Estas últimas semanas ha vuelto a emerger el debate sobre violencias en la calle. Que el conflicto social se exprese en las calles no es nuevo, y sus derivadas en materia de orden público tampoco lo son.
Se vuelve a poner de manifiesto la dificultad de encontrar el equilibrio entre garantizar derechos y libertades -no sólo por el motivo del conflicto, sino también de los que discrepan- y mantener el orden público -y esto trasciende el mobiliario urbano-. Este malestar expresado a raíz del caso de Pablo Hasél se añade a otros derivados de la situación de pandemia y la crisis económica, política, social y emocional. Es el deterioro global democrático en la afectación directa a derechos y libertades. Los momentos de incertidumbre y de inseguridad en sentido amplio -inseguridad vital, laboral, democrática, económica, emocional- son propicios a las expresiones negativas del conflicto. Cabe recordar que el conflicto no es negativo, es inherente a la condición humana y a menudo se ha convertido en motor de cambio. Ahora bien, no abordar las causas y las expresiones sí puede desembocar en violencias de todo tipo y otras expresiones negativas.
El debate de las últimas semanas tiene una música de fondo de frivolización de la violencia -las violencias- que me parece del todo temeraria e irresponsable, tanto estratégica como éticamente
Algunas de las violencias que se expresan en este y tantos otros conflictos son la directa (verbal, psicológica y física), la estructural (pobreza, debilitamiento democrático, vulneración de derechos y libertades, represión, etc.), la simbólica ( actos o rituales que reconocen la violencia) y la cultural (ideas, normas, imaginario colectivo, valores, tradición). Estamos ante diversas violencias, que tienen diversas causas y que nos afectan a la vida de manera más directa o indirecta; por lo tanto, es indispensable hacer un análisis multilateral. Y hay que diferenciar la violencia como estrategia, que existe, y la violencia como expresión desenfrenada del malestar no canalizado o gestionado de manera individual y colectiva.
Tomar conciencia de ello es indispensable para transformarlo. Hacen falta más políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y rebajar el sufrimiento y el consiguiente malestar e indignación. La inacción política deja un vacío en la violencia que hace difícil manejar el conflicto en positivo. Si hacemos un batiburrillo no lo resolveremos y corremos el riesgo de confundir causas y consecuencias, con todo lo que ello supone para el análisis de los conflictos. Sin embargo, es un imperativo ético abordar el tema con honestidad y sin trampas. Y los mensajes en este sentido deben ser claros.
El debate de las últimas semanas tiene una música de fondo de frivolización de la violencia -las violencias- que me parece del todo temeraria e irresponsable, tanto estratégica como éticamente. No es lo mismo condenar todas las violencias que blanquearlas como defensivas o reactivas a otras violencias. Se oyen voces que etiquetan las violencias de legítimas o ilegítimas, según la simpatía hacia la reivindicación que hay detrás. Se hacen juicios, o se jerarquizan, dando, por ejemplo, más voz a la violencia urbana que a la estructural o sistémica; o al revés, según la mirada. En definitiva, la banalización de las violencias contra las personas abre la puerta, indiscutiblemente, hacia una relativización de la dignidad humana. Y hemos de tener presente que de la frivolidad y la banalización a la justificación, hay una línea muy fina.
Cataluña siempre ha tenido un fuerte movimiento pacifista, un tejido social y unas instituciones potentes en este campo. La creación del Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP) es un ejemplo: una reivindicación del movimiento pacifista que se hizo posible, en parte, por la tozudez de muchas personas e instituciones que defendieron la importancia de tener una estructura de estas características en nuestro país, con independencia del ejecutivo, y que dependiera del Parlamento de Cataluña.
También años de reivindicaciones, movilizaciones contra las guerras, contra el armamento y tantas otras iniciativas por la no violencia. La mayoría de las reivindicaciones sociales feministas, contra la guerra de Irak, el 'Queremos acoger', o muchas manifestaciones del proceso independentista también se han imbuido de este talante de no violencia, que en ningún caso restaba contundencia a las reivindicaciones. Es, pues, un relato que ha calado en el imaginario colectivo y que ahora puede estar en peligro. Cada vez más voces manifiestan que esta vía no funciona.
