En vísperas de procesos electorales para elegir a los gobernantes de los Ayuntamientos de España y de varias comunidades autónomas la organización patronal Circulo de Empresarios ha planteado reducir considerablemente el número de ayuntamientos y hacer desaparecer las diputaciones provinciales.
Esta propuesta no es nueva puesto que ya ha sido puesta sobre la mesa en otras ocasiones si bien no parece haya estado en los programas electorales de los partidos políticos españoles, que son en última instancia, quienes deberían aprobar dichas medidas.
Plantean reducir el número de ayuntamientos existentes en España desde los más de 8.100 actuales hasta los 3.500, lo que, según sus cálculos, supondría la supresión del 57% de estas administraciones locales y provocaría un ahorro en gasto de entre 10.000 y 16.000 millones de euros. Se desconoce si en esa propuesta se contemplan los importes para los despidos de los trabajadores que se verían afectados en ese proceso, o tan sólo se pretende llegar a esas cifras con la disminución de concejales y alcaldes de pequeños municipios que en la mayoría de los casos no tienen remuneración.
Esta propuesta lanzada sin ninguna otra intención más que la de crear confusión y malestar entre los ciudadanos a las puertas de unas importantes votaciones para elegir a sus representantes más cercanos, los que gestionan sus problemas cotidianos en barrios, pueblos y ciudades, llevan el corolario siempre implícito contra el pago de impuestos para sostener dichos servicios públicos y las personas que tienen el deber de gestionarlos.
Esta asociación creada en 1977 agrupa a personalidades de la gran y mediana empresa española y se ha constituido en un lobby de presión empresarial que expresa los puntos de vista de los empresarios, la defensa de sus intereses económicos y fiscales así como la libre empresa frente al intervencionismo de las administraciones públicas.
Manuel Pérez-Sala, actual presidente de esta organización patronal desde 2021 ha indicado que España tiene en la actualidad el mismo número de ayuntamientos que cuando se aprobó la Constitución de Cádiz en 1812, lo cual en sí mismo no es ni bueno ni malo teniendo en cuenta en esas fechas habitaban España Once millones y medio de personas y en la actualidad son cuarenta y siete millones.
Esta propuesta se enmarca en la reforma integral de las administraciones públicas planteada por la organización, que señala "España es uno de los pocos países del mundo que tiene cuatro niveles de administración": el Estado Central, las autonomías, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. Se ha olvidado de los Cabildos Insulares.
Asimismo, también es "uno de los pocos países del mundo" donde no se ha revisado el número de ayuntamientos, a diferencia de lo que ha sucedido en Europa, donde "casi todos los países" redujeron sus consistorios a lo largo de los años 70 o en la década de los 90.
Pérez-Sala afirmó que existen "estudios absolutamente contrastados" que ponen de manifiesto que solamente pueden proporcionar "servicios públicos de calidad" los ayuntamientos de municipios con más de 15.000 habitantes, "dependiendo de la zona ". No ha dado a conocer dichos estudios y tampoco si los mismos han sido entregados a los ayuntamientos de menos de 15.000 habitantes en España para su estudio y valoración.
"Y nosotros tenemos muchísimos ayuntamientos muy pequeños que, como no pueden proporcionar esos servicios, tienen que recurrir a servicios que prestan desde la larga distancia, las diputaciones provinciales", explicó.
En una primera fase, el Círculo de Empresarios propone pasar de 8.100 ayuntamientos a unos 3.500. En esta reducción, se localizarían ayuntamientos cabecera que prestarían directamente sus servicios a las zonas comarcales o metropolitanas que se quedarían sin consistorio y sin diputación provincial.
"Esto permitiría suprimir los servicios que en este momento prestan las diputaciones, que quedarían integrados en estos otros órganos de administración, que serían los grandes ayuntamientos cabeceras de zonas metropolitanas o de zonas comarcales. Eso nos permite reducir los gastos de la administración local en una cifra que estimamos entre los 10.000 y los 16.000 millones de euros", explicó Pérez-Sala antes de subrayar que las diputaciones provinciales "tienen un enorme gasto político que es absolutamente innecesario y que deberíamos plantearnos suprimir".
"Hoy los ciudadanos demandan una mejor sanidad, una mejor educación, y el dinero no lo podemos obtener de continuos incrementos y subidas de impuestos. El dinero tiene que venir, precisamente, de una reforma de las administraciones públicas que, siendo más eficientes y eficaces, ahorren en gastos de administración e inviertan en servicios al ciudadano", añadió.
Como representante de los empresarios achaca a los políticos moverse por sus intereses frente a los motivos que mueven a "nosotros, ciudadanos y sociedad civil" que es el interés general. En ese sentido patrimonialista del interés general y de confrontación con "todos los políticos" ha manifestado lo siguiente:
"Los políticos son servidores públicos. Es evidente que un presidente de Diputación no va a acoger de forma favorable la propuesta que estamos haciendo, pero nosotros, los ciudadanos y la sociedad civil, no debemos estar concernidos por el interés de los políticos, sino por el interés general", concluyó.
Peligroso mensaje más cercano a los populismos antidemocráticos y contrario al papel que la Constitución española confiere a los partidos políticos en su artículo 6 que dice lo siguiente:
Artículo 6. Constitución Española. Partidos políticos
Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
