nuevatribuna.es
13 de enero de 2010, 3:58
NUEVATRIBUNA.ES - 08.01.2010
Hace casi un año (en febrero de 2009) la embajada de Bolivia daba la voz de alarma. Su embajadora, Carmen Almendras, denunciaba las detenciones ilegales que sufrían los bolivianos especialmente en Valencia, Murcia y Madrid. El 15 de febrero las quejas de la embajada andina tomaban forma bajo un documento que presentaron policías madrileños, donde se les hacía saber que debían detener a un cupo medio de inmigrantes.
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no tardó en negar dicha misiva. Sin embargo, las redadas policiales contra inmigrantes se han triplicado en el último año. Los métodos son más abusivos que nunca. Las fuerzas del orden eligen los lugares públicos a los que suelen acudir las víctimas. Locutorios, la salida del colegio de sus hijos, asociaciones de inmigrantes o salidas del metro, son los centros elegidos por la Policía para ‘pedir los papeles’.
El último altercado se ha producido nada más estrenar 2010. En la primera semana del año 17 paraguayos fueron detenidos en Madrid , sin documentación y fueron enviados directamente al Centro de Internamiento de Aluche. La embajada de Paraguay también dio voz de alarma, además de acusar al Gobierno español de haber infringido la Ley por no avisar a la sede diplomática paraguaya de la detención de sus compatriotas.
“No me sorprende nada”, dice Arsenio García Cores, responsable jurídico de CEAR, al conocer que ni siquiera se había avisado al país de origen de la retención de sus ciudadanos. “Después de todo lo que he visto, eso es lo de menos”. Este abogado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, se enfrenta habitualmente a las “interpretaciones” y manipulaciones que se hace de la Ley de Extranjería y en concreto de los procesos de detención: “Lo primero que hay que tener en cuenta es que la aplicación de la Ley de Extranjería tiene mucho que ver con los intereses de cada provincia. En el tema de Extranjería hay mucho reino de taifas”, aclara el abogado.
La legalidad o no de las redadas ya bautizadas como “cazas del inmigrante” no se puede valorar fácilmente: “Solicitar la documentación a un ciudadano es totalmente legal. Si fuera habitual que todos los días la policía pidiera papeles en un mismo lugar, estas detenciones no nos sorprenderían. Pero cuando se producen en un día concreto, en un lugar no habitual, y sólo se solicita la documentación a personas que no parecen españolas, la cosa cambia. En derecho existe el criterio interpretativo de la Ley, que no sólo tiene en cuenta la literalidad de la norma sino también el contexto sociológico e histórico en el que se aplica”, explica Arsenio García.
Esta arbitrariedad y mala uva a la que se enfrentan los inmigrantes cuando les piden los papeles, es sólo el primer obstáculo que deben superar una vez que son detenidos. El primer paso es su llegada a la comisaría. En ese momento se comete las segunda ‘infracción’. Con la ley en la mano y según el artículo 53, a un ciudadano que no disponga de papeles se le debe abrir un proceso sancionador que puede derivar en diversas multas económicas (10.000 euros es la cantidad máxima) y como sanción ultimísima está la apertura de un proceso de expulsión: “Si las cosas se hicieran bien se debería valorar qué situación tiene el inmigrante, si hay un arraigo o no, si conoce el idioma y otro tipo de situaciones que pueden hacer que todo se quede en una multa”, explica para nuevatribuna.es Arsenio García.
Sin embargo, la Policía opta por el camino más rápido y sin abrir el proceso sancionador correspondiente (recordar que están detenidos por una falta administrativa, no penal) directamente inician un proceso de expulsión y le ofrecen al detenido su correspondiente abogado de oficio. En ese momento la Policía comprueba que el Centro de Internamiento (CIE) que le correspondería a la víctima tiene plazas, una vez confirmado que las tiene, al detenido le quedan 72 horas (que pasa en los calabozos de la comisaría) para conocer un futuro ya pactado.