Para revertir esta tendencia, es necesario reforzar el mensaje de que no puede existir cambio social sin conflicto, pero sí sin violencia. Con el convencimiento, además, que la no violencia es más transgresora y revolucionaria que las reivindicaciones donde se utiliza la violencia. La no violencia no significa inacción, o conformismo, es una acción positiva (y no violenta). Se habla mucho de los cambios de la historia y del papel de la violencia en ellos, confundiendo de manera ingenua, en algunos casos, y en otros vinculando intencionadamente conflicto y violencia, como si no hubiera posibilidad de transformación sin ejercerla.
Análisis académicos corroboran que las luchas no violentas alcanzaron sus objetivos con un porcentaje más elevado que las violentas. Una de las consecuencias de la adhesión a la no violencia y el desmarque de la violencia es que modifica al alza el círculo de simpatizantes a la causa que legitima reivindicación, tal como se vio en el pasado reciente de manera clara en Euskadi. En el contexto actual podríamos decir que existe un riesgo de pasar del relato del pacifismo al de la legitimación de la violencia. La épica de la violencia versus la ética de la no violencia.
Ante esto, la cantidad de trabajo es ingente. Hay que trabajar decididamente por la corresponsabilidad de los medios de comunicación, de las fuerzas políticas y de otros agentes sociales del país en soltar mensajes claros y sin fisuras, que no den pie a interpretaciones confusas. Y corresponsabilidad también a nivel social, económico e individual con la no violencia. En pro de un relato que debería impregnar todas las vertientes de la sociedad y la vida: comunicativa, política, social, policial, individual, afectiva, cotidiana, educativa ... La clave es la prevención y gestión de conflictos que impregna las relaciones interpersonales y una nueva manera de hacer, gobernar, actuar, pensar, relacionarse y, por qué no, amar, con el objetivo de fomentar el diálogo y la negociación. Un consenso amplio e inequívoco de rechazo a la violencia. Desde este punto de partida, hay que abordar el debate con serenidad, separando los temas y las causas. Hay que extender una visión no destructiva del conflicto, y entender que las revoluciones con acción no violenta y desobediencia civil son más realistas, además de éticas, que las que emplean la fuerza.
De camino hacia este escenario hay que encarar debates pendientes, como el modelo de seguridad y la aplicación de la gestión alternativa de conflictos en el campo de la seguridad.
Además, hay que fortalecer el paradigma democrático que dice que la expresión de la discrepancia y la disidencia son, justamente, un buen indicador democrático. También esto puede estar en peligro. Un debate pendiente es qué pasa cuando esto no es efectivo. Es necesario que la policía haga uso de la fuerza para recuperar la normalidad social? ¿Por qué el hecho de que el uso de la fuerza proporcional, oportuno y congruente, esté restringido a la policía excluye que haya expresiones de violencia ciudadanas para 'resolver' sus conflictos?
A pesar de todo lo descrito hasta aquí, debemos ser conscientes de que existen marcos ideológicos para los que la violencia es absolutamente necesaria para la consecución de sus objetivos. En la medida en que estas posiciones extremistas violentas tengan un espacio en la sociedad, el uso de la fuerza policial parece una garantía para las democracias. ¿Es esto cuestionable? Claro está que esta responsabilidad de usar la fuerza debe estar regulada y bajo la observación del máximo rigor en los principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, y máxima contundencia ante las malas praxis. Hablar de cambios de modelo de seguridad es del todo legítimo y necesario. Ahora bien, este debate no tiene nada que ver con pedir a los cuerpos de seguridad que no apliquen la ley o las normativas a las que están obligados por imperativo. No se puede pedir a los cuerpos de seguridad que actúen según fobias y filias, ni que no cumplan el marco legislativo que aquí o allá se aprueba. Las legislaciones y órdenes judiciales,gusten o no gusten, no pueden ser no atendidas (según discrecionalidad). Es una garantía democrática para todos y todas.
Hay que entender que, estratégicamente, la respuesta a la violencia con más violencia no lleva a ninguna parte más que al enquistamiento o al aumento de la tensión. No nos acerca a la transformación. La respuesta a las violencias nunca puede ser el ejercicio o legitimación de la violencia. Y también hay que entender, por supuesto, que la empresa no es sencilla.
Fuente | Publicado originalmente en catalán. Revista Treball
