jueves. 28.03.2024

Estos días se debate en el Congreso de los Diputados la conocida como “ley trans” y paralelamente se está produciendo un debate social importante, facilitado, sin duda, por la por la difusión que los medios le están dando. Y la cuestión no es para menos.

Impulsado por Unidas Podemos, el articulado del proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, supone:

  • la libre determinación del sexo en el Registro Civil a partir de los 16 años de edad: con intervención de progenitores a partir de los 14 y mediante autorización judicial a partir de los 12 años de edad. Digo libre determinación del sexo, porque el ejercicio del derecho a cambiar de sexo registral no está sometido a ningún requisito relativo a acreditar la situación de transexualidad, siendo suficiente la mera declaración de voluntad de quien lo solicite. El texto actual no exige cambio físico alguno, ni tratamiento hormonal, ni tan siquiera el cambio de nombre. Solo el deseo de cambiar de sexo que, ley mediante, se convertirá en derecho.
  • El proyecto de ley prevé que se pueda revertir el cambio de sexo un numero indefinido de veces, a condición de dejar transcurrir 6 meses entre una y otra vez y ello sin más requisitos que solicitarlo del Registro Civil. De aceptarse, se crearía una situación importante de inseguridad jurídica.
  • El contenido del texto legal es sumamente facilitador del cambio de sexo para las personas menores de edad, sin considerar que, aun siendo cierto que hay menores disconformes con su sexo, para los que ya existe solución legal, se ha creado en nuestra sociedad una importante demanda social de cambio de sexo en adolescentes, particularmente niñas, de manera que se ha convertido en una moda como en años anteriores asistimos a otras modas. Las personas de las Unidades de Género, endocrinos, pediatras o psiquiatras nos informan que están asistiendo a un incremento muy importante de adolescentes que deciden cambiar de sexo en un momento de la vida en el que nada es definitivo y todo está en proceso de formación,

Afirmo que el contenido del proyecto de ley es sumamente facilitador del cambio de sexo en menores, porque, entre otras, contiene un largo y confuso catálogo de conductas sancionables con fuertes condenas pecuniarias y de tiempo de inhabilitación profesional para el profesorado que no atienda los deseos de las y los menores de cambiar de sexo; para el personal sanitario, de la psicología, del trabajo social, que no haga lo necesario para satisfacer esos deseos de menores en edades en las que el mejor cuidado que se les debe dispensar no es hormonarles ni someterlos a cirugías de reasignación de sexo, sino prepararlos para la vida.

Similar amenaza se cierne sobre madres y padres que no atiendan los deseos de sus hijas e hijos menores de edad; pueden perder o ver suspendido el ejercicio de la patria potestad y sus descendientes ser declarados en situación de riesgo social.

En esas condiciones no se puede educar alumnos, sanar física y mentalmente a menores, ni formar de manera integral a los hijos e hijas y los únicos perjudicados serán ellos y ellas. La infancia merece otro trato.

Como feminista que soy, he defendido el derecho de todos los colectivos discriminados a recibir un trato igual; entre estos colectivos, está el de las personas transexuales. Ellas sufren discriminaciones específicas y, como colectivo vulnerable, tienen derecho a que los poderes públicos dispongan lo necesario para asegurarles la igualdad real. Al efecto, nuestro país se dotó de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral del sexo de las personas, que permite el cambio de sexo a quien lo solicite y acredite, siendo mayor de edad o menor con suficiente madurez y estabilidad, encontrarse en situación estable de transexualidad, mediante un certificado médico o psicológico.

Por tanto, las personas transexuales tienen desde hace años la posibilidad legal de cambiar su sexo en el Registro Civil. ¿Se debería mejorar este texto legal? Personalmente pienso que sí, eliminando el requisito de tratamiento durante dos años, pero manteniendo la obligación de acreditar mediante certificado médico o psicológico la estabilidad en la situación de transexualidad. Y ello fundamentalmente como garantía para las personas transexuales, para que no se cuele quien no lo sea.

Pero el proyecto de ley que se encuentra en debate se aleja de la protección del colectivo de personas transexuales para convertir el sexo biológico en una anécdota y el género en una categoría.

Este es un proyecto de ley que tiene muchos visos de inconstitucionalidad

En cuanto a personas menores de edad, representa una seria amenaza. Suecia, Reino Unido y Finlandia, países que nos precedieron en la asunción de postulados de la teoría (mejor doctrina) queer, aprobando legislaciones facilitadoras del cambio de sexo para menores, han dado marcha atrás porque han tenido un incremento exponencial de casos y porque en un porcentaje muy alto de menores, al crecer, dejaron de sentir deseo de pertenecer al otro sexo, encontrándose con secuelas irreversibles por los tratamientos hormonales suministrados y por las cirugías de asignación de sexo practicadas. Las personas expertas están advirtiendo a quien corresponda de que en España la situación lleva el mismo camino y se las debería escuchar antes de legislar.

Para los derechos de las mujeres es un ataque en toda regla. Si el sexo que consta en el Registro Civil hoy es uno y dentro de seis meses otro y así sucesivamente, las estadísticas desagregadas por sexo dejaran de existir. Y ello, además se suponer una conculcación de la Ley 3&2007 para la igualdad efectiva de las mujeres, hará que nos encontraremos con que la paridad será una burla. Las brechas de la desigualdad de las mujeres respecto a los varones no se podrán probar, porque las estadísticas carecerán de cualquier rigor y credibilidad. La privacidad de las mujeres en ‘ámbitos como probadores, vestuarios, recintos carcelarios, desaparecerá. Y yo me pregunto, por qué las mujeres hemos de resultar perjudicadas, cuando además somos muchas más, somos la mayoría de la población?

Los sacrificios de tantas mujeres para ocupar puestos destacados en los deportes de elite se verán pisoteados por varones que se declaran mujeres y, conservando su mayor fuerza, obtendrán los primeros puestos relegando a las mujeres, mientras que en las categorías masculinas nunca destacaron. No admitimos que se sancione en una ley semejante injusticia con las mujeres.

Este es un proyecto de ley que tiene muchos visos de inconstitucionalidad, Ya los han advertido los órganos asesores del Gobierno como son el Consejo de Estado y el CGPJ, por lo que insto a los y las legisladoras para que se armen de prudencia y de serenidad; atiendan la voz de las personas expertas: estudien las experiencias de otros países democráticos y no permitan que se vilipendien los derechos de las mujeres ni la seguridad de las personas menores de edad.

Altamira Gonzalo Valgañón Jurista

Los deseos no son derechos