viernes. 29.03.2024
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El pasado 11 de junio se ha publicado por el Presidente de Gobierno la Directiva de Defensa Nacional (en adelante DDN), el máximo documento de planeamiento de la defensa en España.

Se trata de un documento peculiar porque, a pesar de definir las líneas generales de la defensa (qué hay que defender, quién es el enemigo, cómo debe ejercerse esta defensa), ni está sometido a debate social o político, ni pasa por el Parlamento para su deliberación o discusión.

Contamos con DDN desde 1980, casi siempre coincidiendo con el inicio de cada legislatura, y tras ser elaboradas por una oficina obscura y opaca del Ministerio de Defensa, es aprobada por el Presidente de Gobierno, dando así inicio a un “ciclo de planeamiento” que consta de otros documentos derivados de ésta y que articulan las orientaciones de la política de defensa.

Hasta el año 1996 era un documento secreto que más tarde se desclasificaba parcialmente para dar a conocer, sin derecho de enmienda, al Parlamento su contenido. Desde entonces no es secreta (su contenido tampoco justifica tamaña opacidad): Desde el año 2005, con la aprobación de la Ley Orgánica 5/2005 de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, contamos con una norma legal de cobertura, pues su artículo 6 establece que el Presidente de Gobierno “establecerá las líneas generales de la política de defensa y las directrices para su desarrollo” mediante las DDN, las cuales sirven para “Definir y aprobar los grandes objetivos y planteamientos estratégicos”.

Una Política de estado inmovilista

A diferencia de las políticas sectoriales de cualquier otra materia (tale como la educación, la inmigración, la ciudadanía y la integración, la transición ecológica, y un largo etcétera), no se sigue en su caso un proceso de diálogo social o de debate público. Ni siquiera de tramitación parlamentaria, ni se llama a su discusión a ningún consenso social, sino que es elaborada por una oficina obscura de planeamiento militar, para ser luego  presentada en una de las reuniones anodinas y protocolarias del Pleno del Consejo de Defensa Nacional (compuesto por el Rey o, a falta de este, por el Presidente de Gobierno, los ministros de defensa, interior, Asuntos Exteriores, Economía y Hacienda, así como por los jefes de Estado Mayor de los ejércitos, el Director del CNI y el Director de Gabinete de Presidencia de Gobierno) y más tarde, una vez “aprobada” por el Presidente de Gobierno, “informada” al Parlamento para que la cámara tenga conocimiento de todo ello, pero sin posibilidad de debate ni enmienda alguna.

A juzgar por lo que dicen (y hacen) los nuevos/viejos partidos políticos, no hay otro horizonte pensable, ni es posible promover la desmilitarización de la seguridad y la superación del modelo de defensa militar por otro de seguridad humana basado en los derechos y necesidades humanas

La justificación de este desafuero parece encontrarse en el manido mantra de la “política de estado”, lo que quiere decir que incuestionable y cerrada a cualquier alternativa desde que in illo tempore y tras de la famosa mesa camilla, se cerraron por los partidos “de Estado” sus pactos esenciales e inamovibles. Que ese tiempo arcano no haya existido en la realidad física y que no tengamos por qué estar encadenados a dicho mito cual Prometeo al Tártaro es cuestión que no se nos explica desde presupuestos democráticos.

El inmovilismo de las políticas de defensa en España se puede seguir en cuatro ejemplos bien elocuentes:

