El análisis del brote de listeria en Andalucía pone de manifiesto, en primer lugar, la alta responsabilidad de los profesionales sanitarios y, por otro, la descoordinación existente entre las administraciones que, de entrada, generó la culpabilización mutua, sobre todo por parte del consejero de sanidad que politizó el asunto.
Ha pasado ya suficiente tiempo para tener datos más precisos sobre la grave contaminación alimentaria producida por una variedad patógena de un germen común y presente como tantos otros entre nosotros: la listeria. Lo que no se conoce con precisión son las dramáticas consecuencias que la infección ha causado. Se conocen parcialmente y son tremendas. Siete personas muertas y varios abortos, sin precisar su número, en más de la veintena de mujeres afectadas por la infección. Y no se conocen con precisión porque tampoco se sabe exactamente el momento en el que una variedad, también desconocida, de productos cárnicos preparados salieron al mercado portando el germen infeccioso. Y es aquí por donde debemos empezar a reflexionar sobre lo ocurrido. Un caso grave contra la salud pública.
No es la primera vez que ocurre un suceso de estas características infecciosas. Es preciso analizarlo sin apresuramiento y con la mayor de las objetividades posibles, para sacar enseñanzas y poner los medios para evitar su repetición en el futuro.
Politización de la sanidad
No es tampoco la primera vez que lo primero que se pretende por parte de los responsables públicos es echar las culpas a otro, sea a la empresa causante del desastre o a otras administraciones, lo que genera un lamentable espectáculo de confrontación entre dichas administraciones que parecen olvidarse de sus funciones y competencias entre las que la primera es el interés general. En este caso el asunto ha sido lamentable e indignante. Así sí se politiza la sanidad.
Al tiempo en que todos los servicios sanitarios asistenciales reaccionaban con rapidez y profesionalidad encomiable y gran eficacia, sin disponer de datos fiables sobre el origen y el momento de la infección y ponían los medios para acotar y aislar, en lo posible, el problema y previniendo mayores desgracias al identificar el germen y sus efectos patógenos sobre los afectados pero, sobre todo, sobre las mujeres embarazadas, sus mayores en la consejería se dedicaban a hacer esa lamentable especie de “política” que cada día está mas presente entre nosotros y que consiste en salvar la imagen que podía verse afectada por no haber estado tan atentos a evitar el problema, como lo han hecho, debe repetirse, sus profesionales asistenciales de forma autónoma y responsable buscando soluciones. Nos habían enseñado que “arrojar la cara importa, que la imagen no hay por qué”.
Ahora se sabe que el problema no es de los primeros días de agosto. No se trataba de una descoordinación entre los responsables sanitarios del Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de Andalucía. No se trataba de unos pocos días entre el 5 o el 15. No se trataba de si lo supo primero uno u otro. Si se lo comunicaron debidamente. Si se identifican bien unas muestras o no. El problema venía de mucho antes. Ahora se habla del mes de febrero. Pero lo que sí hemos visto y oído, y mucho, es al consejero Jesús Aguirre con su omnipresencia mediática y estilo populista ser el protagonista del relato.
Protagonismo de Jesús Aguirre
Entre las primeras imágenes de Aguirre relacionadas con el desastre, que para algunos ha sido simplemente tragedia irreparable, nos queda la defensa, sin matices, del comportamiento de la empresa que había puesto toda la información a disposición de las autoridades en un ejemplo de cooperación para afrontar el problema.
La realidad nos dice todo lo contrario: el resultado es que se cerró la fábrica y se investiga en profundidad su manera de proceder. Se fueron descubrimiendo disparate tras disparate. El último conocido es la existencia de otra instalación paralela allí mismo sin licencia sanitaria. La fabricación de productos no declarados, problemas graves en el etiquetado. Y lo más tremendo: Se había detectado una infección de listeria en febrero. No se había comunicado y, evidentemente, se siguió fabricando y distribuyendo producto sin eliminar la contaminación hasta que era tan abundante la infección que se ha convertido en letal y casi sistémica. Su proceder era tan ejemplar, según la versión del consejero Aguirre, que hoy están en prisión incondicional el dueño y sus dos hijos colaboradores en la gestión del presunto y grave delito.
¿Habría acusado con tanta nitidez y rotundidad el consejero Aguirre al Ayuntamiento de Sevilla si el alcalde hubiera sido del PP?
Su siguiente y previsible actuación, una vez salvada la responsabilidad del causante real, era buscar otro culpable. Y lo tenía cerca. El Ayuntamiento de Sevilla con competencias delegadas en el control sanitario de esa instalación y todas las relacionadas con la industria alimentaria. No había hecho los controles debidos. No había colaborado con la Consejería. Y ahí empezaron los reproches, la utilización de fechas y descalificaciones varias. Pero solo cabe una pregunta sencilla. ¿Habría acusado con tanta nitidez y rotundidad el consejero Aguirre al Ayuntamiento de Sevilla si el alcalde hubiera sido del PP?
