¿Es lícito continuar sufragando la asistencia religiosa (católica) obviando que son las diferentes confesiones las que deben afrontar los gastos derivados de su labor pastoral?
Hay escasez de camas en los hospitales, el personal sanitario está desbordado, las listas de espera no tienen fin pero la figura del capellán católico, que al sueldo que percibe de su diócesis le suma el sueldo hospitalario (con sus correspondientes cheques de restaurante), permanece inalterable.
El 27 de agosto de 1953 en nombre de la Santísima Trinidad se firmó el Concordato entre la Santa Sede y España con la finalidad, según consta en su primer párrafo, de “la obtención del mayor bien de la vida religiosa en conformidad con la Ley de Dios”. En su primer artículo se afirma que la Religión Católica, Apostólica, Romana es la única de la Nación española; así fue durante décadas hasta que en los años 1976 y 1979 se revisaron y actualizaron los textos del acuerdo, sin embargo en ambos textos se sigue reconociendo la vigencia del Concordato del 53, reconocimiento que se traduce en el mantenimiento de las prebendas de la iglesia católica; el convenio de asistencia religiosa en hospitales que regula la financiación de los capellanes hospitalarios es una de ellas, un privilegio del que no disfrutan otros credos (las confesiones minoritarias prestan sus servicios de forma gratuita).
Los Servicios de Salud de las diferentes Comunidades Autónomas pagan el salario de los capellanes por las visitas que realizan a las habitaciones (habitualmente sin que se haya solicitado su presencia a pesar de que su cometido debería ser única y exclusivamente a demanda del enfermo), por su asesoramiento religioso y moral, por la celebración de actos de culto, por la administración de sacramentos… Desde 1985, con Felipe González al frente del gobierno, se les garantizan locales adecuados (capilla, despacho y lugar para residir o en su caso pernoctar), y los recursos necesarios para su prestación.
No son personal sanitario pero se comportan como si lo fueran, formando parte incluso de los respectivos comités de ética de algunos centros. Desafortunadamente la financiación de la asistencia psicológica a enfermos y familiares para afrontar la enfermedad y el desenlace vital, más allá de las creencias o descreencias de cada cual, no goza de la misma consideración ni de la misma partida presupuestaria que la asistencia religiosa.
Tan solo en Galicia son 41 los religiosos católicos que cobran puntualmente un salario por los “servicios prestados” en los diferentes hospitales gallegos
Repartidos a lo largo y ancho de la geografía española estos sacerdotes prestan asistencia religiosa en los centros hospitalarios con un elevado coste; tan solo en Galicia, que cuenta con siete áreas sanitarias, son 41 los capellanes que cobran puntualmente su salario por los “servicios prestados” en los hospitales. Los recortes sanitarios que azotan a este colectivo no afectan al dinero que ingresan estos sacerdotes; ellos reciben puntualmente un dinero procedente de la misma bolsa de la que salen las nóminas de quienes luchan en primera línea contra la COVID-19.
Con las capillas de los hospitales cerradas a consecuencia de la pandemia y sin acceso a la mayoría de las áreas, estos integrantes del clero no renuncian a su sueldo; tan solo en el presupuesto sanitario de la Xunta para el año 2021 se destinan 700.000 euros que serán abonados a los curas católicos en pago por “sus servicios”. Las diócesis se encargan de hacer efectivos los salarios y de pagar a la Seguridad Social con el dinero del Sergas (Servizo Galego de Saúde). Es indignante que no se atienda la apremiante necesidad de aumentar recursos y personal en la Sanidad Pública, y sin embargo se destinen partidas presupuestarias para pagar a los capellanes.
¿Cuándo llegará la hora de que estos sacerdotes empiecen a predicar con el ejemplo y asistan a sus fieles sin pasar el cepillo a las diferentes administraciones que los sustentan?
