interviniente se llama Ignacio Murgui y es presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (unas 260 en todos los distritos de la capital y en otros 60 municipios de la región). Sus palabras son una advertencia en toda regla: o cesan estas prácticas ilegales discriminatorias o “es deber de los ciudadanos ponerse manos a la obra y levantar el velo de silencio”, dice citando a Dauda. Murgui denuncia que la circular citada “va en contra del espíritu y la letra del Estado de Derecho contraviniendo la legislación vigente” y exige a Rubalcaba una comparecencia pública, “una respuesta clara e inmediata” a “este atropello de los derechos humanos que nos afecta a todos, nos atemoriza y nos avergüenza”.
NINGUNA LEY AMPARA ESTAS PRÁCTICAS
Pero si una voz faltaba para explicar los fundamentos de derecho que certifican la ilegalidad de estas prácticas, esa fue la del magistrado Sánchez Tomás que, de una forma clara y estrictamente jurídica, resumió el análisis de la legalidad de estas actuaciones reflejado en el informe.
Los controles de identificación masivos suelen efectuarse en las embajadas, en los consulados, en los locutorios… y desde esos lugares muchos inmigrantes son conducidos a las comisarías. Este magistrado pone negro sobre blanco: el hecho de que un extranjero no tenga documentación supone, según la propia Ley de Extranjería, una infracción administrativa penada con una multa de 501 euros pero en ningún caso significa la privación de libertad si no hay constancia de que se ha producido un delito grave o creado alarma social.
En segundo lugar, Sánchez Tomás es tajante: “No cabe realizar requerimientos de identificación basados en rasgos étnicos” . Y lo más grave de todo –recuerda- que se lleve a comisaría a inmigrantes que sí están documentados pero que no demuestran arraigo social: “El derecho a la libertad solo puede ser restringido si existe una previsión legal expresa. La libertad es un derecho inherente a la dignidad de la persona”.
El magistrado ahonda más en la cuestión y basándose en la Ley de Extranjería explica los supuestos en los que sí se puede proceder a la detención: cuando está abierto un procedimiento de expulsión (artículo 58); si la entrada del inmigrante se realiza por zonas no habilitadas como es el caso de las pateras; cuando se abre un procedimiento de retorno desde la comisaría del aeropuerto de Barajas: por ejecución forzosa (artículo 64), es decir que el extranjero tenga de plazo quince días para abandonar el país, pasados los cuales puede ser detenido; o detención cautelar (artículo 61) cuando se abre un procedimiento sancionador y el instructor puede ordenar la detención.
Por tanto –concluye- la Ley de Extranjería no recoge los procedimientos que se están llevando a cabo. “Estas conductas carecen de cobertura legal y algunas suponen una lesión de derechos fundamentales. Son actuaciones de carácter ilegal y les serían aplicables las consecuencias legales por un delito de detención ilegal y coacción”, afirma.
No hay ninguna ley en el ordenamiento jurídico español que ampare estas prácticas “intolerables” más cuando –recordó Margarita Martínez Escamilla- mucha gente votó al PSOE al considerar que sería “garante” de los derechos humanos.