El próximo paso es llevar al ‘infractor’ ante presencia judicial. El fiscal siempre pide que se le interne en un CIE, el abogado “a veces más listo y en muchas ocasiones muy torpe” – aclara el abogado de CEAR- intenta hacer su defensa. El juez a pesar de que debería valorar la situación del inmigrante, su sentencia acaba siendo casi una norma: “Ingresarlo en un CIE hasta que vuelva a su país”.
LA VIDA EN EL CIE: UNA ESPERA INCIERTA Y EN OCASIONES ILEGAL
“Lo primero que hay que tener en cuenta es que el CIE es como una cárcel”, comienza Arsenio García. La situación incluso puede ser peor, ya que como señala el abogado de CEAR, al menos las cárceles tiene legislación penitenciaria a la que atenerse, mientras que para los Centros de Internamiento sólo hay “cuatro articulillos que se atienen a una normativa interna”. El resultado es previsible: “Están llenos de miedo y desconfianza, el clima es de total inseguridad”, añade el letrado.
Según el responsable jurídico de CEAR los gritos y los “malos tratos velados y no tan velados” son habituales en estos centros: “Son recluidos en celdas, no hay intérpretes para aquellos que no pueden comunicarse y si hablan con alguno de nosotros enseguida les van a interrogar e incluso a amenazar”, explica Arsenio. Las brutales condiciones de vida en estos centros ya fueron retratadas el pasado mes de diciembre en un informe elaborado por CEAR que valoraba la situación de los principales CIE españoles: “En general entran muy perdidos y muchas veces sus abogados no les dejan ni una tarjeta para que le pueda encontrar. Se quedan solos, esperando”.
Tras la reforma de la Ley de Extranjería, los inmigrantes pueden permanecer en el CIE un plazo máximo de 60 días como una medida cautelar hasta que se ejecute la orden de expulsión y regresen a su país. “El tiempo medio que suelen pasar es de 30 o 35 días”, le aseguró el director del CIE de Aluche (Madrid) al abogado de CEAR. “Es curioso que tengan un tiempo medio, porque hay casos que se pueden resolver en una semana, como los ecuatorianos, que tienen vuelos a diario y hay mucha comunicación con el país. Es cierto que con los países subsaharianos o con los asiáticos hay más problemas, pero en general creo que están más días de los que deberían”, opina García Cores.
Retomando el “reino de taifas” del que habla el responsable de CEAR, en Canarias se producen situaciones especialmente graves. Los subsaharianos que llegan a la costa en cayucos, una vez detenidos se les tramita un expediente de devolución (un trámite más rápido que el de expulsión) y se les envía a un CIE. “Las autoridades saben que no van a poder ser devueltos. No conocen su país de origen, no tienen documentación, hay menores de edad, un sinfín de situaciones que impiden que regresen a su país. A pesar de que ya conocen que no los expulsarán, los tienen detenidos hasta 60 días, a sabiendas de que no conseguirían nada”, señala el letrado, quien explica que una vez en libertad se les fleta un avión para enviarlo a la península.
La aplicación de la Ley de Extranjería en una detención a un irregular es una “maquinaria bien engrasada” y plagada de errores o como dice Arsenio García, de “lagunas legales en las que se juega como más conviene”. El responsable jurídico de CEAR opina que más allá de la legalidad a la hora de aplicar la Ley, lo que resulta más importante es mejorar la formación de los actores implicados en el proceso: “Primero tenemos que luchar contra el racismo institucional. Mucha gente que trabaja en esto es muy racista y eso no se puede permitir. En España hay que reflexionar sobre ello”, insiste García Cores. Sin embargo el abogado se plantea otra duda, y es que si el tan “efectivo engrasamiento de la máquina” no tiene que ver con otra cosa: “Yo todavía me pregunto si en un país con una economía sumergida de un 20% no le conviene mantener su cupo de ‘ilegales’. Si no quién limpiaría nuestras casas, cuidaría a nuestras familias…”.
