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17 de septiembre de 2010, 7:48
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 15.09.2010
Aministía Internacional ha presentado un nuevo informe para evaluar la respuesta de las administraciones a las denuncias de violaciones de derechos humanos planteadas por la organización hace nueve meses, Amnistía lamenta que "no se hayan producido avance sustanciales" y que existan "serios motivos de preocupación".
"La protección de los menores no es prioritaria para ninguna administración, que no han renovado sus cifras desde 2006", ha explicado el director de Amnistía en España, Esteban Beltrán, quien ha destacado "la disparidad normativa" existen en las Comunidades Autónomas, a la que se une que cada centro tiene sus propias reglas de funcionamiento.
El ministerio de Sanidad y las CCAA acordaron hace unos meses un protocolo de actuación en los centros y residencias con menores diagnosticados de trastorno de conducta, que describe las medidas socioeducativas ante situaciones de crisis y la intervención de los profesionales para garantizar los derechos de los menores durante su internamiento.
El protocolo, conocido hoy, describe los recursos humanos y materiales necesarios para la intervención en estos centros, plantea que el ingreso de un menor debe fundamentarse en un diagnóstico psicológico y social que lo justifique y que cuando los centros utilicen habitualmente medidas de contención debe solicitarse la autorización judicial de la medida protectora.
Propone la adopción de un sistema garantista durante el internamiento y que "lo característico de estos centros no ha de ser su mayor seguridad y disciplina, sino el proyecto educativo adaptado a las necesidades de los menores que acogen".
El protocolo indica que en caso de tener que adoptar "medidas especiales" de intervención, se podrá contener físicamente al menor "sin la ayuda de objeto alguno" y "no pudiendo, en ningún caso, administrar fármacos con tal objetivo", comunicando estas actuaciones al fiscal de menores.
Para Amnistía, este protocolo es insuficiente porque "recoge los mínimos aplicables en todo el territorio" y se trata de un documento "sin vinculación jurídica, es decir, que las CCAA podrán cumplirlo o no", ha opinado Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de AI, quien insiste en la necesidad de una ley.
El informe, denominado Si vuelvo, ¡me mato! (II), insta a que se ejerzan las funciones de inspección con la debida diligencia y que se investiguen de manera exhaustiva e imparcial las alegaciones de abusos, garantizando a quienes denuncian que no serán objeto de represalias.
Amnistía ha presentado este informe en el día en que España se examina ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Por su parte, Save The Children hace un balance positivo del cumplimiento de los derechos de los niños en España, aunque recuerda "que queda mucho trabajo por hacer".
"Veinte años después de ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño y por tercera vez- la última hace ocho años- España tiene que explicar cómo se están cumpliendo estos derechos", recuerda en un comunicado la organización, que destaca, entre los principales avances, la modificación del Código Penal para tipificar nuevas formas de explotación y abuso sexual.
Aministía Internacional ha presentado un nuevo informe para evaluar la respuesta de las administraciones a las denuncias de violaciones de derechos humanos planteadas por la organización hace nueve meses, Amnistía lamenta que "no se hayan producido avance sustanciales" y que existan "serios motivos de preocupación".
"La protección de los menores no es prioritaria para ninguna administración, que no han renovado sus cifras desde 2006", ha explicado el director de Amnistía en España, Esteban Beltrán, quien ha destacado "la disparidad normativa" existen en las Comunidades Autónomas, a la que se une que cada centro tiene sus propias reglas de funcionamiento.
El ministerio de Sanidad y las CCAA acordaron hace unos meses un protocolo de actuación en los centros y residencias con menores diagnosticados de trastorno de conducta, que describe las medidas socioeducativas ante situaciones de crisis y la intervención de los profesionales para garantizar los derechos de los menores durante su internamiento.
El protocolo, conocido hoy, describe los recursos humanos y materiales necesarios para la intervención en estos centros, plantea que el ingreso de un menor debe fundamentarse en un diagnóstico psicológico y social que lo justifique y que cuando los centros utilicen habitualmente medidas de contención debe solicitarse la autorización judicial de la medida protectora.
Propone la adopción de un sistema garantista durante el internamiento y que "lo característico de estos centros no ha de ser su mayor seguridad y disciplina, sino el proyecto educativo adaptado a las necesidades de los menores que acogen".
El protocolo indica que en caso de tener que adoptar "medidas especiales" de intervención, se podrá contener físicamente al menor "sin la ayuda de objeto alguno" y "no pudiendo, en ningún caso, administrar fármacos con tal objetivo", comunicando estas actuaciones al fiscal de menores.
Para Amnistía, este protocolo es insuficiente porque "recoge los mínimos aplicables en todo el territorio" y se trata de un documento "sin vinculación jurídica, es decir, que las CCAA podrán cumplirlo o no", ha opinado Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de AI, quien insiste en la necesidad de una ley.
El informe, denominado Si vuelvo, ¡me mato! (II), insta a que se ejerzan las funciones de inspección con la debida diligencia y que se investiguen de manera exhaustiva e imparcial las alegaciones de abusos, garantizando a quienes denuncian que no serán objeto de represalias.
Amnistía ha presentado este informe en el día en que España se examina ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Por su parte, Save The Children hace un balance positivo del cumplimiento de los derechos de los niños en España, aunque recuerda "que queda mucho trabajo por hacer".
"Veinte años después de ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño y por tercera vez- la última hace ocho años- España tiene que explicar cómo se están cumpliendo estos derechos", recuerda en un comunicado la organización, que destaca, entre los principales avances, la modificación del Código Penal para tipificar nuevas formas de explotación y abuso sexual.
