A pesar de lo que pueda parecer la repercusión de la crisis en los sectores más desfavorecidos de la juventud no es lo que está presente en las movilizaciones por la libertad de Pablo Hasél. En estas manifestaciones, algunas de ellas violentas, sus participantes mayoritariamente jóvenes y adolescentes son en una buena parte hijos de clase media y estudiantes, que pueden estar quejosos deber como se han frustrado en parte las expectativas de futuro que se prometían pero a los que nunca les ha faltado un plato a la mesa. Junto a ellos grupos anti-sistema o radicales y en el caso de Catalunya radicales independentistas o profesionales de los alborotos. Todos ellos componen un coctel de indignación que es posible que no tenga nada que ver con la libertad de expresión y que es posible que no sepan ni quien es Pablo Hasél.
Pero no es en estas manifestaciones con amplio seguimiento de los medios donde podemos encontrar las huellas profundas de la crisis que la pandemia ha multiplicado. Los efectos de la crisis se encuentran en otros ambientes. Los sectores más afectados por la situación actual son aquellos que ya se estaban entre los más desfavorecidos por la desigualdad creciente. Una gran parte de los afectados son personas jóvenes, muchos de ellos trabajadores precarios o empleados en la economía sumergida a quienes la crisis sanitaria ha dejado sin sus ya de por sí míseros empleos. Junto a ellos la población migrante, en gran parte mujeres, que han perdido sus precarios trabajos en la limpieza la construcción o en los cuidados de mayores.
Con la pandemia sanitaria ha llovido sobre mojado ante un mercado laboral deteriorado durante la década pasada por las políticas de desregulación laboral que agravaron la ya de por sí importante precariedad del mercado de trabajo que ha sido la principal fuente del incremento de la desigualdad social.
Esta es la crisis real a que debe prestar atención la política y no a las algaradas de algunos pseudoradicales antisociales, algaradas que deben contestarse con los medios propios del Estado de Derecho
Pese a las medidas adoptadas por el Gobierno de coalición el “escudo social” que ha sido una importante novedad en la política del país no ha alcanzado a todos. Y ha soslayado especialmente a los más débiles y desfavorecidos. Los ERTE y el IMV no han llegado a sectores ya situados en el escalón más débil de esta sociedad, especialmente en los afectados por la economía sumergida y el trabajo no declarado.
En esta crisis se han hecho sin duda esfuerzos que nunca se habían efectuado anteriormente por tratar de mitigar los efectos de una crisis sanitaria que se ha producido cuando aún no nos habíamos recuperado de los derivados de la crisis económica anterior. Pero si algo ha fallado en la estrategia del gobierno es no haberse dado cuenta que ya existía una importante parte de la población trabajadora (aproximadamente un 10% del total) que ya anteriormente estaba situada más allá del límite de la pobreza. Y que con la nueva situación se ha visto doblemente afectada por su situación previa y por la sobrevenida.
La pobreza está instalada en estas amplias capas de la población más desfavorecida. Muchos dicen respecto a las algaradas en relación a Pablo Hasél que significan un síntoma de crisis social. Cabe discrepar radicalmente de esas aseveraciones. Hasta el momento los sectores más afectados por el paro y la pobreza aún no se han crispado ya que están más ocupados en lograr sobrevivir. Si algo sienten es congoja, desesperanza y desamparo por no vislumbrar el más mínimo horizonte de salida a la vista.
Hoy en día los efectos de la crisis, la población que más sufre en la sociedad no se encuentra en ninguna algarada, sino en las “colas del hambre”, frente a los comedores sociales o los bancos de alimentos a los que los más afortunados pueden acudir.
Afrontar esta situación de pobreza severa en que se encuentran los más azotados por la desigualdad, los que nada tienen, los “parias” de nuestra sociedad democrática debería ser una prioridad. Y darle una solución ha de ser una prioridad junto a los grandes objetivos sanitarios y económicos que permitan dar una salida a la crisis. No se puede dejar a un 10% de la población en la cuneta social.
Nuestros gobernantes a todos los niveles deberían situar esta lucha contra la pobreza extrema como una prioridad de los gobiernos municipales, autonómicos y del propia Gobierno del Estado. La política debe demostrar su utilidad y atajar las situaciones más inhumanas debe ser una de sus actuaciones. No es aceptable que gobiernos como el de la Comunidad de Madrid, por ser una de las más afectadas, se preocupen de bajar los impuestos a sectores pudientes de la sociedad mientras hay ciudadanos que pasan hambre.
Es un trabajo de toda una Vicepresidencia de Asuntos Sociales trabajar para dar una solución a las urgencias de la pobreza ciudadana. Aquí no valen discursos de “salón” ni de “alta política”, aquí hay que arremangarse y mojarse para movilizar recursos ante lo que no es sólo una urgencia social sino una urgencia humanitaria.
Los desheredados de la sociedad, los de las colas del hambre, que no protestan y posiblemente tampoco votan no pueden ser ciudadanos invisibles para los responsables políticos. La “calidad de nuestra democracia” también se debe medir por el cuidado a los más afectados por la desigualdad y no deben quedar marginados.
La situación creada por la crisis sanitaria es crítica para estos sectores especialmente vulnerables. Es necesaria una actuación urgente para evitar que la frustración se convierta en crispación que pueda dar lugar no a alborotos sino a revueltas sociales. Hasta ahora la gente más humilde, la más afectada se ha comportado con una responsabilidad que no hemos visto en otros estamentos.
Esta situación no puede mantenerse sino queremos que se descontrole. La frustración puede tener dos derivadas no deseables. No debemos esperar a que haya un conflicto social violento para lamentarnos. Y tampoco debemos dejar que haya interesados que intenten manipular a los sectores más afectados enfrentando a los nacionales con los emigrantes por la disputa de las migajas de las ayudas sociales.
Esta es la crisis real a que debe prestar atención la política y no a las algaradas de algunos pseudoradicales antisociales, algaradas que deben contestarse con los medios propios del Estado de Derecho.
