jueves. 28.03.2024
niños maltrato
Foto: Comunidad de Madrid

Los datos presentados recientemente por el Ministerio de igualdad, sobre las consultas al número telefónico 016 de atención a las víctimas de la violencia machista, así como las consultas online a los diferentes servicios existentes y los puestos en marcha específicamente tras la emergencia del coronavirus, muestran, como era previsible, un fuerte incremento durante el tiempo que llevamos de cuarentena situándose ese aumento en torno al 50%.

A partir de aquí, consecuentemente, surge una pregunta obligada: ¿cuál es la situación de los niños víctimas de violencia en sus hogares, ahora, que la convivencia con su potencial agresor es de 24 horas? Debe considerarse, que, precisamente, muchos de los factores del aumento del riesgo para las víctimas de violencia de género, incrementados por el estrés del encierro y, probablemente, la pérdida del trabajo, concurren también en el caso de la violencia intrafamiliar. Estos factores se suman, acumulativamente, a otros, situacionales, familiares y sociales, presentes en la violencia contra los niños en sus hogares, que amplían las posibilidades de sufrir abuso y/o, negligencia y/o violencia, no solo por parte de su padre, sino también, de la madre, tutores, u otros miembros de la familia o la convivencia. No se olvide tampoco, el dramático dato del abuso sexual, que, englobado dentro del maltrato intrafamiliar, engorda una exigua estadística oficial, no acorde con la realidad, quedándose muy corta.

El Registro Unificado de Maltrato Infantil, (RUMI), la base de datos que registra los datos procedentes de los servicios de protección a la infancia de comunidades y ciudades autónomas, recibió 18.801 notificaciones de casos de sospecha de maltrato infantil en el año 2018 –últimas cifras conocidas-. No obstante, como ha señalado Save the children, las dimensiones del problema son mucho mayores, estimando en su estudio, que el 25% de los menores han sufrido abusos físicos o psicológicos en cualquiera de sus manifestaciones, por lo que en un cálculo aproximado, se obtendría que unos dos millones de niños y adolescentes, han sido víctimas de maltrato en España.

A diferencia de algunas cifras publicadas en relación con la violencia de género, no tenemos datos, aunque sean mínimos, sobre el maltrato intrafamiliar de los niños durante la época de cuarentena, de hecho, previsiblemente, la estadística oficial de estos meses y la información de los servicios de protección, indicarán una gran disminución de casos conocidos, pues, la denuncia de este maltrato, lógicamente, no suele proceder directamente de la víctima o de su entorno más íntimo, y su detección, suele hacerse por terceros ajenos al ámbito de la convivencia, normalmente, el colegio o los servicios sociales o de salud, todos, actualmente en aislamiento.

No existe un teléfono de información y ayuda, equiparable al 016, para los niños víctimas de violencia intrafamiliar, ni tampoco ningún otro sistema de detección o alerta temprana, que pueda dar una indicación certera. Lo más parecido, es el teléfono ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes, que, como medida de ajuste, en esta época de pandemia, ha sustituido el servicio de asistencia telefónica, por un chat de atención, pues, las dificultades de los niños para llamar, son evidentes. Según indica la ONG, el servicio ha recibido una media de 36 consultas diarias, durante la época de confinamiento, cuando la media de consultas diarias en el año 2019, fue de nueve. A pesar del incremento del 300% de consultas en este tiempo, si se tiene en cuenta, que el servicio requiere del acceso a internet por parte del niño, además, que este reconozca su situación de maltrato, sepa de la existencia de servicio de ayuda y, sobre todo, considere que no va a ser descubierto por su agresor, es comprensible la escasa incidencia de este recurso en la protección, frente a la dramática realidad que subyace.

Los niños son vulnerables, especialmente, cuando son pequeños, debido a su indefensión

Además de algunos factores de riesgo comunes, que comparten con otros grupos vulnerables a sufrir violencia en el hogar (mujeres, ancianos, LGTB+), los niños presentan otros, muy específicos e interseccionales, que aumentan el peligro para sus derechos y la impunidad de sus victimarios. Cuando el entorno de cuidado prioritario en la protección de la infancia, el hogar, deviene en un espacio criminógeno, se convierte en una trampa de la que, los niños, por sus propios medios no pueden salir, dadas las condiciones personales y situacionales en las que se desenvuelve su vida. Los niños son vulnerables, especialmente, cuando son pequeños, debido a su indefensión; no pueden huir, ni tampoco protegerse, siendo los más “vulnerables dentro del universo de los vulnerables”, los niños que presentan una discapacidad física o psíquica. El sistema a pesar de la enorme maquinaria y la burocracia existente, no está preparado, y la mayor parte de la violencia contra los niños no es conocida, ni tampoco son identificados sus autores. Finalmente, los niños no tienen opciones, pues, mientras los adultos tienen cierto margen para elegir su modo de vida y sus compañías, los niños, por su grado de dependencia, no pueden. No eligen a su familia y tampoco el entorno en el que tienen que desarrollarse, obligatoriamente.

La pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencia la fragilidad de las costuras del Estado, y a la vez, la fortaleza de la sociedad civil organizada y solidaria. Allí, dónde la protección de los derechos estaba en entredicho, o la acción estatal en su defensa, era tibia, las circunstancias actuales, han incrementado el riesgo de su vulneración y la lesión efectiva de los mismos, con un añadido tenebroso, no hay constancia. Solo nos queda tiempo y recursos para contar cadáveres y enfermos -a veces, ni eso-, y por supuesto, para la vigilancia intensiva de la sociedad; desapareciendo en medio del dolor del presente y el temor por lo que vendrá, todas esas realidades ajenas a la pandemia, enquistadas en la sociedad, estructurales y olvidadas, que dan espera, antes, durante y después de esta emergencia, siempre preteridas por otras necesidades urgentes.

El confinamiento forzado las 24 horas augura un escenario dantesco de dolor y sufrimiento para quienes conviven con su agresor

Los niños no son un colectivo de atención preferente, y esto ha quedado en evidencia durante la cuarentena, donde las mascotas han obtenido un mejor trato. Sus necesidades y derechos no solo se han visto relegados, sino también, minimizados, invisibilizados, y hasta ridiculizados, en atención a un interés general, que los culpabiliza por ser niños. Los problemas de malnutrición, su salud física y mental, su educación, los fallos del sistema de protección, nunca han sido prioridades de la agenda del gobierno, y, por ello, en estos momentos de crisis, simplemente, se han obviado. Los factores de riesgo y las dificultades en la detección del maltrato infantil en el hogar, son conocidos, no son el resultado de la pandemia, por el contrario, el confinamiento forzado las 24 horas con el agresor, augura, desde el conocimiento previo, un escenario dantesco de dolor y sufrimiento para quienes conviven con su agresor, cuyos contornos apenas vislumbraremos en el futuro. Desconocer la magnitud de lo que sucede y/o no evitarlo –aunque sea de forma parcial-, durante el confinamiento, es el resultado de la falta de previsión, o peor aún, del interés por hacerlo.

Es necesario un cambio de mentalidad en la sociedad, que aún considera a los niños propiedad de sus padres, y mira para otro lado, cuando se produce la violencia, incluso, aceptándola como forma de corrección. Los niños siguen siendo considerados objetos y la educación en derechos, parece ser un privilegio de los padres, por esto, algunos, no solo reivindican la censura parental en la escuela en relación con los contenidos, sino también, el derecho a hacer con sus hijos lo que quieran, pues, “son suyos”, por esto, se niegan a ofrecer recursos educativos a los niños, que posibiliten su propia defensa contra la violencia. El mayor contrasentido –y, además, completamente irrelevante-, sería, hoy, sostener que los maltratadores o los agresores sexuales, pudieran decidir sobre los contenidos de las campañas contra la violencia machista, o su forma de trasmitirla para que llegue a todas las mujeres, sin embargo, ese mismo debate, nos parece aceptable, e incluso, sustenta el argumentario de un partido político, cuando se trata de trasladarlo al ámbito de la infancia.

El maltrato infantil en el hogar es una de las vulneraciones de derechos más graves, no solo porque ocurre sobre sujetos especialmente vulnerables y en el espacio más íntimo, por tanto, con gran impunidad, por aquellos, que, por definición están llamados a garantizar su protección, sino también, porque sus efectos, inciden en el bienestar físico y emocional del niño –incluso, produciendo alteraciones neurológicas-, y perduran a lo largo del tiempo, afectando no solo a quien lo sufre, sino también, al entorno de la convivencia, personal y social, presente y futura, pues, la violencia se aprende y, la sociedad, es también el reflejo de este aprendizaje. Los cambios reales, deben venir de la transformación de los valores sociales y personales, en los que la violencia deje de ser el instrumento primario de solución de problemas.

Mientras tanto, y a pesar de las dificultades, debe ser posible proteger a los niños de cualquier violencia, y especialmente, la originada en sus hogares, lo contrario, sería un fracaso absoluto de nuestro proyecto de sociedad. Los sistemas de alerta temprana deberían funcionar, ya sea, desde el entorno mediato, familia ampliada, vecinos, instituciones religiosas, etc., o, desde los sistemas más desarrollados y protocolizados en los entornos del niño, colegios y servicios médicos, y sobre todo, desde las instituciones públicas que tienen asignada legalmente la protección de sus derechos: los servicios de protección, los servicios sociales, policías, fiscales y Jueces. Es más, si ya se conoce la situación de maltrato familiar de un niño, porque se ha tenido conocimiento de hechos previos de esta misma naturaleza, el abandono institucional de los niños, ya victimizados, en manos de su victimario, sin ofrecerles ningún recurso de protección, convierte al sistema en cómplice de la ignominia, y no vale el argumento de la fuerza mayor, como en este caso, la COVID-19.

La obligación de todos, como sociedad, en esta época de pandemia, es el cuidado colectivo, de unos hacia los otros, y a ello se han dirigido los mensajes del gobierno y de la sociedad civil. Pero, ¿Quién cuida a los más vulnerables de sus cuidadores violentos?


Gloria González Agudelo | Profa. Titular de Derecho Penal UCA

Hogar, dulce hogar: ¿dónde está el 016 de los niños en la cuarentena?