La descalificación del pasado
El consejero seguía su previsible forma de hacer política. Desde el primer día que tomó posesión de la consejería más importante de cara a la ciudadanía, como es la sanitaria, ha basado su única política en la descalificación radical de la labor sanitaria del anterior gobierno, y en un asunto tan sensible como las listas de espera. Ha descubierto un fraude en ellas tan inconmensurable que deja en lista de espera a prácticamente todos los andaluces. Ahora vuelven con lo mismo, pero también sobre un asunto tan sensible como los expedientes relacionados con la dependencia.
Su proceder y “campechanía” le ha hecho muy popular, tanto que nadie debería dudar en estos momentos de la falta de seriedad y responsabilidad con la que se han gestionado sus competencias en materia de seguridad alimentaria, que las tiene y muchas y muy concretas.
Desde una muy larga experiencia en la Administración Pública en áreas de regulación, normativa y control relacionadas con la alimentación, desde mis comienzos profesionales en los primeros años 70 en el Ministerio de Agricultura y habiendo visto los primeros y decididos pasos de preparación de nuestro país para el acceso de pleno derecho al acervo comunitario, que supuso un antes y un después para muchas políticas y prácticas, y que en el caso de la industria alimentaria fueron decisivos, y conociendo directamente por mis responsabilidades en la administración sanitaria la coordinación necesaria con el Ministerio de Sanidad a través de órganos comunes de ordenación, control y orientación, es inevitable sentirse preocupado y simplemente indignado ante estos sucesos y sobre todo su “relato” y puesta en escena.
Cooperación sobre el papel
Queda mucho por hacer en el cumplimiento real de las competencias de los distintos organismos en materias sanitarias
Debemos reflexionar seriamente en cómo están distribuidas las distintas competencias en estas materias sanitarias entre las tres administraciones. Demasiados organismos y normativas sobre el mismo sujeto administrado. Pero, sobre todo, debemos reflexionar sobre el cumplimiento real de esas competencias y sobre su eficacia, su seguimiento y su evaluación. Y ahí es donde queda mucho por hacer. Y saltan las alarmas cuando ocurre una desgracia como la que tenemos delante porque, sobre el papel, seguro que se dispone de un conjunto de protocolos de cooperación y coordinación afinados, precisos, ágiles y efectivos.
Nada se repite más seguramente en las relaciones interadministrativas que los términos cooperación y coordinación. ¿Pero se coopera y se coordina realmente?
Se repite tanto el término cooperación que parece haber perdido su significado práctico. Cooperar significa, desde la voluntariedad entre iguales, alcanzar compromisos concretos de acción, lo que precisa además de la voluntariedad, claridad en los objetivos y, sobre todo, lealtad para alcanzar el cumplimento de los mismos. No andamos muy sobrados de ello. En este caso nos hemos encontrado con una demostración nítida de la falta de cooperación o voluntad de tenerla y ejercerla.
O ignorancia o infamia
Juanma Moreno hizo unas declaraciones sobre morbilidad y mortalidad ante infecciones causadas por listeria que pasarán a la historia o de la ignorancia o de la infamia
El portavoz del gobierno andaluz, Elías Bendodo, que es además el Consejero de Presidencia del gobierno de coalición andaluz, culpó de forma casi instantánea al Ayuntamiento de Sevilla de no haber actuado correctamente en el control e inspección de la factoría causante del desastre y no haber informado de forma debida a los responsables sanitarios de la Comunidad. El ABC lo reprodujo con detalle y entusiasmo. Ejemplo nítido de cooperación leal.
La necesaria y proclamada coordinación conlleva que alguien, de los previamente cooperantes, decida y ejecute lo acordado, lo que requiere que antes haya existido la voluntad de cooperar. En esta ocasión tampoco cabía esperar rapidez y eficacia en ese sentido habiendo fallado estrepitosamente la lealtad inicial entre la Junta y el Ayuntamiento y buscándose el escape de responsabilidad por parte de la Junta.
Volvió apresuradamente el presidente Juanma Moreno de Galicia, visitó a los enfermos e hizo unas declaraciones sobre morbilidad y mortalidad ante infecciones causadas por listeria que pasarán a la historia o de la ignorancia o de la infamia.
Contra la politización
Después, todo se ha ido intentando ordenar para no generar más alarma, ni más “culpables”, ni más politización
El Consejo Interterritorial intentó ocuparse de las soluciones y no de los culpables reales o inventados. Despolitizar en serio
Se reunió el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para tratar de serenar e institucionalizar las soluciones que se habían puesto en marcha con éxito asistencial innegable. En ese Consejo, el Sr. Aguirre ya no era el mismo, había dejado el populismo en Sevilla. El Ministerio comunicó el problema a los organismos internacionales responsables. Había casos en Francia y Alemania. Se mueven con rapidez las mercancías y las personas y con ello los gérmenes. Había que evitar también la lamentable politización del asunto.
