La convocatoria de las organizaciones de pensionistas de la manifestación del 15 de octubre en Madrid es una llamada a la movilización de toda la clase obrera en la defensa del poder adquisitivo atacado par la inflación. Es una convocatoria en defensa de los salarios y las pensiones, que, en la situación política actual, deja al desnudo a la representación oficial del movimiento obrero y al gobierno.
Es un llamamiento dirigido a los pensionistas, a los trabajadores activos y a todas organizaciones sociales y sindicales que compartiendo los objetivos de la convocatoria quieran participar.
Desde amplios sectores de la clase obrera y sindicalistas y organizaciones obreras diversas se apoya incondicionalmente la movilización del 15 de octubre convocada por las organizaciones de pensionistas. Y ese apoyo quieren traducirlo en medidas concretas que ayuden al éxito de la movilización.
Frente al efecto de la inflación, devaluando el poder adquisitivo de los salarios, los trabajadores activos se encuentran expectantes. Es muy importante facilitar la participación de trabajadores, delegados y sindicalistas en apoyo a la convocatoria y la participación en la movilización del 15 de octubre.
A los pensionistas el gobierno del PSOE, IU/PCE y PODEMOS, apoyándose en la pasividad de las direcciones sindicales, continúa decididamente con su plan de reducir las pensiones públicas y sustituirlas por pensiones privadas.
El combate contra las conquistas sociales canalizado a través de la UE, la banca y la patronal exige al gobierno que incumpla el aumento de las pensiones aprobado en la ley. Al tiempo que lo apoyan cuando incumple la ley retrasando la realización de la auditoria y cuando ataca de frente la tasa de reemplazo de las pensiones.
EL EJE DE ESCRIVÁ
El plan de Escrivá, entendiendo que con el apoyo de todos los ministros, consiste en retocar todas las variables y parámetros del régimen de reparto con el objetivo de reducir el gasto total y el montante de las pensiones de los futuros pensionistas.
Desde un punto de vista político Escrivá se apoya en un relato fallido que pretende justificar que el sistema de Seguridad Social no puede hacer frente a las pensiones futuras. En apoyo de este relato del ministro se ha movilizado la banca, las compañías de seguros, las sociedades de captación de ahorros y todo el capital financiero.
A este circo se ha unido también el Banco de España pretendiendo dar solvencia técnica a la propaganda oficial del ministro sobre la necesidad de los recortes o, por ejemplo, dando publicidad a falsas deudas de la Seguridad Social sobre las que el Tribunal de Cuentas dictaminó que eran fruto de manipulaciones contables y por tanto eran falsas deudas de la Seguridad Social con el Estado.
El ministro gracias a la presión y trabajos de los pensionistas se vio obligado a reconocer, para entendidos y en contadas ocasiones, que las cotizaciones sociales habían sido sistemáticamente saqueadas para financiar “gastos impropios”. Es decir, que los excedentes de los ingresos por cuotas de la Seguridad Social se destinaron a financiar gastos propios del Ministerio de Hacienda y en consecuencia, para esconder esas irregularidades, fue necesario inventar una secuencia de anotaciones contables en las que se disminuía el déficit del Estado, se ocultaban los superávits de la Seguridad Social y las reservas que con ellos se debieron constituir. Uno de los resultados de esas manipulaciones contables es la aparición falsa deuda de100.000 millones de euros antes comentada.
Han sido las propias instituciones del Estado las que han creado un marco ficticio de crisis y endeudamiento. Escrivá lo ha adoptado como base justificativa de la política de recortes imprescindibles para atender las exigencias del capital financiero de extender sus negocio de las pensiones privados en los espacios cubiertos por las pensiones públicas.
Lo que se pretende desmontar con la exigencia de la auditoria es ese cúmulo de irregularidades provocado por el saqueo a las cuentas de la Seguridad Social, que han sido denunciadas por especialistas e incluso por el Tribunal de Cuentas y lo que hace falta es restituir la verdad y la magnitud del desvío de fondos perpetrado contra la ley que protege el patrimonio de la Seguridad Social.
LA AUDITORIA ES UNA EXIGENCIA DEMOCRATICA QUE EL GOBIERNO ESTÁ OBLIGADO A ATENDER
La exigencia de la auditoria es la única forma de demostrar que Escrivá miente, que la Seguridad Social es sostenible, que la solución no es abrir las puertas a las pensiones privadas para sustituir las pensiones públicas, que la solución no es reducir pensiones públicas para dejar espacio a las privadas
La solución pasa solamente por obligar a que los ingresos de las cotizaciones se apliquen al fin que tiene atribuido (las prestaciones del régimen de reparto), y no a financiar gastos del Estado ajenos a la Seguridad Social.
Los pensionistas recogieron más de 200.000 firmas exigiendo la auditoria, apoyos de sindicalistas y de congresos de las centrales sindicales.. Y no es ocioso recordar que en la primera frase del documento a firmar se decía:
Existe una deuda histórica no reconocida con el sistema de reparto de nuestra Seguridad Social, en buena parte es una herencia de gobiernos anteriores.
Se ha demostrado y reconocido las irregularidades sistemáticas y saqueos perpetrados, pero no es suficiente con se reconozca que durante decenios regularmente se han utilizado las cotizaciones sociales para gastos impropios, los que se necesita ahora es que sus consecuencias no se utilicen para recortar prestaciones, que se establezca la verdad y se aclaren y corrijan las irregularidades.
