Para CCOO de Madrid, la regulación normativa establecida por la Comunidad de Madrid sobre las formas de acceso a las prestaciones de la ley dependencia, suponen un nuevo recorte social, cercenando y desvirtuando el derecho a la dependencia por falta de autonomía personal.
Una de las modalidades de acceso a las prestaciones y que estaba contemplada por la propia Comunidad como excepcional es el famoso "cheque servicio" modalidad que ahora se quiere generalizar. Esta fórmula permite a los usuarios contratar el servicio directamente y prácticamente de cualquier manera. Detrás de esta fórmula disfrazada de "liberal, moderna y autónoma", se esconde la desregulación del sector, el copago encubierto, la pérdida de calidad y el empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, por no hablar del fraude.
La letra pequeña del asunto y de la que nadie quiere hablar es que la cuantía del servicio tendrá que ser adelantada por los usuarios y luego restituida por la Comunidad, pero no se sabe cuándo. Además, si lo contratado supera lo que la Comunidad devolverá, el copago está servido y lo que es un derecho se quedara en una simple ayuda. Por no hablar de la responsabilidad de la contratación y gestión que ahora recae en el usuario. Muchos de los usuarios, como dependientes que son, no pueden ni realizar estas gestiones ni adelantar estas cuantías económicas.
Todo ello permitirá el acceso al servicio de personas de las que será difícil constatar su cualificación, ni las condiciones higiénicas en que se tratarán a los enfermos o dependientes.
Las condiciones laborales y los salarios se diluyen con el "cheque servicio". Es una desregulación total, además se podrán dar casos de picaresca y el servicio de ayuda a la dependencia pueda verse transformado, por desaprensivos, en empleo de hogar subvencionado. O en un problema de salud pública con contagios por mala praxis o utilización de material inadecuado. Incluso cabe la posibilidad de abusos, robos, etc.
Motivos tanto sociales como laborales sobran para entender lo funesto de la medida tanto para usuarios como para los profesionales actuales del sector. Por ello CCOO de Madrid rechaza la normativa y exige a la Comunidad de Madrid una revisión de la misma.