Hace casi un año (en febrero de 2009) la embajada de Bolivia daba la voz de alarma. Su embajadora, Carmen Almendras, denunciaba las detenciones ilegales que sufrían los bolivianos especialmente en Valencia, Murcia y Madrid. El 15 de febrero las quejas de la embajada andina tomaban forma bajo un documento que presentaron policías madrileños, donde se les hacía saber que debían detener a un cupo medio de inmigrantes.
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no tardó en negar dicha misiva. Sin embargo, las redadas policiales contra inmigrantes se han triplicado en el último año. Los métodos son más abusivos que nunca. Las fuerzas del orden eligen los lugares públicos a los que suelen acudir las víctimas. Locutorios, la salida del colegio de sus hijos, asociaciones de inmigrantes o salidas del metro, son los centros elegidos por la Policía para ‘pedir los papeles’.
El último altercado se ha producido nada más estrenar 2010. En la primera semana del año 17 paraguayos fueron detenidos en Madrid , sin documentación y fueron enviados directamente al Centro de Internamiento de Aluche. La embajada de Paraguay también dio voz de alarma, además de acusar al Gobierno español de haber infringido la Ley por no avisar a la sede diplomática paraguaya de la detención de sus compatriotas.
“No me sorprende nada”, dice Arsenio García Cores, responsable jurídico de CEAR, al conocer que ni siquiera se había avisado al país de origen de la retención de sus ciudadanos. “Después de todo lo que he visto, eso es lo de menos”. Este abogado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, se enfrenta habitualmente a las “interpretaciones” y manipulaciones que se hace de la Ley de Extranjería y en concreto de los procesos de detención: “Lo primero que hay que tener en cuenta es que la aplicación de la Ley de Extranjería tiene mucho que ver con los intereses de cada provincia. En el tema de Extranjería hay mucho reino de taifas”, aclara el abogado.
La legalidad o no de las redadas ya bautizadas como “cazas del inmigrante” no se puede valorar fácilmente: “Solicitar la documentación a un ciudadano es totalmente legal. Si fuera habitual que todos los días la policía pidiera papeles en un mismo lugar, estas detenciones no nos sorprenderían. Pero cuando se producen en un día concreto, en un lugar no habitual, y sólo se solicita la documentación a personas que no parecen españolas, la cosa cambia. En derecho existe el criterio interpretativo de la Ley, que no sólo tiene en cuenta la literalidad de la norma sino también el contexto sociológico e histórico en el que se aplica”, explica Arsenio García.
Esta arbitrariedad y mala uva a la que se enfrentan los inmigrantes cuando les piden los papeles, es sólo el primer obstáculo que deben superar una vez que son detenidos. El primer paso es su llegada a la comisaría. En ese momento se comete las segunda ‘infracción’. Con la ley en la mano y según el artículo 53, a un ciudadano que no disponga de papeles se le debe abrir un proceso sancionador que puede derivar en diversas multas económicas (10.000 euros es la cantidad máxima) y como sanción ultimísima está la apertura de un proceso de expulsión: “Si las cosas se hicieran bien se debería valorar qué situación tiene el inmigrante, si hay un arraigo o no, si conoce el idioma y otro tipo de situaciones que pueden hacer que todo se quede en una multa”, explica para nuevatribuna.es Arsenio García.
Sin embargo, la Policía opta por el camino más rápido y sin abrir el proceso sancionador correspondiente (recordar que están detenidos por una falta administrativa, no penal) directamente inician un proceso de expulsión y le ofrecen al detenido su correspondiente abogado de oficio. En ese momento la Policía comprueba que el Centro de Internamiento (CIE) que le correspondería a la víctima tiene plazas, una vez confirmado que las tiene, al detenido le quedan 72 horas (que pasa en los calabozos de la comisaría) para conocer un futuro ya pactado.
