El Tribunal Superior de Canberra dictaminó que la ley, que entrará en vigor el próximo 1 de diciembre, no contraviene la Constitución ni infringe los derechos de propiedad intelectual como denuncia la industria tabaquera.
Australia se convierte así en el primer país en adoptar el empaquetado genérico, sin marcas ni textos de promoción del tabaco, mientras que otros países como Gran Bretaña, Canadá o Estados Unidos se estudian medidas similares
Encabezados por la británica British American Tobacco (con marcas internacionales como Lucky Strike), los demandantes incluyen a Japan Tobacco International, Imperial Tobacco (Cohiba o Golden Virginia) y Philip Morris (Marlboro, L&M o Chesterfield).
"Al menos una mayoría de este tribunal opina que la ley no es contraria (a la Constitución de Australia)", afirmaron los jueces.
Las compañías no podrán recurrir la sentencia y tendrán que empezar a empaquetar el tabaco en cajetillas de color verde oliva, con tipografía homogénea y en letra pequeña la marca, a partir de la fecha de entrada en vigor de la nueva ley.
Además, las advertencias sanitarias con tumores cancerígenos y bebés enfermos que ocuparán el 75 % de la parte frontal de los envoltorios y el 90 % de la posterior.
Tras conocer el veredicto, el presidente del Consejo de Tabaco y Salud, Mike Daube, afirmó que se trata de "una victoria masiva para la salud pública" y "la peor derrota de la industria tabacalera mundial".
Daube, que dirigió el comité que asesoró al Gobierno sobre la ley, recordó que "las compañías tabaqueras se han opuesto al empaquetado homogéneo con más ferocidad que contra cualquier otra medida".
Las empresas tabaqueras insisten en que la ley les causará pérdidas millonarias y que viola sus derechos de propiedad intelectual al prohibirles utilizar sus logotipos.
Unos 15.000 australianos mueren cada año a causa de dolencias relacionadas con el tabaquismo, un hábito que según fuentes oficiales cuesta cada año unos 31.871 millones de dólares a la arcas del Estado de este país oceánico.
El Gobierno aspira a recortar el número de personas fumadoras del 15 % de la población actual al 10 % en 2018.