Conviene intentar aclarar qué se entiende o entienden unos y otros por politización. Lo de quitarse el problema de encima, echándole la responsabilidad y el mal hacer a otro, es lo que puede generar una indeseable politización. Y así se planteó inicialmente por el principal representante portavoz del gobierno andaluz, seguido con entusiasmo desde su condición de médico por el consejero más concernido, el de Sanidad.
El Consejo Interterritorial intentó ocuparse de las soluciones y no de los culpables reales o inventados. Despolitizar en serio. Esa y no otra es la despolitización que gentes con más criterio y responsabilidad desde la mayor parte de las instituciones sanitarias intentaron frenar en seco. Y así aparecieron rápidos comunicados de las organizaciones médicas, farmacéuticas, veterinarias, plurales y diversas del sector, apoyando el buen funcionamiento del dispositivo asistencial y de los profesionales, para evitar que se entrara en una confrontación partidista y sectaria, en la que de nuevo y de forma lamentable, en vez de la preocupación por los afectados, se buscara la descalificación del adversario, convertido en enemigo político. Eso puede explicar esa cadena de comunicados de apoyo que no se había producido antes en otras situaciones de estas características.
Finalmente, la Ministra de Sanidad compareció en el Congreso para explicar, tranquilizar en lo posible, e intentar volver las aguas al cauce de la cooperación y coordinación leal entre administraciones. Sin reproches. Con mesura.
Algo ha fallado
La evidencia indica que ha habido muchas cosas mal hechas, por acción y por omisión, y que por ello es mucho también lo que reclama mejora en todo lo relacionado con la seguridad alimentaria
La conclusión primera, al margen de competencias y de coyunturales “culpables”, es que algo y muy serio ha fallado. No es pensable que un producto de mucho consumo, especialmente en Andalucía, y de alto riesgo higiénico-sanitario, como el que ha causado el problema no tenga un control sanitario diario, o por cada lote puesto en el mercado, primero por parte de la propia empresa a través de su autocontrol, y de las administraciones inspectoras de forma periódica. Que se tengan productos contaminados durante meses saliendo al mercado es inaudito y debería parecer insólito para todos. De poco sirve la trazabilidad, aunque ayude. Y esta también ha fallado.
La evidencia indica que ha habido muchas cosas mal hechas, por acción y por omisión, y que por ello es mucho también lo que reclama mejora en todo lo relacionado con la seguridad alimentaria, en Andalucía en primer lugar. Ese control delegado precisa una seria reflexión que este dramático acontecimiento está desvelando cada día que pasa. Con dramáticas consecuencias para ciudadanos consumidores, pero también para empresarios y empleados responsables y cumplidores que, ante estas inmorales competencias, ven su actividad y futuro económico, empresarial y empleo comprometido injustamente.
No es ocioso repetir que lo que debe ser la primera enseñanza de este triste y dramático suceso es que hay enormes lagunas y desajustes en las políticas de cooperación y coordinación de las distintas administraciones responsables de la ordenación, regulación, control y evaluación de la seguridad alimentaria
Que la salud pública no es un departamento más de los organigramas de las instituciones de gobierno de la sanidad. Que gracias a poner por delante las exigencias de salud pública en todas las políticas estamos donde estamos. Desde el control y seguridad del agua que consumimos, del medio ambiente, de las vacunaciones programadas y concertadas para generar inmunidad grupal y especialmente en un mundo globalizado. Que no se puede simplificar diciendo que la salud pública es de izquierdas y por ello suprimirla del organigrama del gobierno, como se hizo en Madrid, o asignándole un ridículo uno por ciento en el gasto sanitario global de este país.
Que los profesionales, del primero al último, en general, a la hora de responder a una emergencia como la que se ha planteado dan lo mejor de ellos mismos, y ello a pesar del maltrato que han sufrido en estos diez años de crisis, con bajadas salariales, con precarización laboral, con alargamientos injustificado de jornada, con una reposición insuficiente en número y especialidades, con un índice de temporalidad inaudito en un sector público en parte abandonado por intereses partidistas sesgados hacia otros modelos sanitarios con mayor afán de lucro. Su paciencia también tiene límites.
Que se evalúe con humildad, rigor e imparcialidad lo que ha pasado, desde lo menor a lo mayor, y que se esté dispuesto a sacar enseñanzas y corregir desajustes con toda la decisión energía y autoridad que reclama la salud pública y el interés general.
Fernando Magro | Exdirector general del Insalud