  1. Aunque hemos pasado por 10 DDN (1980, 1984, 1986, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012) en realidad vienen diciendo lo mismo, con retóricas incluso parecidas, desde la primera a la última.
  2. Aunque gozamos de un régimen de partidos plurales, en realidad en materia de defensa los ejes fundamentales que todos ellos mantienen parten de presupuestos casi idénticos (escaso interés por el tema, mantenimiento de un sistema militar abrumador y gigantista, no cuestionamiento del enorme gasto militar, participación en operaciones militares de injerencia en el exterior, adhesión al sistema de defensa occidental encabezado por la OTAN y la política militar de la UE, modernización y profesionalización permanente del ejército, fomento de la industria militar y de la venta de armas, ausencia de una verdadera alternativa basada en la desescalada militar, la desmilitarización y la seguridad humana como objetivo de dicha política).
  3. Si repasamos las enmiendas que se realizan en el Parlamento al proyecto anual de Presupuestos Generales, veremos la insignificancia (es el presupuesto con menos enmiendas totales y con las enmiendas de menor calado) de las propuestas.
  4. Y si acudimos a la labor de control que teóricamente debe hacerse a esta política en la Comisión de Defensa, llegaremos a la conclusión de que no se ejerce un verdadero control de los elementos esenciales de la política de defensa ni se ofrecen reales alternativas a ésta, a pesar de los múltiples males que hacen a) inviable la sostenibilidad del presupuesto de defensa, como b) innecesaria la enormidad de la estructura de defensa que mantenemos (la mayor ratio de militares por cada 1000 habitantes de nuestro entorno con cerca de 4,4 militares por cada mil habitantes si sumamos ejército y guardia civil y 67,6 dependientes del presupuesto de defensa si añadimos las clases pasivas militares y las prestaciones a familiares de éstos) y c) vergonzosa su orientación principal, con 90 operaciones militares de injerencia en el exterior, más de 120.000 efectivos empleados en ellas y 16.100 millones de euros derrochados desde Felipe González hasta la fecha.

El contenido de la actual DNN

La actual Directiva, como sus antecesoras, son un documento más bien propagandístico y repleto de lugares comunes, cuyas principales argumentaciones tienen la virtud de usar muchas palabras para no decir nada, o al menos nada que valga la pena, porque lo que hay que decir en la realidad, se dice de forma opaca y por otros medios más desapercibidos (por ejemplo, con las constantes ampliaciones de créditos para compra de armas o para inflar el presupuesto año tras año del Ministerio de Defensa, promocionando con las altas magistraturas del Estado la venta de armas a países indecentes u ocultando partidas de gasto y actividades militares bajo los presupuestos de otros ministerios ajenos al militar o de otras instituciones tan poco sospechosas como el CSIC, AEMET o los barcos que financia para operaciones militares el Instituto Social de la Marina o el Ministerio de Agricultura, pesca y la retahíla de atributos de su nomenclatura).

a) Escenario cambiante y peligroso

Así y todo nuestra actual directiva define (como han venido haciendo las anteriores) un escenario “múltiple y cambiante” de amenazas de carácter “complejo”, “transnacional” y “global”, dentro del cual nuestro país es un “socio responsable y solidario, plenamente comprometido con la paz y la estabilidad global” hasta el punto de ser hoy en día un “proveedor de seguridad con un modelo propio y definido” con, entre otros, ”la experiencia de más de treinta años de participación de nuestras fuerzas armadas en operaciones fuera del territorio nacional”.

El escenario internacional así de difuso se concreta en una “erosión notable del orden internacional y en un protagonismo inusitado del recurso a la fuerza”, que ha amplificado los retos, “que proceden ahora tanto de actores estatales en competición como de otros no estatales (terrorismo y crimen organizado) con una gran capilaridad entre todos ellos, especialmente evidente  en las acciones de desinformación y las agresiones en el ciberespacio”.

También entran entre nuestros riesgos precisados de enfoque militar “el cambio climático o, incluso, las pandemias” (afortunadamente no parece que la invasión por los marcianos cree de momento problemas) y, en todo caso, “los ciudadanos exigen que se protejan sus valores, intereses y estilo de vida” presentes y futuros.

Seguramente esta descripción vale tanto para una mala novela distópica, como para arreglar un roto o remendar un descosido, porque es puro humo y malamente puede describir las prioridades y las necesidades globales (la mayoría de naturaleza no militar ni nacionalista), y menos aún para ofrecer un enfoque militar y militarista de solución, pero sirve a nuestro gobierno para definir la justificación de mantener nuestro sistema de defensa militar, proporcionando “capacidades, especialización y disponibilidad únicas”  que, a pesar de que es evidente que no existen en la mayoría de los escenarios problemas de “defensa”, la defensa “forma parte de la solución a cualquier problema de seguridad”.

b) Deseos

Ante tal escenario “queremos mantenernos en el grupo de cabeza de los estados miembros (de la UE) comprometidos con el desarrollo de los instrumentos del Tratado de la Unión relativos a Seguridad y Defensa” y “…aumentar y modernizar las capacidades militares, y fortalecer la base industrial y tecnológica europea

También queremos “reforzar las capacidades de la Alianza Atlántica” porque “creemos en una OTAN sólida” y “eficaz ante desafíos a la ciudadanía (no sabemos si planetaria, europea, atlántica o modestamente española) en cualquier dirección”.