Las instituciones estatales se convierten así en el obstáculo principal a las reivindicaciones, ocultando sus irregularidades sin que el gobierno se atreva a desmotar el cuadro de una Seguridad Social en crisis dibujado desde las entrañas del Estado al servicio del capital financiero. Muy al contrario, el gobierno protege en silencio ese mundo institucional que se ha apropiado durante decenios de las cotizaciones sociales.
Un grupo de diputadas y diputados (Meri Pita, Jordi Salvador, Iñaki Ruiz, Albert Boltran, Nestor Rego, Íñigo Errejón, Joan Baldoví, e Inés Sabanés), frente al rechazo del gobierno, apoyaron la realización de la auditoria como medio de exigir la transparencia de la cuentas públicas. La presión de los pensionistas en unidad de acción con los diputados consiguió introducir en la ley 21/2021 de 28 de diciembre importantes garantías, de una parte la disposición adicional sexta disponiendo
En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría (..).
Dicho informe, será realizado en el plazo máximo de seis meses (..)
El gobierno ha incumplido los plazos, porque la realización de la auditoria pude conducir a desmontar todo el relato de la insostenibilidad del sistema en que se basa Escrivá para hacer recortes en lo público..
De esta forma el gobierno actual no hace frente a las irregularidades cometidas por las instituciones estatales contra los recursos de la Seguridad Social y al mismo tiempo incumple directamente la ley que con plazos precisos le obliga a encargar y concluir la auditoria.
Por ello es acertado y oportuno el acuerdo de hacer delegaciones a los diputados que apoyan al gobierno la exigencia democrática que tiene el gobierno de cumplir la ley. El cumplimiento de la ley es inexcusable, no es optativo.
LA DEFENSA DE LA TASA DE SUSTITUCIÓN ES TAMBIEN UNA EXIGENCIA DEMOCRATICA
La segunda garantía del sistema de reparto introducidos en la ley 21/2021 de 28 de diciembre por la movilización de pensionistas a través de algunos diputados se refiere al mantenimiento de la tasa de sustitución de las pensiones. Esta tasa indica el porcentaje que representa la pensión respecto al último salario previo a la jubilación. En España el año pasado estaba en torno al 80% del último salario, una de las más altas del mundo.
La ley recoge la obligación del gobierno de mantener el nivel actual de prestaciones, y muy especialmente el nivel de las pensiones manteniendo el actual nivel de la tasa de reemplazo. Se recogen en la disposición final tercera, condicionando la reordenación de servicios y a la eventual agencia. :
Con el objeto de asegurar el actual nivel de prestaciones públicas del régimen de reparto en el que se fundamenta nuestra Seguridad Social medido por su tasa de reemplazo
El incumplimiento de esta disposición es evidente. Los recortes de las pensiones fuerzan directamente a la baja de la tasa de reemplazo. Tanto la pérdida de poder adquisitivo de principios de año a causa de revalorización de las pensiones en porcentaje inferior al IPC, como el nuevo procedimiento anunciado por Escrivá consistente en calcular la base de cotización de 35 años, son un duro golpe a la tasa de reemplazo.
Solo el paso de utilizar de 25 a 35 años el periodo de cómputo para el cálculo de la base supone una pérdida del 8 al 10% de la pensión para los nuevos pensionistas.
Ante esa perspectiva todo trabajador está legitimado para exigir que el gobierno cumpla lo establecido en la ley sobre el mantenimiento del actual nivel de prestaciones sociales y especialmente la pensión futura.
Exigir al gobierno el cumplimiento de esta obligación aprobada hace nueve meses es un derecho irrenunciable, como el de la exigencia de la auditoria. El gobierno aprueba una cosa con una mano y con la otra la deshace.
EL GOBIERNO INCUMPLE LA LEY Y ARRASA LA SEGURIDAD SOCIAL EN BENEFICIO DE LOS INTERESES DEL BANCOS
La ofensiva del capital financiero por meter la mano en las cotizaciones sociales es secundada por Escrivá con violencia, sin respetar ninguna de las garantías arrancadas por los pensionistas e introducidas en la ley. Se trata de la realización de una auditoria del Tribunal de Cuentas a las cuentas de la Seguridad Social y el mantenimiento de la tasa de reemplazo.
El gobierno empezó a incumplir la ley a las 4 semana de aprobarse en la ley el encargo de la auditoria y ha continuado su política de incumplimientos con la no presentación de la auditoria y con el anuncio del aumento de los años para el cálculo de las bases a 35 años, que impone una fuerte disminución de la tasa de reemplazo.
El gobierno con su brutal estrategia de recortar pensiones públicas para facilitar su sustitución por los fondos privados llega incluso a incumplir los acuerdos alcanzados con los sindicatos y las recomendaciones del Pacto de Toledo. La Recomendación 15 del pacto de Toledo estableció límites al desarrollo de los planes complementarios en los siguientes términos:
Tienen como objetivo complementar -en ningún caso sustituir- las pensiones públicas.
Será la acción unida de los pensionistas y los trabajadores activos en unidad de acción con las organizaciones de la clase obrera el único freno que detenga tanta urgencia en reducir el régimen de reparto incumpliendo el gobierno principios elementales de respeto a la democracia, a la transparencia de las cuentas públicas y al cumplimiento de la ley.
Las movilizaciones para el 15 de octubre es positivo que integren en sus objetivos esta dimensión de la lucha en defensa de la Seguridad Social.
