miércoles 8/12/21
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Siguiendo los pasos de Aznar en el pasado, el partido de Pablo Casado, las instituciones y empresas amigas llevan casi dos años acosando a un Gobierno legítimo que ostenta hasta la fecha la mayoría que exige la Constitución. Desde el momento en que se firmó el pacto entre el Partido Socialista y Podemos, la derecha cavernícola -ajena como siempre al interés general y atenta al de la oligarquía- inició una campaña de emporcamiento de la política que ha llevado a muchas personas con poco juicio o querencias autoritarias a llamar al Gobierno de Sánchez cosas como ocupa, traidor, filoetarra o hijoputa, tal como se pudo escuchar en el desfile militar del 12 de octubre pasado.

Casado, hombre con estudios avalados por los tribunales, no encuentra otra forma de ser español que cargando contra los intereses de su país en cualquier foro internacional donde interviene, que afortunadamente son pocos. Se dice que actúa así para que el otro partido franquista, Vox, no le coma más terreno, pero la convicción con la que Casado afirma que España está en la ruina después de los dos terribles años de pandemia o su papel en el asunto de los fondos europeos no parece teatral, sino fruto de lo que sienten sus tripas. Hace tiempo que sabemos que hay neuronas en los intestinos, que de ellas dependen estados de ánimo y emociones, también que algunos sólo las tienen ahí como ya quedó demostrado en los estudios neurológicos realizados a Víktor Orban, Andrzej Duda, Mateo Salvini, Boris Jonhson, Donald Trump y los hermanos Kaczynski, sin duda promesas del nuevo fascismo que se está tejiendo por políticos que hablan de antipolítica y viven muy bien de ella.

Pero Casado, aunque pudiera llegar al Gobierno de la mano de Vox para hacernos retroceder a 1950, no tiene entidad ni fuerza política, es sólo un chico obediente. No sería más que un chiste sin gracia de no contar con apoyos de instituciones que debieran por lo menos aparentar neutralidad. La actuación del juez Marchena en el caso del diputado Alberto Rodríguez es reveladora: Mientras ningún miembro de la judicatura española ni de la fiscalía tiene nada que decir sobre las actividades mercantiles, fiscales y financieras de Juan Carlos de Borbón y Borbón, el ilustre magistrado conmina al Congreso de los Diputados -donde reside la soberanía nacional- a que expulse de su seno a un representante del pueblo por una condena muy polémica en la que se le inhabilita durante mes y medio, pero que en realidad ha supuesto su remoción definitiva de las Cortes. No sólo es que la sentencia plantee muchas dudas sobre su ecuanimidad, es que la forma en la que el magistrado se ha dirigido a la Presidenta del Congreso denota tanto una celeridad inusual como  una jactancia y una prepotencia de tal índole que tendría que haber sido rechazada de plano por Maritxel Batet. No ha sido así y el Congreso ha consentido que se expulse a uno de sus miembros más activos en la defensa de los derechos de todos, mientras siguen en él diputados franquistas, xenófobos, homófobos y antediluvianos.

Contrasta, y mucho, esta clara animadversión contra determinadas formaciones políticas con el “escrupuloso respeto” a las normas procesales y la presunción de inocencia de tantos imputados y procesados del partido fundado por Manuel Fraga Iribarne

No es cosa nueva. De todos es sabido que la mayoría de los jueces están afiliados a las dos asociaciones conservadoras, que algunos de ellos son miembros del Opus Dei y otros tantos simpatizantes nada disimulados del partido de Pablo Casado y Aznar. Son herencias del franquismo y de una transición que no fue capaz de cortar los mecanismos endogámicos que siguen decidiendo quien entra en la carrera y quien queda fuera. El resultado no puede ser otro que una justicia de marcado sesgo reaccionario proclive a condenar con penas muy severas a sindicalistas que intervienen en piquetes informativos, a raperos, tirititeros y cantantes que muestran su opinión libremente aunque a veces también sea de modo chusco o a diputados que, como Alberto Rodríguez, ejercen su derecho constitucional de manifestación: Alberto Rodríguez participó en 2014 en una manifestación contra la Ley Wert. Durante el transcurso de la misma ni fue detenido ni se le apercibió de ningún acto ilegal. Unos meses después un policía presentó una denuncia contra él en la que le acusaba de haberle propinado una patada, sin parte de lesiones ni nada que se pareciese. La denuncia del policía ha sido la única “prueba” en la que se ha basado el alto tribunal para condenar al diputado y apartarlo del cargo para el que fue elegido, demostrando de este modo que es el máximo poder del Estado, sus filias y sus fobias.

Por su parte, jueces de distintos juzgados y audiencias llevan abriendo diligencias contra Podemos desde su irrupción en la escena pública por las cuestiones más peregrinas, que si una asesora hace de niñera, que si un teléfono fue sustraído, que si recibieron dinero de Hugo Chávez, que si sus miembros tienen la fea costumbre de dormir boca arriba o que si tocan la mandolina sobre el tejado de sus casas, así hasta veinte causas que han sido cerradas por carecer de fundamentos o de pruebas. Contrasta, y mucho, esta clara animadversión contra determinadas formaciones políticas con el “escrupuloso respeto” a las normas procesales y la presunción de inocencia de tantos imputados y procesados del partido fundado por Manuel Fraga Iribarne.

Dada la aplastante mayoría conservadora que reina en la judicatura, el Partido Popular, junto a Vox y Ciudadanos, ha decidido que la forma de mantener su poder real al margen de las elecciones es que los jueces elijan al órgano constitucional que rige su funcionamiento, lo que indudablemente supondría crear un poder por encima de los demás poderes y a las órdenes de quienes piensan y sienten como ellos. Por otro lado, esa propuesta que tiene varado el funcionamiento de la justicia, contiene unos indisimulados componentes corporativos que podrían ser extrapolados a otros sectores como la Sanidad, la Economía o la Educación, cuyos ministros tendrían que ser elegidos por los sanitarios, los economistas o los educadores, regresando de una vez al tan añorado franquismo donde todo se organizaba en torno a las corporaciones y sus respectivas clientelas. Sin embargo, aunque los miembros de la judicatura son los que son y aunque muchos de ellos sean incapaces de separar ideología personal de su trabajo -otros mucho si lo hacen-, no sé por qué a nadie se le ocurre proponer que el máximo órgano de gobierno de los jueces sea elegido en las mismas elecciones en la que se eligen a diputados y senadores, viéndose obligados los candidatos a poner las cartas boca arriba al explicar sus propuestas.

La derecha y los poderes de la antigüedad