El próximo paso es llevar al ‘infractor’ ante presencia judicial. El fiscal siempre pide que se le interne en un CIE, el abogado “a veces más listo y en muchas ocasiones muy torpe” – aclara el abogado de CEAR- intenta hacer su defensa. El juez a pesar de que debería valorar la situación del inmigrante, su sentencia acaba siendo casi una norma: “Ingresarlo en un CIE hasta que vuelva a su país”.
LA VIDA EN EL CIE: UNA ESPERA INCIERTA Y EN OCASIONES ILEGAL
“Lo primero que hay que tener en cuenta es que el CIE es como una cárcel”, comienza Arsenio García. La situación incluso puede ser peor, ya que como señala el abogado de CEAR, al menos las cárceles tiene legislación penitenciaria a la que atenerse, mientras que para los Centros de Internamiento sólo hay “cuatro articulillos que se atienen a una normativa interna”. El resultado es previsible: “Están llenos de miedo y desconfianza, el clima es de total inseguridad”, añade el letrado.
Según el responsable jurídico de CEAR los gritos y los “malos tratos velados y no tan velados” son habituales en estos centros: “Son recluidos en celdas, no hay intérpretes para aquellos que no pueden comunicarse y si hablan con alguno de nosotros enseguida les van a interrogar e incluso a amenazar”, explica Arsenio. Las brutales condiciones de vida en estos centros ya fueron retratadas el pasado mes de diciembre en un informe elaborado por CEAR que valoraba la situación de los principales CIE españoles: “En general entran muy perdidos y muchas veces sus abogados no les dejan ni una tarjeta para que le pueda encontrar. Se quedan solos, esperando”.
Tras la reforma de la Ley de Extranjería, los inmigrantes pueden permanecer en el CIE un plazo máximo de 60 días como una medida cautelar hasta que se ejecute la orden de expulsión y regresen a su país. “El tiempo medio que suelen pasar es de 30 o 35 días”, le aseguró el director del CIE de Aluche (Madrid) al abogado de CEAR. “Es curioso que tengan un tiempo medio, porque hay casos que se pueden resolver en una semana, como los ecuatorianos, que tienen vuelos a diario y hay mucha comunicación con el país. Es cierto que con los países subsaharianos o con los asiáticos hay más problemas, pero en general creo que están más días de los que deberían”, opina García Cores.
Retomando el “reino de taifas” del que habla el responsable de CEAR, en Canarias se producen situaciones especialmente graves. Los subsaharianos que llegan a la costa en cayucos, una vez detenidos se les tramita un expediente de devolución (un trámite más rápido que el de expulsión) y se les envía a un CIE. “Las autoridades saben que no van a poder ser devueltos. No conocen su país de origen, no tienen documentación, hay menores de edad, un sinfín de situaciones que impiden que regresen a su país. A pesar de que ya conocen que no los expulsarán, los tienen detenidos hasta 60 días, a sabiendas de que no conseguirían nada”, señala el letrado, quien explica que una vez en libertad se les fleta un avión para enviarlo a la península.
La aplicación de la Ley de Extranjería en una detención a un irregular es una “maquinaria bien engrasada” y plagada de errores o como dice Arsenio García, de “lagunas legales en las que se juega como más conviene”. El responsable jurídico de CEAR opina que más allá de la legalidad a la hora de aplicar la Ley, lo que resulta más importante es mejorar la formación de los actores implicados en el proceso: “Primero tenemos que luchar contra el racismo institucional. Mucha gente que trabaja en esto es muy racista y eso no se puede permitir. En España hay que reflexionar sobre ello”, insiste García Cores. Sin embargo el abogado se plantea otra duda, y es que si el tan “efectivo engrasamiento de la máquina” no tiene que ver con otra cosa: “Yo todavía me pregunto si en un país con una economía sumergida de un 20% no le conviene mantener su cupo de ‘ilegales’. Si no quién limpiaría nuestras casas, cuidaría a nuestras familias…”.