Y respaldamos además a la ONU (de hecho somos uno de sus principales contribuyentes en materia de tropas desplegadas por doquier)

c) Líneas generales

Pasando del cuento a las cuentas, el documento aborda las que llama “líneas generales y objetivos de la política de defensa”, que resumimos:

1) Proteger a España y los españoles, manu militari, de acuerdo con el (muy controvertido porque otorga un peso al ejército abrumador y que no aparece en ninguno de los textos constitucionales de nuestro entorno) artículo 8 de la Constitución.

2) Contribuir a la paz internacional en el marco de los compromisos adquiridos por España (es decir, contribuir más bien al estatus quo caracterizado por su injusticia y su inviabilidad).

3) Mantener un sistema de defensa creíble de carácter “disuasivo”, tanto hacia el interior, como de cara al exterior y con arreglo a nuestro “peso” internacional.

4) Hacer uso hacia dentro del propio Estado (se ha visto en la pandemia) de las fuerzas armadas como parte de la gestión de crisis y emergencias interiores, continuar con las labores tradicionales de “defensa territorial” de los ejércitos y mantener,

5) hacia fuera, el actual intervencionismo, ya sea bajo las banderas OTAN, UE, ONU o propias, ya participando en coaliciones militares “ad-hoc”.

6) Amplificar nuestra “diplomacia de la defensa” (que ha conseguido nuestra participación militar en diversas zonas del planeta y ha consolidado nuestra política de “fronteras de seguridad avanzada” básicamente para situar nuestra “frontera militar” en el amplio espacio que va desde el golfo de guinea hasta el índico pasando por todo el Sahel)

7) Reforzaro el papel militar del CNI, de la UME y de la “cibereguridad” y 

8) de la industria militar.

9) Impulsar una “cultura de la defensa” pensada más bien como adoctrinamiento que como participación democrática.

10) mejorando las condiciones de los militares.

Estos diez mandamientos se concretan en dos mantras que implican un enorme esfuerzo económico y de recursos: modernizar las fuerzas armadas (que nunca acaban de estar todo lo modernizadas que se requiere) y profesionalizarlas (nunca acaban de conseguir la profesionalización y reconocimiento que precisan) para poder seguir haciendo de éstas el ariete político, económico y de intereses compartidos que la élite necesita para postularse en el exterior y mantenernos a raya en el interior.

¿Estámos de acuerdo con todo esto? ¿Nos han pedido alguna vez opinión al respecto? ¿No? La exclusión de este debate forma parte de las reglas de juego y su opinión no cuenta para nada, como ocurre con otras esencias del tarro, como la monarquía, el papel de la Iglesia y otras grandes palabras que nos acompañan con su color de ala de mosca desde hace tantos lustros.

¿Para qué sirve esta directiva?

Muy sencillamente, para tres cosas:

