viernes. 29.03.2024
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Foto: Nuevo Agora

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, se ha dirigido por carta a los Ministerios de Justicia, del Interior y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y a la Fiscalía General del Estado, con las recomendaciones para agilizar los procesos de investigación y para trasladarles las peticiones de las asociaciones de afectados por la causa de los ‘bebés robados’.

Tras una reunión celebrada este mismo miércoles con representantes de Asociación Nuevo Ágora, AVIDNA y Buscando Justicia, el Defensor ha manifestado que “ha llegado el momento de dar un nuevo impulso a las investigaciones sobre un drama que ha afectado a miles de personas en España que todavía esperan una respuesta de las instituciones comprometida y sincera”, señala.

Los afectados han expuesto los obstáculos con los que se encuentran las víctimas de sustracción de niños recién nacidos para obtener información de la administración que les permita avanzar en las averiguaciones sobre sus orígenes biológicos, informa en una nota la institución.

BANCO DE ADN

En concreto, la Institución ha recomendado a la Secretaría de Estado de Justicia la creación de un banco de ADN Nacional y que la realización de las pruebas sea gratuita para las víctimas del tráfico de bebés robados.

Asimismo, el Defensor ha recomendado que se conceda automáticamente el derecho de justicia gratuita a las víctimas en los procedimientos judiciales que se inicien o se hayan iniciado.

También considera necesario reorganizar la oficina para los afectados para que, además de mantener las actuales funciones del servicio de información y recogida de datos, ofrezca un servicio de orientación jurídica para las víctimas y refuerce sus prestaciones.

PETICIONES A LA IGLESIA

Además, la Institución ha recomendado a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, dependiente del Ministerio de Justicia, que se dirija a las autoridades eclesiásticas para que faciliten toda la información y documentación que pueda ayudar a las víctimas inmersas en procesos judiciales.

A juicio del Defensor del Pueblo, “aunque los archivos parroquiales no puedan ofrecer por sí solos información relevante, sus datos sí pueden ser cruzados con las inscripciones de nacimiento del Registro Civil”.

“También sería muy útil para las investigaciones” -señala- que la Iglesia Católica facilite toda la información que tiene sobre las órdenes religiosas que atendían en los hospitales y que identifique a las personas que desempeñaban sus funciones en maternidades, hospitales, casas cuna, orfanatos, centros para madres solteras, etc. para cruzar dicha información con otras bases de datos de los archivos históricos y del Registro Civil.

DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO

Por otra parte, el Defensor del Pueblo se ha dirigido a la Fiscalía General del Estado para que informe sobre el estado de tramitación en el Tribunal Supremo del procedimiento sobre la unificación de doctrina en la prescripción de los casos de bebés robados. En el caso de que hubiese sido resuelto, la Institución quiere conocer la resolución adoptada y los efectos que ese fallo judicial tiene en los procedimientos pendientes y/o sobreseídos.

El Defensor del Pueblo coincide con las asociaciones de víctimas en la necesidad de crear en la Fiscalía General una Sección especializada para estos casos.

OTROS ARCHIVOS

La Institución se ha dirigido también al Ministerio de Trabajo para que verifique si tiene en su poder el archivo del antiguo Patronato de Protección a la Mujer y el archivo de la Obra de Protección de Mujeres. Ambos archivos podrían contener documentación de gran valor para las investigaciones de estos casos.

Por último, el Defensor del Pueblo ha trasladado al Ministerio del Interior la queja de las víctimas sobre el “muro infranqueable” que supone para ellas la Ley de Protección de Datos en el curso de sus pesquisas.

En este contexto, la Institución cree que sería razonable que se destinaran efectivos policiales especializados a la investigación de estos casos para que, en coordinación con las instancias judiciales, se pudiera avanzar en el esclarecimiento de los hechos, cruzando los datos de los distintos archivos y accediendo a información y documentación que les está vedada a las víctimas por ley.

Más de 300 quejas desde 2011

El Defensor del pueblo ha tramitado más de 300 quejas desde 2011 de familias que esperan conocer el paradero de los recién nacidos sustraídos en centros hospitalarios y maternidades.

También ha mantenido varias reuniones con la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

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