nuevatribuna.es
15 de julio de 2009, 1:02
NUEVATRIBUNA.ES - 14.07.2009
Hace menos de un mes que el Gobierno anunció una reforma de la Ley Orgánica del Poder judicial que restringiría el ejercicio de la jurisdicción universal. Es decir la Audiencia Nacional no podría tratar ningún tema que no estuviera vinculado a España.
La noticia cayó como un jarro de agua fría entre las asociaciones de Derechos Humanos, y más aún entre los colectivos directamente afectados por dicha reforma. Sin embargo esta mañana ONG de Derechos Humanos como Amnistía internacional, Human Rights, y otros colectivos y organismos como CEAR, ACSUR o sindicatos como CCOO y UGT, han presentado un manifiesto de repudia contra dicha reforma.
“Queremos que sepan la alarma social que ha provocado esta decisión”, señala la presidenta de AI, Itziar Ruiz-Giménez. La sorpresa no sólo llegó con el contenido de la reforma, sino con la manera de presentarla “sin debate público y por la puerta de atrás” afirma el manifiesto.
Desde AI afirman que la consecuencia a largo plazo es desastrosa: “España podía presumir de ser uno de los países que más había hecho por la lucha contra la impunidad. Gracias a este al trabajo de los jueces españoles, lugares como Ruanda, China, Argentina o Tibet han podido tener un rayo de esperanza en medio de la tortura, los asesinatos extrajudiciales y los genocidios”, explicaba a nuevatribuna.es Itziar Ruiz-Giménez.
Los firmantes del manifiesto aseguran que la restricción de la Justicia Universal va en contra de de los Tratados Internacionales de protección de los derechos humanos que, como miembro de la comunidad internacional, España ha suscrito. A partir de ahora, si la reforma se aprueba en el Senado, “España pasará a ser uno de los países más restrictivos el ejercicio de la jurisdicción universal”, dicen en AI.
LAS EXCUSAS DEL GOBIERNO
Desde el Gobierno se han presentado dos argumentos para explicar el por qué de la reforma. En el primero se hablaba de que este país no puede presentarse como el ‘gendarme de la justicia universal’. Las ONG responden rápidamente: “Es mentira que España sea gendarme de nada, hay muchos otros países como Dinamarca u Holanda que están muy implicados con la justicia universal y trabajan de la mano de los tribunales internacionales, no hay nada de malo en implicarse en la lucha contra la impunidad, cada vez es más necesario para poder ayudar a muchos países que dentro de sus fronteras no tienen los derechos fundamentales”.
El segundo argumento ante esta restricción fue la crisis económica. El Gobierno argumentó que la saturación de la justicia y la inversión de recursos económica en su mejora no se podían permitir gastar dinero en ese tipo de casos. Ahora responde AI: “En estos momentos la Audiencia Nacional lleva 14 casos internacionales, es decir el 0,01% de los casos que tienen en total sólo esta instancia, por lo que no les supone ningún coste extra”.
LA INCERTIDUMBRE Y PRESIONES INTERNACIONALES
Los abogados centrados en temas de derechos humanos están estudiando la reforma, sin embargo se encuentran con una total incertidumbre: “No hay nada claro, todo es muy difuso, todavía no sabemos el daño que puede provocar esta restricción”, dicen en AI.
En este momento son 14 los casos que están en la Audiencia Nacional. Argentina, China, Guatemala o el pueblo saharaui son algunos de los países y ciudadanos que se podrían ver afectados. “Le pedimos a Zapatero que escuche a las víctimas. A esas personas que luchan para que se conozca la verdad, para que se acaben las torturas, los crímenes extrajudiciales. El presidente del Gobierno tiene que ser coherente cuando pide que se luche contra la pena de muerte y después se niega a jugar a aquellos que la llevan a cabo sin ningún límite”.
Desde CCOO apuntan como causantes de esta reforma las presiones que haya podido recibir el Ejecutivo por parte de países como Israel o China: “Es increíble que después de haber soportado amenazas cuando se juzgó a Pinochet, con los desaparecidos de Argentina o incluso cuando los españoles salimos a la calle para decir NO a la Guerra de Irak, ahora que en Estados Unidos gobierna Obama, supuestamente más liberal, nos sometamos a las presiones de Israel”, le decía Sofía Duyos de CCOO a este diario.
Los firmantes del manifiesto aseguran que “harán todo lo posible” por evitar que se aplique la reforma. La primera medida será una ciberacción que preparará Amnistía Internacional para que la ciudadanía muestre su rechazo, pero las movilizaciones acaban de empezar.