  • Consolidar un modelo de defensa militarista, caracterizado por el sobredimensionamiento de nuestra estructura militar, el sobrepeso de los ejércitos, el intervencionismo interior (ya sea frente a un difuso e indefinido enemigo interno o encomendando a los ejércitos un papel relevante en cualquier tipo de problema o crisis) y exterior del mismo, la sumisión a la política de la OTAN y al creciente militarismo de la UE, el fomento de la industria militar, la venta de armas y el negocio de la guerra (que nos lleva a ser la séptima potencia mundial en el ramo, con un creciente trato de favor a los señores de la guerra, la consolidación de las puertas giratorias y de un oligopolio militar-industrial y la puesta a disposición de la venta de armas de recursos significativos del Estado, incluyendo la promoción del mismo por parte de ministros, altos cargos y ex altos cargos y las principales magistraturas del Estado), el abrumador gasto militar que mueve todo ello (según nuestros cálculos por encima de os 31.000 millones de euros anuales), una deuda ilegítima y salvaje (más de 42.000 millones) por compra de armas innecesarias, una nefasta transversalidad del militarismo a todos los espacios políticos y sociales (gasto militar oculto en casi todos los ministerios, exenciones de impuestos y tasas para actividades de toda índole relacionadas con el militarismo, apoyo institucional, subvenciones y ayudas en todos los niveles administrativos, desde ayuntamientos a Comunidades autónomas, pasando por diputaciones, empresas públicas, instituciones, organismos autónomos y entes de todo nivel) y una pervivencia, cuando no fomento desde el poder, de un militarismo sociológico de signo autoritario, ultranacionalista, conservador y confesional que es el caldo de cultivo para la minoría de edad de la sociedad en materia de seguridad.
  • Cronificar los males endémicos de nuestro militarismo, que, autocitándome en el libro que se puede descargar gratuitamente “Manual para entender el militarismo” resumo en:
  • Gigantismo
  • Opacidad y falta de transparencia
  • Clientelismo
  • Sumisión a la OTAN y ausencia de soberanía
  • Política intervencionista
  • Despilfarro
  • Gasto desmesurado e insostenible
  • Deuda ilegítima y Programas de Armas innecesarios
  • Ineficiencia
  • Especulación y puertagiratorismo
  • Venta de armas (y conflictividad)
  • Garante de las esencias (unidad territorial y enemigo interno)
  • Confesionalidad y militarismo sociológico
  • Militarismo cultural, sociológico y organizacional
  • Gran contaminador
  • Que no defiende la seguridad humana
  • Cerrar cualquier debate sobre una alternativa (lo que no es lo mismo que un cambio cosmético) global a éste modelo, basado en la seguridad humana; cuando lo vivido en la pandemia que seguimos padeciendo se ha desvelado la enorme distancia entre nuestras necesidades de seguridad y el modelo de defensa militar que tenemos (no pensado para responder a nada de ello), así como la ineficacia, incompetencia y abrasadora peligrosidad de meter a los militares hasta en la sopa. Cuando nuestra sociedad clama por más inversiones sociales y menos gastos militares, la DNN recientemente firmada, elude el debate y busca cerrar la posibilidad de cambio. No se propone en la misma ninguna medida para la participación social en las grandes definiciones de la política de defensa, porque seguimos siendo, para nuestra élite diluviana menores de edad en materia de defensa y nos basta con obedecer y pagar sin rechistar la cuenta del festín.
  • Pero ¿no hay alternativa?

    A juzgar por lo que dicen (y hacen) los nuevos/viejos partidos políticos, no hay otro horizonte pensable, ni es posible promover la desmilitarización de la seguridad y la superación del modelo de defensa militar por otro de seguridad humana basado en los derechos y necesidades humanas. Exactamente lo mismo, que decían respecto de las propuestas ecologistas, feministas o de cualquier otro signo transformador, hasta que la gente y sus prácticas desmintieron la falta de alternativas y pusieron el dedo en la llaga. No es un problema sólo de preferencia ni de posibilidad de la alternativa, es que sin transitar hacia ella y sin abandonar el modelo vigente lo que no hay es solución, sino colapso.

    Añadiré que sobre alternativas a la defensa militar sí se ha escrito. Citaré el libro del Colectivo Utopía Contagiosa “Política noviolenta y lucha social” (2012), editado por Libros en Acción, donde se desarrolla la viabilidad de una alternativa de desmilitarización.

    En la actual reclamación de seguridad humana y cuidados, nuestros partidos políticos sólo abordarán cambios sustanciales en materia de defensa cuando no hacerlo les pase factura real, lo que de momento no ocurre, y cuando las practicas sociales sean capaces de desencadenar la suficiente movilización para ello.

    Consolidación y cronificación de los grandes problemas de nuestro militarismo