Digo cómo porque el porqué lo doy por sabido, al menos por parte de un muy amplio sector social, desde la voluntad de avanzar hacia un país mejor en un mundo mejor.
¿Cómo? ¿exigiéndoselo? ¿recordándoselo? seguramente. Pero si a eso nos limitamos, o si constituye nuestra principal intervención, quizás contribuyamos a todo lo contrario, a dificultar su aplicación y a debilitar al propio Gobierno.
Esta afirmación viene a cuento del reciente “I Congreso Interuniversitario OIT sobre la justicia social, el trabajo decente y los objetivos de desarrollo sostenible” que puso de manifiesto que la mejor contribución desde España al necesario objetivo de un país sostenible en el imprescindible para ello mundo sostenible, es la aplicación del Programa del Gobierno de Coalición. En el propio Congreso Interuniversitario OIT las ponencias que mejor lo expresaron, tanto por los proyectos anunciados, como por el balance de gestión presentado, fueron las de Yolanda Díaz (la/el ministra/o mejor valorada/o), Enrique Santiago (Secretario de Estado de la Agenda 2030) y Laura Martín Murillo (Directora del Instituto para la Transición Justa del Ministerio para la Transición Ecológica).
De algunas intervenciones en el Congreso, así como de afirmaciones que oímos frecuentemente, podría deducirse que lo esencial para ello es exigirle al Gobierno que cumpla, como si el problema principal fueran sus posibles olvidos o negligencias. Pero a veces es bueno recordar aquello que advertía el clásico: la necesidad de acertar cuál es “el enemigo principal”.
En mi opinión, al gobierno progresista de coalición no se le pueden reprochar ni olvidos ni negligencias importantes. Seguro que podría hacerlo mejor. Siempre. Pero, insisto, esto no es ni de lejos lo esencial. Porque la exigencia de cumplimiento de su programa puede resultar estéril, incluso contraproducente, si no se considera que la principal dificultad son las resistencias que hay que superar, las de los sectores de la sociedad, sociales y políticos, que consideran lesionados sus intereses en el Programa de progreso planteado.
Contribuiremos al cumplimiento del programa de gobierno consiguiendo la mayor y permanente participación ciudadana organizada desde los colectivos sociales
El objetivo ha de ser la intervención social para que el gobierno pueda aplicar su programa. Sin olvidar que el gobierno no tiene mayoría parlamentaria, así como la heterogeneidad de intereses que expresa la propia mayoría de investidura.
Las diferencias o discrepancias que puedan darse en el gobierno, en o entre los partidos de la coalición, entiendo que responden a una distinta percepción de los problemas principales, de la significación de las resistencias principales a los proyectos comunes de la coalición, a cómo superarlas. Porque éste es el principal problema que han, hemos, de resolver.
Las anunciadas movilizaciones de transportistas y policía probablemente encierren reivindicaciones corporativas, pero quizás no sólo éstas. Nos recuerdan, si hiciera falta, el particular momento en el que estamos, con múltiples temas sobre la mesa y a mitad de legislatura.
Hay que hacer política ahora, y hay que expresar la voluntad social también ahora para influir en las necesarias decisiones políticas y sociales, de gobierno. La participación y la acción social debe incidir en la solución de las contradicciones sociales y políticas. Impulsarla debería ser la principal tarea de los partidos políticos de la coalición, ejerciendo su función política de orientación de la respuesta social, como partidos de acción política, de impulso social, no sólo como plataformas electorales. Para no ser sólo una voz más en el coro de peticiones del espectador.
Para ello otra consideración. El repetidamente pregonado “diálogo social” es ciertamente necesario, esencial, es la vía apropiada. Pero para obtener un adecuado resultado no debe olvidarse que su punto de partida es el “conflicto social”, y debe canalizarse su expresión para alcanzar el necesario y positivo acuerdo, planteado éste como un objetivo hoy, no como una alejada utopía.
Entiendo por otra parte aplicables estas consideraciones a todos los temas pendientes, entre ellos a la compleja y muy importante negociación a tres bandas sobre las relaciones laborales, sobre las necesarias modificaciones del Estatuto de los Trabajadores sobre temporalidad, relación entre convenio de empresa y sectorial, vigencia de los convenios… (y no habría que olvidar, ahora o después, el art. 41 -“modificación de condiciones de trabajo”-), lo que se ha venido referenciando como el tema de la “reforma laboral”.
Desde el gobierno, desde los partidos de la coalición, llega a veces mensajes más o menos explícitos del tipo “que nos presionen”, que nos recuerdan aquel otro de “apreteu, apreteu”, que de hecho parecen encerrar, por parte de quienes lo formulan, una evidente desconfianza hacia sí mismos, en su propia capacidad.
Más que autopresión necesitamos presión sobre los que se oponen a las propuestas que derivan del programa de gobierno y a ello es aplicable la experiencia de la negociación social, de los convenios colectivos en particular, porque sabemos de la importancia decisiva que tiene en ésta el apoyo explícito a la comisión negociadora, a su gestión a lo largo de la negociación…, sin esperar al final de la negociación para ver si hay o no movilización. Cuestión importante es acertar en la propuesta y organización de la movilización adecuada en cada momento.
Y para terminar respondiendo a la pregunta que encabeza estas notas, una sencilla afirmación: contribuiremos al cumplimiento del programa de gobierno consiguiendo la mayor y permanente participación ciudadana organizada desde los colectivos sociales, con su impulso por parte de las organizaciones políticas de la coalición de gobierno.