Hace menos de un mes que el Gobierno anunció una reforma de la Ley Orgánica del Poder judicial que restringiría el ejercicio de la jurisdicción universal. Es decir la Audiencia Nacional no podría tratar ningún tema que no estuviera vinculado a España.
La noticia cayó como un jarro de agua fría entre las asociaciones de Derechos Humanos, y más aún entre los colectivos directamente afectados por dicha reforma. Sin embargo esta mañana ONG de Derechos Humanos como Amnistía internacional, Human Rights, y otros colectivos y organismos como CEAR, ACSUR o sindicatos como CCOO y UGT, han presentado un manifiesto de repudia contra dicha reforma.
“Queremos que sepan la alarma social que ha provocado esta decisión”, señala la presidenta de AI, Itziar Ruiz-Giménez. La sorpresa no sólo llegó con el contenido de la reforma, sino con la manera de presentarla “sin debate público y por la puerta de atrás” afirma el manifiesto.
Desde AI afirman que la consecuencia a largo plazo es desastrosa: “España podía presumir de ser uno de los países que más había hecho por la lucha contra la impunidad. Gracias a este al trabajo de los jueces españoles, lugares como Ruanda, China, Argentina o Tibet han podido tener un rayo de esperanza en medio de la tortura, los asesinatos extrajudiciales y los genocidios”, explicaba a nuevatribuna.es Itziar Ruiz-Giménez.
Los firmantes del manifiesto aseguran que la restricción de la Justicia Universal va en contra de de los Tratados Internacionales de protección de los derechos humanos que, como miembro de la comunidad internacional, España ha suscrito. A partir de ahora, si la reforma se aprueba en el Senado, “España pasará a ser uno de los países más restrictivos el ejercicio de la jurisdicción universal”, dicen en AI.
LAS EXCUSAS DEL GOBIERNO
Desde el Gobierno se han presentado dos argumentos para explicar el por qué de la reforma. En el primero se hablaba de que este país no puede presentarse como el ‘gendarme de la justicia universal’. Las ONG responden rápidamente: “Es mentira que España sea gendarme de nada, hay muchos otros países como Dinamarca u Holanda que están muy implicados con la justicia universal y trabajan de la mano de los tribunales internacionales, no hay nada de malo en implicarse en la lucha contra la impunidad, cada vez es más necesario para poder ayudar a muchos países que dentro de sus fronteras no tienen los derechos fundamentales”.
El segundo argumento ante esta restricción fue la crisis económica. El Gobierno argumentó que la saturación de la justicia y la inversión de recursos económica en su mejora no se podían permitir gastar dinero en ese tipo de casos. Ahora responde AI: “En estos momentos la Audiencia Nacional lleva 14 casos internacionales, es decir el 0,01% de los casos que tienen en total sólo esta instancia, por lo que no les supone ningún coste extra”.
LA INCERTIDUMBRE Y PRESIONES INTERNACIONALES
Los abogados centrados en temas de derechos humanos están estudiando la reforma, sin embargo se encuentran con una total incertidumbre: “No hay nada claro, todo es muy difuso, todavía no sabemos el daño que puede provocar esta restricción”, dicen en AI.
En este momento son 14 los casos que están en la Audiencia Nacional. Argentina, China, Guatemala o el pueblo saharaui son algunos de los países y ciudadanos que se podrían ver afectados. “Le pedimos a Zapatero que escuche a las víctimas. A esas personas que luchan para que se conozca la verdad, para que se acaben las torturas, los crímenes extrajudiciales. El presidente del Gobierno tiene que ser coherente cuando pide que se luche contra la pena de muerte y después se niega a jugar a aquellos que la llevan a cabo sin ningún límite”.
Desde CCOO apuntan como causantes de esta reforma las presiones que haya podido recibir el Ejecutivo por parte de países como Israel o China: “Es increíble que después de haber soportado amenazas cuando se juzgó a Pinochet, con los desaparecidos de Argentina o incluso cuando los españoles salimos a la calle para decir NO a la Guerra de Irak, ahora que en Estados Unidos gobierna Obama, supuestamente más liberal, nos sometamos a las presiones de Israel”, le decía Sofía Duyos de CCOO a este diario.
Los firmantes del manifiesto aseguran que “harán todo lo posible” por evitar que se aplique la reforma. La primera medida será una ciberacción que preparará Amnistía Internacional para que la ciudadanía muestre su rechazo, pero las movilizaciones acaban de empezar.
