La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) quiere recordar que mañana se conmemora el Día Internacional de la Víctimas de las Desapariciones Forzadas. Se trata de una fecha reconocida por la Asamblea General de Naciones Unidas para denunciar la existencia de un drama extendido por numerosos países. En el caso de España, y según se supo a raíz del intento de investigación del juez Baltasar Garzón, son 113.000 los hombres y mujeres que permanecen en fosas comunes sin ser identificados.
"El Gobierno debe luchar para terminar con el déficit que existe en la aplicación de los derechos humanos"La ARMH quiere denunciar, cuando llega esta fecha, el abandono que sufren por parte del Gobierno español los familiares de los desaparecidos como consecuencia de la represión franquista.
La desaparición forzada es el delito más grave que existe en el Derecho Penal. Se trata de una detención ilegal, acompañada de torturas y posteriormente de un asesinato tras el que se oculta el cadáver. Por esa razón se trata de un delito permanente, porque el secuestro del cadáver se sigue cometiendo hasta la confesión de los autores del delito o hasta los restos sean encontrados con evidencias que permitan la identificación. Eso quiere decir que mañana, en el día internacional de los desaparecidos, volverán a desaparecer decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país.
El pasado 23 de diciembre de 2010 entró en vigor la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Se trata de una regulación, que desde ese día forma parte de la legislación española, que define las obligaciones que tienen los Estados en la erradicación de las desapariciones y que el Gobierno español lleva incumpliendo desde el primer minuto de su entrada en vigor.
"En el Estado español hay 113.000 hombres y mujeres cuyos restos se encuentran sin identificar en fosas comunes"La ARMH quiere denunciar la prevaricación generalizada, salvo mínimas excepciones, del poder judicial español que convive, sin llevar a cabo ningún tipo de actuación, con la falta de investigación y reparación a víctimas de los delitos más graves que se han cometido en el Estado español. Desde la Fiscalía General del Estado hasta el Consejo General del Poder Judicial, pasando por los numerosos jueces que no investigan las fosas que se denuncian desde las asociaciones se aplica en la jurisdicción española una ley de hierro que sostiene la impunidad de las violaciones de derechos humanos de la dictadura. Se trata además de un maltrato a los familiares de los desaparecidos a los que se culpabiliza por haber sufrido ese gravísimo delito. Sólo hay que ver el proceso contra el juez Baltasar Garzón que ha sido tratado como un delincuente por haber investigado hechos reales y haber tratado de ayudar a las familias.
La ARMH, que la pasada semana realizó la exhumación de los restos de 14 mineros en la localidad leonesa de Joarillas de Mata, seguirá trabajando por los derechos de las víctimas y de sus familias y cumpliendo un deber que las leyes hacen recaer en el Estado que desde la muerte del dictador Francisco Franco ha omitido sus deberes.
Informe realizado en el año 2005 por Amnistía Internacional sobre los derechos de los desaparecidos.
